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Presidente Luis Abinader, Radhamés Jiménez, Tobías Crespo y Ricardo de los Santos. Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 14 jun (INS).-Las intenciones manifestadas por el presidente Luis Abinader para implementar una reforma constitucional, con el consenso de los diferentes sectores de la sociedad, han encontrado respuestas y ataques contundentes por parte de la oposición política local, especialmente el partido Fuerza del Pueblo que preside el ex gobernante Leonel Fernández, entidad que desde ya le ha declarado la guerra a esos aprestos gubernamentales.
Senadores y diputados de esa franquicia política consideran que no es una prioridad hacer esa enmienda por entender que existen proyectos retrasados y más importantes por conocer.
El 3 de junio, en una reunión sostenida con dirigentes de la agrupación, el vicepresidente y coordinador político, Radhamés Jiménez, manifestó que la Constitución de la República no se toca y mucho menos con los argumentos expuestos por el oficialismo, que a su entender carecen de fundamentos y porque la actual ley sustantiva es considerada como un referente para América latina y el caribe.
“Desde ya le queremos informar al país, que, si el gobierno se empecina en imponer mayoría mecánica para reformar Constitución, la Fuerza del Pueblo tomará las calles”, señaló.
Después de las elecciones presidenciales, ese grupo que obtuvo el 28.85% de las boletas en urnas, se consolidó como la segunda organización política del país desplazando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que se situó en el tercer lugar.
Jiménez, quien fuera procurador general durante los mandatos presidenciales de Leonel Fernández, explicó que la Constitución es clara y no admite discusión ya que el artículo 170 establece: “Autonomía y principios de actuación, el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria y ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad” , apuntó.
Sostuvo que detrás de este empeño subyacen otras intenciones non sancta, “porque desde que se promulgue la ley que declara la necesidad de la reforma la asamblea revisora es soberana y tiene la facultad para introducir las modificaciones que les dé la gana”.
En ese contexto, los congresistas opositores señalaron que, a partir del 16 de agosto, cuando inicia el nuevo período de Luis Abinader, reelecto en los comicios generales del pasado 19 de mayo con el 57.45% de los votos, el Gobierno debe enfocarse en propulsar otras reformas y leyes trascendentales que fueron promesa de campaña, pero que aún no avanzan en el Congreso Nacional.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la cámara de baja, Tobías Crespo, argumentó que “la verdadera intención” de la modificación a la Constitución es lograr el cambio en el artículo que versa sobre la reelección presidencial y rechazó que el propósito de la iniciativa sea independizar al Ministerio Público.
A consideración del legislador, la nueva gestión de Abinader, que culminará en el año 2028, debe enfocarse en resolver problemáticas básicas como el sistema de salud, los altos costos de los alimentos, la inseguridad ciudadana o el avance de cientos de proyectos que pueden ser agilizados con la nueva mayoría congresional que imperará a partir del 16 de agosto.
Mientras, los legisladores del gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de aliados electorales son de opinión de que las enmiendas son necesarias para fortalecer el proceso democrático.
Ante los ataques de la oposición, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sostuvo de manera pública que en la Constitución hay cierta fragilidad que permitiría la prolongación del poder en República Dominicana, un aspecto que calificó como “peligroso”.
Enfatizó que el remozamiento a la carta magna de la nación busca “ponerle un candado” a la máxima ley para que ningún presidente llegue al Poder Ejecutivo con la intención de perpetuarse en el poder, sino que únicamente se permitan dos periodos gubernamentales para cada mandatario.
Además, precisó que el otro objetivo, basado en dar independencia al Ministerio Público, permitiría que las autoridades de la Procuraduría General de la República no sean designadas directamente por el presidente de la República, lo que contribuiría a una verdadera autonomía del organismo, como lo ha reiterado el mandatario de turno.
Para ejecutar las transformaciones, el senador resaltó que debe realizarse un gran diálogo con todos los sectores implicados para que así los cambios constitucionales tengan el mayor nivel de consenso.
Aunque los adversarios políticos al gobierno han insistido en que rechazarán cualquier intención de variar el contenido de la Ley Fundamental del país, Ricardo de los Santos los invitó a esperar el proyecto de reforma para posteriormente externar sus observaciones y concluir si están o no de acuerdo con los arreglos que propondrá Abinader.
“Nosotros entendemos que la reforma constitucional debe ser fruto del consenso porque estamos en plena democracia y queremos que toda la sociedad esté dispuesta a participar”, agregó el congresista.
Opinó que debe discutirse la posibilidad de unificar todas las elecciones en el país ya que, como dijo, varios torneos electorales con un mínimo rango de diferencia en el tiempo sólo provocan altos gastos en la política dominicana y desgaste en los partidos.
Desde que inició su mandato, en el año 2020, el primer Ejecutivo Luis Abinader ha abogado por una modificación a la Carta Sustantiva que permita, entre otros aspectos, que el procurador general no sea designado por el mandatario de turno, como lo establece actualmente.
Sus inquietudes han tomado forma en las últimas semanas tras anunciar que pronto someterá el proyecto de la reforma ante el Congreso Nacional para que sea discutida desde allí la independencia del Ministerio Público y el “candado” que evitaría la reelección continua en el país. Además, prometió no aspirar en el 2028 a la presidencia de la República.
LA OTRA REFORMA
La reforma fiscal es otra propuesta que pretende implementar el presidente Luis Abinader, idea que ha ocasionado reacciones de los distintos sectores sociales, legislativos y políticos.
El estadista aseguró que cuando exista una postura de un pacto de nación sobre respecto a ese asunto, lo va a presentar y se va a discutir.
A la par con esa decisión, el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), José Nelton González, afirmó que una enmienda integral debe procurar un crecimiento económico sostenible, contando con el abordaje de los temas relativos a la calidad del gasto público, los niveles de endeudamiento y el compromiso de reducir la informalidad en la economía nacional.
Dijo que esto debe hacerse a través de un enfoque que no solo considere el aumento de la recaudación de los ingresos del Gobierno.
“La reforma fiscal debe verse de una manera integral, con énfasis en la reducción de la informalidad, cuya incidencia impacta en gran parte los resultados esperados del actual sistema tributario, y que además perjudica otros ámbitos como el de la seguridad social, que necesita mayor fortaleza y profundidad”, dijo González.
Como era de esperarse, la oposición también tiene una postura de trinchera sobre el tema. Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) y senador electo del Distrito Nacional, aseguró que, antes del planteamiento de una reforma fiscal, el gobierno podría revisar otros temas que son de interés nacional y que requieren el abordaje de las autoridades, por ejemplo: la racionalización del gasto público, la evasión fiscal, la elusión fiscal, la alta informalidad que tenemos en el país, el pacto eléctrico y las pérdidas que tenemos en el sistema eléctrico… Son muchos los temas que tenemos que ver con mucha responsabilidad”.
Por igual, el sector hotelero espera que se mantengan las condiciones impositivas vigentes con las que se incentiva la inversión hotelera privada.
Para el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre, el actual esquema de incentivos ha sido parte de la “fórmula” que ha estimulado la llegada de visitantes y ha permitido que el país proyecte más de 11 millones de visitantes al cierre del 2024”. INS
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LA REFORMA CONSTITUCIONAL