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El fiscal federal W. Stephen Muldrow. Inter News Service/Víctor R. Birriel
San Juan, 2 may (INS).- Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió el 24 de abril de 2024 una acusación formal contra 62 pandilleros violentos del municipio de Arecibo por conspiración para poseer con intención de distribuir, posesión y distribución de sustancias controladas y violaciones de armas de fuego, anunció este jueves W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
En esta operación se han incautado más de 72 millones de dólares en drogas, reveló por su parte el fiscal general federal Merrick B. Garland, quien advirtió que “los residentes de proyectos de vivienda pública merecen algo mejor que ser aterrorizados por violentas bandas de narcotraficantes”.
Aseguró que el Departamento de Justicia federal será implacable en sus esfuerzos por desmantelar las bandas que alimentan los delitos violentos y “se benefician del envenenamiento de nuestras comunidades”.
“Los arrestos en este caso subrayan la determinación de la fiscalía federal y sus socios encargados de hacer cumplir la ley de defender el estado de derecho y llevar ante la justicia a los criminales violentos que amenazan a nuestras comunidades”, dijo el fiscal federal Muldrow.
En tal sentido manifestó que el Departamento de Justicia se mantiene firme en su compromiso de desmantelar las organizaciones criminales, responsabilizar a los pandilleros y buscar justicia para las víctimas.
“Las acusaciones de (este jueves) cuentan una historia aterradora sobre la violencia de pandillas en estas comunidades de vivienda pública”, dijo el director de la Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Steven Dettelbach. “Para todos los residentes que están tratando de criar familias saludables en comunidades seguras, las autoridades quieren que sepan que estamos para ayudarlos”.
Aclaró que “vivir en una vivienda pública no puede ni debe significar estar sujeto a una atmósfera de violencia armada y tráfico de drogas a su alrededor y a su familia”.
“A través de la incesante colaboración entre la DEA, la ATF y los socios estatales y federales, se han asestado golpes significativos a las violentas organizaciones de narcotráfico que operan dentro del proyecto de vivienda pública El Cotto”, afirmó la agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA), Denise Foster.
Agregó que “con más de $72 millones en narcótico de valor callejero incautados y más de 40 arrestos realizados, nuestros esfuerzos conjuntos subrayan el compromiso inquebrantable de desmantelar empresas criminales y salvaguardar nuestras comunidades”.
Esta investigación fue dirigida por ATF, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), Arecibo Strike Force y la DEA, con la colaboración del FBI, el Servicio de Alguaciles Federales, la Policía Municipal de Bayamón, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), la Autoridad de Vivienda Pública de Puerto Rico y el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Puerto Rico.
La acusación formal alega que desde 2014 hasta el presente, los acusados trabajaron como parte de una organización de narcotráfico (DTO, en inglés) que distribuía drogas ilegales para obtener ganancias financieras significativas, incluida la base de cocaína (comúnmente conocida como crack), heroína, cocaína, marihuana, oxicodona (comúnmente conocida como Percocet), alprazolam (comúnmente conocido como Xanax), clonazepam (comúnmente conocido como Klonopin) y Tramadol, todos dentro de mil pies de los proyectos de Vivienda Pública Ramón Marín Solá, Trina Padilla de Sanz, Manuel Zeno Gandía, Bella Vista y La Meseta, las cinco instalaciones denominadas colectivamente “El Cotto”.
Los documentos de acusación alegan además que los líderes de la DTO que opera dentro de los cinco complejos habitacionales que componen El Cotto, se reunían regularmente para discutir actividades de tráfico de drogas y prevenir problemas entre los miembros de la organización con el objetivo de mantener el control de las actividades de narcotráfico dentro de su territorio mediante el uso de la fuerza, amenazas, violencia e intimidación.INS
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