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La sede principal en Santo Domingo de la Procuraduría General de la República. Inter News Service
Santo Domingo, 4 abr (INS).- Un tribunal dictó sentencia de 30 años de cárcel y una indemnización de dos millones de pesos (33.656 estadounidenses) en contra de dos hombres, que en medio de un asalto, asesinaron a otro en un hecho ocurrido en el año 2022.
La condena fue impartida por los miembros del Quinto Tribunal Colegiado de esa comunidad, que integran los jueces Julio Aybar Ortiz, Laisa Matos Durán y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez.
Los nombrados Brayan Daniel Bidó Contreras y Gilbert Edwardo Cortorreal fueron hallados culpables de matar al señor Junior López Peña en el sector Villa Satélite del municipio Santo Domingo Norte.
En ese sentido, la corte acogió la solicitud de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte de que sean condenados a la pena máxima que está contemplada para ese caso. Los procesados cumplirán la condena en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, localizada en la provincia Santo Domingo.
Durante el juicio el Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal litigante Ivette Mateó, presentó los elementos probatorios que demuestran la responsabilidad penal de ambos condenados, por haber violentado los artículos 265, 266, 295, 304, 2, 379, 383 y 383 del Código Penal Dominicano, así como también los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
En un comunicado suministrado por la Procuraduría General de la República se expresa que el expediente instrumentado por el fiscal investigador Geivis Tapia relata que el suceso ocurrió el 9 de septiembre del año 2022, mientras el hoy occiso retornaba a su casa ubicada en el sector antes mencionado.
Explica que la víctima se encontraba estacionado dentro de su vehículo, cuando los dos sujetos lo acorralaron y le manifestaron que se trataba de un atraco a lo que la éste se resistió, siendo en esta circunstancia en que Edwardo Cortorreal le propinó un disparo que le causó la muerte y de inmediato emprendieron la huida.
Por otro lado, durante un operativo realizado en el sector Managuayabo, municipio Santo Domingo Oeste, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) paralizó las operaciones de tres granceras tras ser sorprendidas en operaciones de extracción y comercialización de agregados en violación a los artículos 174, 175 y 176 la Ley 64-00 de sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
“Luego de la inspección, encabezada por el procurador titular del organismo, Francisco Contreras, fueron paralizadas las labores de las plantas establecida en la carretera Factoría esquina Circunvalación, Trainsiverma, que está instalada dentro de la misma cuenca acuífera y donde se pudo observar el procesamiento de materiales agregados del Rio Haina, y otra que también operaba de manera ilícita, de propiedad de un ciudadano de nombre Ney”, indicó.
En consecuencia, las autoridades paralizaron todas las actividades para así evitar que se siga afectando el medio ambiente. Además, los responsables de las tres minas fueron citados a la sede de esa dependencia del Ministerio Público.
Se les hizo saber que con esa acción, además, “se han violentado en principio el artículo 183 y siguientes de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que no podrá alegarse la falta de una certeza científica absoluta como razón para no adoptar medidas preventivas y eficaces en todas las actividades que impacten negativamente al medio ambiente, conforme al principio de precaución”.
Contreras indicó que estas empresas operaban “a la vista de todo el mundo durante las 24 horas en el cauce del rio de Manoguayabo”.
Las granceras dominicanas se encuentran en su mayoría en los lechos de los ríos. Son minas a cielo abierto de materiales que se usan en las construcciones de edificios, casas o en afirmados de vías de comunicación terrestre, como arena y gravillas. INS
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