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San Juan, 23 jul (INS).- Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el 18 de julio de 2024 una acusación formal de 14 cargos, acusando a ocho personas de tráfico de drogas, conspiración para proporcionar contrabando en prisión y conspiración para cometer robo de identidad.
Según documentos judiciales, desde julio de 2023 o alrededor de esa fecha y hasta el 22 de mayo de 2024 o alrededor de esa fecha, los acusados —cuatro hombres y cuatro mujeres— conspiraron para proporcionar buprenorfina (Suboxone), ketamina y fentanilo a los reclusos alojados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC), en Guaynabo, mediante la introducción de sobres que pretendían ser correo legal.
Los acusados son José J. Rodríguez-Cumba, alias “Chambi”; Richard Cruz-Monzón, Yarelis I. Colón Ríos, Yarushka M. De León-Acosta, alias “La Secretaria”; Edwin D. González-Reyes, alias “Cotto”; José J. López-Pellot, Christina M. Rodríguez-Cumba, también conocida como “Nani”, y Selena Crespo-Dumeng.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración y posesión con intención de distribuir sustancias controladas, un cargo de conspiración para proporcionar contrabando en prisión y un cargo de conspiración para cometer robo de identidad.
Seis acusados enfrentan cargos de robo de identidad agravados.
“Este caso debería enviar un mensaje claro a quienes intentan contrabandear ilegalmente a una instalación federal de que investigaremos y procesaremos esta actividad criminal”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
El inspector a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, División de Miami, Juan A. Vargas, dijo que “a través de nuestros esfuerzos conjuntos de aplicación de la ley, hemos desmantelado una organización criminal que utilizaba el correo para suministrar drogas a prisiones federales y estatales”.
Agregó que “los inspectores postales continuarán trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para investigar y responsabilizar a quienes utilizan maliciosamente el sistema de correo de EEUU”.
“El contrabando en las instituciones penitenciarias sigue siendo una amenaza importante. La exposición a narcóticos, específicamente al fentanilo, puede causar la muerte inmediata tanto de los reclusos como del personal penitenciario”, estableció Joseph González, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan.
Destacó que “estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal y estatal para mitigar esta amenaza y garantizar que los perpetradores comparezcan ante la justicia”.
De ser declarados culpables de los cargos de tráfico de drogas, los acusados se enfrentan a hasta veinte años de prisión.
Esto es diez años por posesión de fentanilo en prisión; cinco años por intentar suministrar buprenorfina en prisión; cinco años por conspiración para proporcionar contrabando en prisión.
Los acusados también enfrentan una sentencia máxima de veinte años por conspiración para cometer robo de identidad, así como una sentencia mínima obligatoria consecutiva de dos años por robo de identidad agravado.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier condena después de considerar las Pautas de Sentencia de EEUU y otros factores legales.
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la División de Miami y el FBI están investigando el caso.
El fiscal federal auxiliar y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López-Rocafort; subjefa de la Sección Pandillas, Teresa Zapata Valladares, y los fiscales auxiliares R. Vance Eaton y Carlos J. Romo-Aledo están a cargo del procesamiento del caso.INS
ndc