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Carlos Díaz Sánchez, aspirante al Senado por el PPD, alerta sobre sobre mala administración en el DCR, mediante la concesión de contrato. Inter News Service
San Juan, 2 may (INS).- El aspirante al Senado por Acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Díaz Sánchez, prosiguió este jueves las denuncias de actos de negligencia, corrupción y mala administración pública en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por parte de la secretaria Ana Escobar Pabón, quien está inserta en la campaña para la reelección del gobernador Pedro R. Pierluisi.
Díaz Sánchez requirió a la secretaria Escobar Pabón, evidencia de la subasta realizada para otorgar un contrato por 242,000 dólares, por un solo día, para llevar a cabo el Congreso Correccional en el Coca Cola Music Hall para 500 oficiales de custodia a pesar de que suman 4,500 en total.
El aspirante a senador por el PPD mostró fotografías que recién había recibido del evento, donde se observaba una baja participación en la actividad.
“Este contrato se otorgó sin subasta, dispensa de la OATRH (Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos) para poder contratar recursos con que cuenta la Universidad de Puerto Rico y que toda entidad gubernamental viene obligada a considerar como primera opción”, dijo en rueda de prensa acompañado del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, los aspirantes a Representante por Acumulación, Juan Luis Camacho y Ramón Torres; el candidato a representante del Precinto 2 de San Juan, Bryan Saavedra, y la candidata al Senado por el distrito senatorial de Bayamón, Raquel Gauthier.
Díaz Sánchez requirió a la secretaria de Corrección a que presente evidencia de la subasta pública realizada y que cuenta con la dispensa de OARTH que la exime del cumplimiento con la Ley 8-2017, además de cuestionar si la UPR rechazó tener los recursos necesarios para el evento y si se le notificó a la Junta de Supervisión Fiscal.
Por su parte, Ramón Torres, quien en el pasado fungió como Subsecretario de Corrección, explicó que Ana Escobar incumplió con el procedimiento de adjudicación de contratos, ya que “la cuantía de este requiere una subasta formal”.
“A esos efectos estaremos solicitando que haga público el expediente de adjudicación”, anunció.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau, reafirmó su compromiso de proveer todos los recursos necesarios para encaminar la investigación legislativa ya comenzada y que la misma llegue hasta las últimas consecuencias.
“En el Senado hay una investigación abierta, en la que estamos asignando los recursos necesarios para atender este asunto del Departamento de Corrección y Rehabilitación”, dijo al tiempo que cuestionó si “el gobernador Pedro Pierluisi está de acuerdo con las acciones de la secretaria Escobar o si es cómplice de (su) irresponsabilidad administrativa”.
Mientras, Juan Luis Camacho, aspirante a Representante por Acumulación, explicó que “este esquema es similar al ocurrido en la década de los 90 (del siglo pasado), cuando Víctor Fajardo financiaba desde el Departamento de Educación la campana política del PNP (Partido Nuevo Progresista)”.
“Para entonces el secretario de Justicia de Pedro Rosselló era Pedro Pierluisi y se hizo de la vista larga ante la corrupción, (al tiempo que) hoy, el secretario de Justicia de Pedro Pierluisi, Domingo Emanuelli, está arrastrado los pies al igual que lo hizo Pierluisi en el pasado mientras ocupaba el mismo cargo bajo la administración Rosselló”, enfatizó el aspirante a representante por acumulación.
Por otro lado, el exsenador Díaz Sánchez cuestionó, a la vez que mostró evidencia documental, que la empresa Professional Consulting Phsychoeducational Services, LLC., contratista del DCR, haya obtenido jugosos contratos por $2,796,250.00 dólares para proveer sesiones de juegos de mesa a confinados, para lo que factura $750.00 la hora por sesiones de diez confinados.
Pero lo más escandaloso, a juicio de Díaz Sánchez, resultó ser que la empresa contratada sin subasta o dispensa alguna para ofrecer servicios al DCR, tiene la misma dirección física que el comité de campaña de Pierluisi.
Ambas entidades están ubicadas en la Avenida Ponce De León #1000 esquina Calle Cerra, en Santurce (Miramar). El dueño de la empresa Professional Consulting Phsychoeducational Services, LLC., es Roberto De Jesús Juarbe, de acuerdo con los documentos públicos registrados en el Departamento de Estado de Puerto Rico, y cuenta con un representante para firmar los contratos en el gobierno de Pierluisi y su nombre es Steven J. Delgado Hernández.
Delgado Hernández aparece reportado en el Contralor Electoral como un frecuente aportador de la campaña de Pierluisi a la gobernación desde que tiene los contratos en el DCR, estableció Díaz Sánchez. INS
ndc
