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La legisladora Rosa Amalia Pilarte tras salir del tribunal. En la siguiente imagen, los jueces de la alta corte. Inter News Service
Santo Domingo, 28 may (INS).-La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia encontró culpable a la diputada del Partido Revolucionario Moderno(PRM), Rosa Amalia Pilarte, de incurrir en los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la condenó a cinco años de prisión.
Pilarte López, que fue juzgada en esa corte debido a su inmunidad como parlamentaria, deberá cumplir la sentencia en el centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Mujeres, ubicado en Santiago de los Caballeros (región norte).
El tribunal configurado por los jueces Francisco Jerez Mena, María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Frank Soto y Francisco Ortega Polanco, ordenó que la legisladora pague una multa de 200 salarios mínimos del sector público.
El salario mínimo nacional es RD$19,352 (unos 333 dólares estadounidenses) tarifa que rige a partir de febrero del presente para el cálculo de los topes de cotización del régimen contributivo a los seguros de vejez, discapacidad y sobrevivencia, riesgo laboral y el seguro familiar de salud.
Multiplicando 200 sueldos a razón del salario actual, la congresista deberá pagar 1,612 dólares, más las costas judiciales que son los gastos que se deben cubrir durante un proceso, incluyendo honorarios de profesionales, trámites administrativos, como documentos, copias, certificaciones, testimonios y otros análogos, aranceles que surjan de actuaciones que se necesiten durante la audiencia, entre otros.
Además de la sanción penal, la corte de alzada instruyó el decomiso, a favor del Estado dominicano, de 14 bienes inmuebles en posesión de la acusada por su adquisición de manera ilícita. Todas las propiedades están asentadas en la provincia La Vega, ciudad natal de la legisladora.
La jueza Nancy Salcedo, que leyó un extracto del veredicto, dijo que la Segunda Sala otorgó valor a distintos elementos de cargo, entre los cuales resaltó uno «que resultó preponderante para la decisión, como es el informe de análisis financiero de la acusada y sus respectivos soportes».
“A partir de la valoración realizada de las pruebas sometidas, esta Segunda Sala ha logrado extraer una pluralidad de indicios, especialmente relacionados con las relaciones comerciales del entorno familiar de la acusada, su comportamiento financiero y el origen de los valores que se movilizaron a través de sus productos bancarios y sin lugar a dudas, estos indicios no se limitan a la disparidad entre los ingresos de la acusada y los montos movilizados por ella, ya que esta Sala Penal extrajo de las pruebas que el comportamiento financiero de Rosa Amalia Pilarte López y sus relacionados coincide con el modus operandi de las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de infracciones (lavado de activos)», expuso la magistrada.
Sostiene la decisión que «los indicios debidamente probados por la Procuraduría General de la República permiten arribar a la única conclusión lógica que consta en la acusación, esta es que la acusada adquirió productos bancarios y los utilizó para colocar valores millonarios en el sistema financiero nacional, a sabiendas de su origen ilícito, comúnmente mediante transacciones en efectivo».
Durante la vista de fondo, los representantes del Ministerio Público rectificaron los elementos de prueba y aseguraron que la congresista declaró un patrimonio falso ante la Superintendencia de Bancos.
Los fiscales explicaron que Pilarte notificó un patrimonio de 15,900,000 pesos (274,137 dólares), una cifra que, según ellos, no corresponde con la realidad de sus bienes. De acuerdo con el órgano acusador, el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos (US$76,179,298) provenientes de una «grave infracción de lavado de activos».
Según el expediente del Ministerio Público, esta formaba parte de una estructura criminal que acumuló diversos bienes y recursos financieros.
La diputada se declaró inocente de la acusación: «Solo diremos que somos inocentes; todo lo dejo en manos de Dios y de mis abogados», exclamó justo a la salida de la Segunda Sala Penal tras conocer la sentencia.
El documento del órgano persecutor describió que en la investigación se verificó que el modus operandi de la red era colocar sumas cuantiosas de dinero en el sistema financiero y otras ramas de la actividad económica para lograr “diversificar el producto proveniente del narcotráfico, aprovechando y utilizando vínculos familiares y de afinidad para hacer más eficaz dicha actividad ilícita de lavado de activos”.
Asimismo, señaló que la imputada tenía “pleno conocimiento” de que adquirió varios productos bancarios que se utilizaron para desarrollar un circuito de lavado de activos que tenía como fin “ocultar el verdadero origen de los fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas”.
Explicó que la asambleísta habría servido de testaferro para su esposo y para otros miembros de la red de lavado de activos, adquiriendo varios inmuebles y traspasándolos a otras personas a nombre de la razón social “Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL”.
En el proceso penal se le probó la violación a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155 de 2017, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana, así como también los artículos 3, letras A y B, 18, y artículo 21, literales A y B, de la antigua Ley 72 del 2002, sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
Sobre la sentencia condenatoria, que será recurrida por la defensa legal de la parlamentaria, el Ministerio Público declaró que “fallos en justicia no son para uno sentirse feliz, sino para saber que se ha tomado una decisión jurisdiccional». INS
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DIPUTADA SANCIONADA