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Vista del proceso de inscripción de precandidaturas en el Partido Revolucionario Moderno. Inter News Service
Santo Domingo, 6 jul (INS).- Cuatro diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) inscribieron sus precandidaturas en busca de competir en las elecciones generales del 2024, a pesar de estar bajo la lupa de la justicia con varios expedientes en los que se les involucra en presuntas operaciones de narcotráfico y lavado de activos.
Se trata de Rosa María Pilarte (representante de la provincia La Vega), Sergio Moya Goris (del Distrito Nacional), Faustina Guerrero Cabrera (El Seibo) y Nelson Marmolejos Gil (Santiago), quienes tienen procesos abiertos en los tribunales.
Los legisladores han sido vinculados en operaciones de narcotráfico y lavado de activos en las denominadas operaciones Falcón y Calamar, cuyos casos están en fase de instrucción en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en razón de que gozan de inmunidad parlamentaria.
La Constitución dominicana establece en su artículo 86 que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.
Marmolejos Gil y Guerrero Cabrera están acusados de formar parte de la alegada red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la operación Falcón, implicaciones que investiga un juez especial. En ese caso, también fue involucrado el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Darío Féliz Féliz, representante de la provincia Pedernales, quien igualmente busca repostularse en el cargo.
Conforme a la investigación del Ministerio Público, en la jornada Falcón hay más de 30 personas implicadas, incluido a los tres diputados, bajo las imputaciones de pertenecer a una red de narcotráfico que traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico desde el año 2012, lo que según la acusación llevó al grupo a acumular inversiones de dinero ilícito por al menos 10,000 millones de pesos (un total de US$ 180,188,465).
La señalada estructura fue desmantelada, tras la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país, en septiembre de 2021.
Ese mismo mes, la Suprema Corte de Justicia designó a Napoleón Estévez Lavandier, como juez de instrucción especial para conocer el proceso contra los legisladores Marmolejo Gil, Guerrero Cabrera y Féliz Féliz. En julio de ese mismo año lo habían designado para el caso de Pilarte López, a quien el Ministerio Público señala como parte de una alegada red de lavado de activos encabezada por su esposo Miguel Arturo López Florencio (Micky López), y uno de sus hijos.
La organización a la que se vincula a los Pilartes supuestamente movilizó en el sistema financiero nacional más de 7 mil millones de pesos en los últimos años (US$ 126,131,925).
Mientras que el legislador Sergio Moya Goris fue señalado por el Ministerio Público por formar parte de una estructura de extorsión a bancas de apuestas dentro de la Operación Calamar.
Según el expediente acusatorio del caso Calamar, delatores informaron que el diputado Gory Moya era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de loterías creado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien guarda prisión preventiva acusado de corrupción administrativa junto al exministro Administrativo de la Presidencia de la República Dominicana, José Ramón Peralta. Ambos fueron funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez (2012-2020).
Los congresistas inscribieron sus precandidaturas durante una jornada que comenzó el pasado jueves 29 de junio y culminó el domingo 2 de julio, atendiendo al plazo otorgado por la Junta Central Electoral (JCE).
Durante la jornada fueron admitidos 4,392 aspirantes a cargos electivos, de ellos 63 senadurías, 355 a diputados, 348 a alcaldes, 2,104 regidores, 996 vocales y 402 directores distritales. Actualmente la Comisión Nacional de Elecciones Internas se encuentra en una fase de depuración, ya que tienen hasta el 17 de agosto para enviar la lista de los precandidatos al órgano de elecciones.
Esos registros llamaron la atención de los medios locales y de algunos sectores de la sociedad que cuestionan si esos parlamentados están facultados o no para postularse de nuevo a las posiciones congresuales pese a tener asuntos judiciales pendientes.
La inquietud fue aclarada por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, al declarar que el hecho de que una persona enfrente una acusación judicial, no lo inhabilita para presentarse como candidato en un proceso electoral.
“La Ley 33-18 de Partidos Políticos no contempla como requisito eso”, dijo el jurista. Manifestó que hasta tanto no haya una sentencia definitiva, cualquier persona puede presentarse como candidato o precandidato.
“Ese es un derecho, pues existe la presunción de inocencia, existe el debido proceso, y la Constitución ampara eso, evidentemente ahí hay un tema de carácter moral si se quiere, pero que no limita a que esa persona se presente como candidato”, destacó Castaños Guzmán. INS
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