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El parlamento dominicano deberá aprobar el polémico Código Penal antes del 16 de agosto. Inter News Service
Santo Domingo, 21 jul (INS). -La representante en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) manifestó que el proyecto de ley del Código Penal local, en la fase de aprobación, contiene un artículo que sugiere a la sociedad dominicana que la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes en el hogar está permitida, siempre que no represente un patrón y no sea reiterada.
Durante su participación en las vistas públicas del polémico proyecto, la delegada de Unicef, Anyoli Sanabria, reiteró las recomendaciones para la ejecución del reglamento legal y llamó a proteger la integridad de los menores en todos los aspectos.
“Entendemos que la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley del Código Penal de República Dominicana tiene un reconocido interés, apertura y compromiso con el manejo de los temas de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, nación que en dos ocasiones ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto quedó demostrado en la invitación a vistas públicas que hiciera dicha Comisión a la sociedad, siendo nuestra organización una de las entidades invitadas a participar de este encuentro”, expresó Sanabria.
Llamó a garantizar la compatibilidad entre el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño y el Código Penal, ya que dicho artículo insta a los Estados signatarios a emplear todos los esfuerzos para proteger a niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de violencia.
“La petición de Unicef no es nueva. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado dominicano prohibir de forma expresa y eliminar los castigos corporales, tanto de la ley como de la práctica, en todos los ámbitos, incluidos el hogar, los centros con modalidades alternativas de cuidado y las guarderías. Esta recomendación fue aceptada por la delegación del país en Ginebra, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), reconociendo la deuda de la nación dominicana en armonizar su marco legal con las mejores prácticas internacionales para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia”, agregó.
Destacó que “en ese mismo año, una delegación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y Unicef se reunió con los integrantes de las Comisiones de Justicia, de Niñez y Adolescencia, Juventud, Derechos Humanos y Asuntos Municipales, centrando su atención en el artículo 123″.
Observó Sanabria en su actual redacción, el artículo sugiere a la sociedad dominicana que la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes en el hogar está permitida, siempre que no represente un patrón y no sea reiterada. “Esta interpretación impone la carga probatoria a la víctima para obtener medidas protectoras o penales, ya que, además de comprobar la violencia, debe también comprobar la repetición de la conducta”, afirmó.
Además, puntualizó que “el mensaje social que este artículo transmite es esencialmente dañino para la infancia, pues autoriza el uso de la violencia, apenas limitando su recurrencia. Tras analizar las estadísticas dominicanas e internacionales, podemos afirmar que las víctimas más frecuentes serán los niños y niñas más pequeños y aquellos con una discapacidad”.
En República Dominicana, el 64% de los niños, niñas y adolescentes entre 1 y 14 años ha sufrido violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores, y la cifra aumenta a 70% en las edades comprendidas entre los 3 y 4 años, según datos de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2019 (ENHOGAR-MICS) realizada por Unicef y la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
“Hemos consultado a cientos de adolescentes y jóvenes dominicanos para conocer sus principales preocupaciones, siendo las más frecuentes la salud mental y la violencia contra ellos y ellas. Nos contaron historias de cómo suelen ser castigados por cosas que no están bajo su control, porque no les creen o porque los adultos están preocupados por temas de adultos. Nos han hablado de la sensación de injusticia y desamparo que sienten en estas ocasiones y cómo esto afecta su autoestima y salud mental”, manifestó Sanabria.
Unicef enfatizó en que “la educación respetuosa no significa promover un estilo de crianza permisivo, sino respetar la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en todo momento con límites claros basados en la razón, la sensibilidad, el amor, la igualdad, la tolerancia y el respeto”.
Asimismo, indicó que “para la República Dominicana es fundamental que la prohibición de la violencia física en todos los entornos se incorpore de manera expresa en los principales instrumentos jurídicos de la nación, y uno de ellos es el Código Penal. Es necesario que el Senado y la Cámara de Diputados se comprometan con los niños, niñas y adolescentes revisando el artículo 123 para eliminar las excepciones”.
ORIGEN DEL DEBATE
El nuevo Código Penal fue aprobado recientemente por el Senado de la República sin incluir las tres causales que permitan a las mujeres deshacerse de un embarazo indeseado. Para la aprobación definitiva, la pieza legislativa deberá conocerse, en segunda lectura, en la Cámara de Diputados y ahora es revisada por una comisión especial la que hará las recomendaciones de rigor antes de conocerse para luego ser enviada al Poder Ejecutivo para la promulgación, si no tiene ninguna objeción.
El plazo que tienen los diputados para estudiar la propuesta es muy cercano al cierre de la legislatura de trabajo, que concluye el jueves 25 de julio, lo que provocaría un aceleramiento en los estudios de la comisión.
Los grupos de feministas reclaman despenalizar el aborto y que en caso de ser aprobado el Código, se incluyan las tres causas excepcionales para abortar sin sanciones penales (riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto por deformación y que el embarazo sea fruto de una violación o incesto). Por otro lado, las iglesias y demás entidades cristianas reclaman que se mantenga la prohibición de abortar como requisito al respeto de la vida del feto.
Insisten las feministas y organizaciones aliadas en que la iniciativa legislativa debe incluir los derechos a la salud, la vida y dignidad de las mujeres
En la nueva legislación, diversos sectores del país claman, además, por mayores penas contra las personas que cometan crímenes horrendos, asesinatos y actos de tortura y barbarie. También plantean un referéndum para que sea el pueblo que decida poner fin al debate. INS
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POLÉMICO CÓDIGO PENAL
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