P. Rico-Justicia demanda a 30 convictos por corrupción para recobrar millones de dólares que pertenecen al pueblo

San Juan, 25 jun (INS).- En una acción sin precedente en la historia del país, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó este martes a más de 30 ex funcionarios públicos, incluidos alcaldes y legisladores convictos por corrupción, así como a empresarios, con el fin de recobrar unos 30 millones de dólares, además de resarcir los daños ocasionados al pueblo mediante esquemas ilegales que han provocado pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales.

Al hacer el anuncio, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró que, tras un análisis jurídico completo y meticuloso, se presentaron 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, que nunca antes se había puesto en práctica desde su entrada en vigor el 4 de enero de 2018.

Entre los demandados por el Departamento de Justicia figuran los exalcaldes Ángel Pérez Otero, Luis Arroyo Chiqués, Félix Delgado Montalvo, José Luis Cruz Cruz, Abel Nazario Quiñones, Javier García Pérez, Eduardo Cintrón Suárez y Reynaldo Vargas Rodríguez.

Igualmente, los exlegisladores María Milagros Charbonier, Nelson Del Valle Colón y Nestor A. Alonso Vega, los tres del Partido Nuevo Progresista (PNP).

De igual forma, la acción incluye como demandados al empresario Oscar Santamaría, responsable de sobornar a los alcaldes a través de los millonarios contratos para el recogido de basura.

Además, a Orlando Montes Rivera y a Frances M. Acevedo Ceballos, esposo y asistente de Charbonier, respectivamente; Javier Benítez Cardona, Edwin Torres Gutiérrez, Claribel Rodríguez Canchani, Humberto Oscar Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Enrique Martes Negrón, Juan Rosario Núñez, Erick Rondón Rodríguez, Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Alejandro José Riera Fernández, Joseph Kirkland, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, Roberto Mejil Tellado, Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas.

Además, figuran en la demandas las corporaciones J. R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp.

“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”, expresó el secretario de Justicia.

Agregó que el Código Anticorrupción nos permite reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico.

“La indemnización monetaria es equivalente al triple del daño económico ocasionado al Gobierno de Puerto Rico mediante actos de corrupción”, recalcó.

A los fines de asegurar el pago de las sentencias, el Código Anticorrupción establece que el Estado podrá solicitar al tribunal cualquier orden provisional que sea necesaria.

“El tribunal podrá conceder cualesquiera de los remedios provisionales dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil incluyendo sin que se entienda como una limitación el embargo, el embargo de fondos en posesión de tercero y la prohibición de enajenar”, establece el estatuto.

El titular de Justicia destacó que “con esta acción enviamos un mensaje claro y contundente de que la corrupción tiene consecuencias severas en Puerto Rico.  Esperamos que sea un disuasivo el tener que devolver con creces lo que le han robado al pueblo que depositó su confianza en muchos de ellos. Cuando lo comiencen a sentir en sus propios bolsillos y tengan que pagar con su patrimonio, lo pensarán mil veces antes de tocar el dinero que les pertenece a los ciudadanos, a quienes les fallaron”. 

“La corrupción es un mal que afecta al mundo entero y tiene efectos adversos en los servicios que deben recibir los ciudadanos, especialmente las poblaciones más vulnerables. Tenemos que combatirlo en todos los niveles con unidad de esfuerzos. Esta acción del Departamento de Justicia de Puerto Rico es conforme a la política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, para atajar la corrupción, como parte del plan de seguridad y la política anticorrupción de esta administración”, añadió el secretario Emanuelli Hernández.INS

ndc