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San Juan, 23 may (INS).- Sesenta integrantes de una pandilla de narcos que generó 123 millones de dólares en la zona de Ponce fueron acusados este jueves por las autoridades federales de Estados Unidos.
Los componentes de la organización criminal, descrita como sumamente violenta por la fiscalía federal y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, enfrentan cargos criminales y la confiscación de bienes dado los millones de dólares generados desde 2016 como parte de la venta de sustancias controladas.
Un gran jurado emitió las acusaciones en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, al atribuir a los individuos la venta de drogas ilegales, además de la posesión de armas de fuego y el asesinato de personas, según W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“Se han perdido demasiadas vidas a causa del tráfico de drogas y la violencia que provoca, por lo que esta acusación demuestra nuestro compromiso compartido de proteger a nuestras comunidades”, dijo Muldrow sobre la operación que incluyó la participación de las autoridades puertorriqueñas.
Refirió que esta es la tercera detención de pandillas con múltiples acusados este mes y subraya “la determinación inquebrantable de las agencias policiales federales, estatales y locales en Puerto Rico de llevar a los delincuentes violentos ante la justicia”.
La acusación establece que desde 2016, la organización de narcotraficantes distribuyó cocaína base (comúnmente conocida como crack), heroína, cocaína, marihuana y fentanilo en un radio de mil pies de varios complejos de viviendas públicas y otras áreas dentro y cerca del municipio de Ponce.
El objeto de la conspiración era la distribución a gran escala de sustancias controladas y vender en cantidades callejeras en sus puntos de drogas, mientras algunos de los narcóticos se enviarían ilegalmente por correo a Estados Unidos utilizando el Servicio Postal.
Los miembros de la pandilla utilizaron la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las zonas en las que operaban.
Veinte acusados se enfrentan a un cargo de posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas.
El 23 de mayo de 2024, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal acusando a 60 pandilleros del municipio de Ponce de conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas. y violaciones de armas de fuego, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
Esta investigación fue dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), Ponce Strike Force, con la colaboración del Programa Antidrogas de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. , el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Operaciones Aéreas y Marinas de CBP, la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. (BORTAC), la Guardia Costera de los EE. UU. y el Departamento del Tesoro de Puerto Rico (Hacienda).
“Se han perdido demasiadas vidas a causa del tráfico de drogas y la violencia que provoca. Esta acusación demuestra nuestro compromiso compartido de proteger a nuestras comunidades”, dijo el fiscal federal Muldrow. “Esta es la tercera detención de pandillas con múltiples acusados este mes y subraya la determinación inquebrantable de las agencias policiales federales, estatales y locales en Puerto Rico de llevar a los delincuentes violentos ante la justicia”.
“Las armas, la violencia, las drogas y los asesinatos son el día a día de esta organización. Los ponceños merecen paz y nuestros niños merecen jugar en una calle libre de drogas. HSI está comprometido con nuestra comunidad y no toleraremos este comportamiento violento en nuestra isla”, dijo Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de HSI.
“Hoy marca un momento crucial en nuestros esfuerzos continuos para desmantelar las organizaciones violentas de narcotráfico que amenazan la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. El arresto de aproximadamente 60 personas es un testimonio de la inquebrantable dedicación y colaboración de las agencias policiales federales y locales”, dijo Denise Foster, agente especial a cargo de la DEA. “Esta operación no sólo desbarata una importante red criminal, sino que también subraya nuestro compromiso de llevar justicia y seguridad al pueblo de Ponce. Continuaremos aprovechando nuestros recursos y experiencia combinados para combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos”.
La acusación alega que desde 2016, la organización narcotraficante distribuyó cocaína base (comúnmente conocida como “crack”), heroína, cocaína, marihuana y fentanilo en un radio de 1.000 pies de la casa Arístides Chavier Arévalo, Ernesto Ramos Antonini, Dr. Manuel de la Pila. , Ponce Housing y Hogares de Portugués Public Housing Projects (PHP), y otras áreas dentro y cerca del municipio de Ponce, Puerto Rico, todo para obtener ganancias y ganancias financieras significativas. El objeto de la conspiración era la distribución a gran escala de sustancias controladas y distribuirlas en cantidades callejeras en sus puntos de distribución de drogas. Algunos de estos narcóticos se enviarían ilegalmente por correo a los Estados Unidos continentales utilizando el Servicio Postal de los Estados Unidos.
La investigación reveló que durante la conspiración los acusados y sus cómplices usarían la fuerza, la violencia, incluido el asesinato y la intimidación, contra organizaciones narcotraficantes rivales y para disciplinar a miembros de su propia organización narcotraficante. Los miembros de la organización iban a la “guerra” con pandillas rivales, lo que incluía tiroteos de represalia que, en ocasiones, resultaban en heridos y muertos.
Los acusados actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de la conspiración del narcotráfico, incluidos líderes, propietarios, ejecutores, corredores, vendedores y facilitadores. Los miembros de la pandilla utilizaron la fuerza, la violencia y la intimidación para mantener el control de las zonas en las que operaban. Veinte acusados se enfrentan a un cargo de posesión de armas de fuego en apoyo de un delito de tráfico de drogas. Los imputados en la acusación son:
el Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) y Jefe de la Sección de Pandillas Alberto López-Rocafort; Subjefa de la Sección Pandillas, AUSA Teresa Zapata Valladares; Los AUSA R. Vance Eaton y Héctor Siaca Flores están a cargo del procesamiento del caso. Si son declarados culpables de los cargos de drogas, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Si son declarados culpables de los cargos de drogas y armas de fuego en el séptimo cargo, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 15 años y hasta cadena perpetua. Todos los acusados enfrentan una acusación de decomiso de narcóticos.INS