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Vista de la protesta contra la aprobación del Código Penal sin las tres causales del aborto. Inter News Service
Santo Domingo, 27 jun (INS).-Varios grupos feministas montaron este jueves una protesta frente a la sede del Congreso Nacional para exigir la inclusión de tres causales que permitan despenalizar el aborto en el nuevo Código Penal que aprobó el Senado de la República.
Bajo la consigna “¡Ese Código Penal es vergüenza nacional!”, los manifestantes culparon a los senadores de irrespetar la dignidad de las mujeres al penalizar el aborto aún cuando se practique bajo tres causas especiales. El movimiento fue organizado por la Coalición por la Dignidad, Salud y Derechos de las Mujeres, exigiendo a los legisladores detener la aprobación de esa herramienta jurídica hasta que se incluyan las tres causales.
Las protestantes piden incluir la despenalización del embarazo interrumpido cuando existan los aspectos siguientes: que el embarazo sea producto de una violación o incesto, cuando se ponga en peligro la vida o la salud de la madre y por la malformación incompatible con la vida.
Fátima Lorenzo, una de las manifestantes a favor de las señaladas excepciones, explicó que las organizaciones feministas están de acuerdo con que se apruebe un Código Penal moderno, pero precisó que el proyecto debe garantizar la protección de los derechos femeninos.
“Ese Código Penal no es ni moderno ni garantista de derechos”, sostuvo, al detallar que las organizaciones demandantes seguirán sus movilizaciones para lograr que el proyecto incluyan tres eximentes para interrumpir un embarazo.
En la sesión del Senado del pasado martes, el documento legal fue consensuado en primera lectura sin leerse, logrando 20 votos a favor y tres en contra. La justificación para la validación fue que se liberó de lectura dado a que se trató del mismo proyecto sometido en el 2023 y perimido en la Cámara de Diputados. Si es consentido en segunda lectura, pasaría a la Cámara de Diputados para su estudio.
En el código está penalizada la interrupción forzada del embarazo en todas sus formas y sólo sería favorecido si se agotaron todos los métodos médicos para salvar la vida de la madre.
De su lado, Sergia Galván, quien también acudió al Congreso Nacional para rechazar la decisión de los legisladores, manifestó que, aparte de las causales, la pieza que sancionó afecta los derechos de los niños al permitir la “disciplina con violencia” y la prescripción de varios delitos como la violación sexual y el maltrato a los menores de edad.
Afirmó que esa decisión constituye en un retroceso porque atropella derechos fundamentales que deben ser garantizados en los procesos judiciales.
Galván citó que el proyecto debe corregirse en aspectos como la prescripción del delito de violación sexual, la agresión sexual en la pareja, la exclusión de responsabilidad penal de las iglesias y la despenalización de la discriminación por orientación sexual.
Los exigentes de cambios también se enfocaron en los artículos de la pieza que versan sobre la discriminación. Alegan que, si la iniciativa es promulgada por el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público no tendrá las herramientas necesarias para castigar la discriminación en el país.
“A partir de este Código, cualquier persona tiene licencia para discriminar sin consecuencias y eso es muy grave”, sostuvieron.
La prohibición del aborto es apoyada por las iglesias y otros sectores de la sociedad dominicana al propugnar por el derecho a la vida y la inconstitucionalidad de los intentos por despenalizar el embarazo.
La diputada y presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, Magda Rodríguez, depositó un nuevo proyecto de reforma al Código Penal que no solo contiene las tres cáusales que permitirían el aborto, sino que contempla nuevos artículos relativos a la discriminación, corrupción y ataque por ácido.
Parlamentarios que defienden el derecho a la vida, sostienen que el tema de las tres causales debe ser incluido en una ley especial, ya que el país necesita la aprobación de una pieza legal como el nuevo código que contempla el cúmulo de penas y establece más de 70 nuevos tipos penales.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró hoy que un grupo de diputados, liderado por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se unirá a la comisión especial de senadores que revisará el proyecto del nuevo Código Penal antes de ser aprobado en segunda lectura.
Al respecto, De los Santos precisó que los diputados se unirán a los senadores para revisar el proyecto y hacerle “algunas mejorías” en la redacción de varios puntos, lo que, a su juicio, contribuirá a que el proyecto llegue totalmente consensuado a la Cámara de Diputados y que, en consecuencia, no se frene su aprobación.
La gestión congresual del período 2020-2024 asumió la deuda de que el país tenga un nuevo código que supere el del 20 de agosto de 1844. Entre el 2021 y 2023, lo intentaron varias veces, pero, en esta ocasión, una comisión bicameral lo estudiará a fin de que sea promulgado antes de terminar la legislatura, el 26 de julio.
La propuesta legislativa fue introducida por Rogelio Genao, senador de la provincia La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y comprende 419 artículos, incluyendo 77 nuevos tipos penales.
De igual manera, se contempla ampliar las condenas a los crímenes tipificados en la actual propuesta, llevando a 60 años la pena acumulada, 40 años de la prisión para el sicariato y el feminicidio, así como castigo a los reincidentes y sanciones más drásticas contra la corrupción y tráfico de influencia. INS
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PROTESTA CONTRA CODIGO PENAL