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San Juan, 11 ago (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, denunciaron este viernes la sentencia del Primer Circuito de Apelaciones que confirmó la determinación de la jueza Laura Taylor Swain de anular la Ley 41-2022 (Reforma Laboral).
El dictamen judicial extendió el poder de la jueza Swain a asuntos no relacionados con el procesos de quiebra y mantuvo la ambigüedad sobre el contenido mínimo que deben incluir los informes de impacto fiscal requeridos para que el gobierno isleño pueda defender la legislación aprobada en Puerto Rico.
“La Cámara de Representantes, acorde con su compromiso con el país, compareció en defensa de los trabajadores del sector privado —tanto por escrito como en una vista oral— para exponer las razones por las que este estatuto no tiene impacto fiscal, y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue incapaz de demostrar lo contrario”, sentenció Hernández Montañez.
El presidente cameral expuso que en esta comparecencia el cuerpo legislativo argumentó que:
+ La JSF excede la autoridad concedida por la Ley Promesa al pretender menoscabar el gobierno electo de Puerto Rico para imponer una visión filosófica de gobernanza —el empobrecimiento de la clase trabajadora del sector privado— a pesar de que la Ley 41-2022 carece de consecuencias económicas para el Estado.
+ La Junta demandó al gobierno de Puerto Rico, pero nunca pidió un interdicto preliminar para suspender su aplicación, por lo que la ley entró en vigor, surtió efecto y la economía no sufrió el colapso anticipado.
+ La Junta nunca pudo proporcionar datos científicos corroborables para validar el impacto fiscal de la reforma laboral. Al contrario, la Cámara de Representantes, a través de sus economistas, refutó esa teoría vacía y proporcionó sus propios datos al suministrarle al Tribunal un informe completo certificado por un doctor en Economía.
“Esta lucha no termina. En primer lugar, estamos evaluando todas las alternativas disponibles para pedir reconsideración y agotar los remedios disponibles antes de recurrir al Tribunal Supremo federal. No obstante, anticipando cualquier revés en el proceso judicial, la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara radicó una nueva versión de las enmiendas a la Reforma Laboral (PC 1651) que incluirá un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para subsanar cualquier deficiencia suscitada en el proceso previo”, indicó Torres García.
“Precisamente, esta lucha innecesaria para defender una ley aprobada en Puerto Rico para restituir los derechos de los trabajadores —sin ningún tipo de impacto fiscal— es la razón principal por la cual radicamos el HR 4853 en el Congreso, junto a Lori Chavez-DeRemer, para enmendar la Ley Promesa con el propósito de darle legitimidad a los informes de impacto fiscal de la OPAL”, añadió Hernández Montañez.
Por su parte, Torres Garcia anticipó que “en los próximos días, le notificaremos al país cuáles serán los pasos específicos en nuestra agenda de trabajo”.
“Estamos listos para darle continuidad a nuestra estrategia en defensa de los trabajadores del sector privado en todos los foros que sean necesarios para asegurar los derechos de los trabajadores: la vía legislativa, la congresional y la judicial”, ratificó.INS
ndc