P. Rico-Crece coalición multisectorial que marchará este jueves para frenar privatización de la educación mediante las escuelas charter

San Juan, 31 may (INS).- Diversas organizaciones, que representan un amplio espectro de la sociedad puertorriqueña, han reforzado la lucha ante lo que denominaron un “agresivo plan de expansión de las escuelas charter a través del país” con el propósito de privatizar la educación pública mediante la transferencia de fondos a esas compañías.

Ejemplo de esta peligrosa tendencia son Paradiso College Preparatory y LEAP Social Enterprise, dos empresas que pretenden recibir fondos públicos para uso privado, según se denunció en una rueda de prensa frente a las instalaciones del Departamento de Educación en Hato Rey.

Paradiso College Preparatory, establecieron, forma parte de un conglomerado de 14 corporaciones sostenidas por un grupo de inversionistas de la Ley 22 comprar propiedades y expandir este modelo de privatización del sistema público de enseñanza.

Igualmente, LEAP Social Enterprise, empresa vinculada a múltiples escándalos relacionados al manejo de una escuela charter en Nueva Jersey, recibirá $9.5 millones en fondos federales para expandir el modelo que utilizan en la escuela charter LEAP STEAM+E Academy of San Juan, a otras diez comunidades en Puerto Rico.

“La educación pública está siendo vilmente atacada; hay un intento de desmantelarla para privilegiar a los amigos de la Ley 22, como es el caso de Robert Acosta y su charter Paradiso College. Esta empresa pretende desahuciar a la comunidad de la Escuela Vila Mayo para beneficiar los bolsillos de los inversionistas de la Ley 22 que ven en nuestros estudiantes números y centavos”, expresó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

Sostuvo la dirigente federativa que “por eso defenderemos el derecho a una educación pública para todos; Puerto Rico necesita fortalecer su sistema público de educación, no desmantelarlo, (por lo que) necesitamos autonomía escolar verdadera y para ello es menester que se derogue la Ley 85 y se sustituya por una verdadera Ley de Reforma Educativa”.

El grupo denunció que, una de las inversionistas que está detrás de este conglomerado es Kira Golden, una beneficiaria de la Ley 22 que ha adquirido casi una docena de edificios en Río Piedras y que ha expresado abiertamente que el huracán María fue una “bendición” para Puerto Rico porque les ha permitido entrar al mercado de bienes raíces comprando a precio de ganga.

“Kira Golden es una inversionista buitre de la Ley 22 que ha comenzado por adquirir propiedades en Río Piedras y ahora quiere acaparar nuestra educación pública desviando fondos de nuestras escuelas para lucrarse con el negocio corrupto de las escuelas charter”, sentenció Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de El Otro Puerto Rico.

El abogado precisó que “este modelo de privatización busca poner dinero público en bolsillos privados garantizando las ganancias de estas empresas con nuestros impuestos, mientras se les permite evadir la responsabilidad de brindar información sobre sus operaciones y pisotear los derechos de nuestro magisterio. Entregar nuestro sistema educativo a los invasores de la Ley 22 sería entregar nuestros hijos e hijas en las garras de los buitres que buscan sacarnos de nuestro país y empobrecernos en el proceso”.

La coalición de organizaciones ha convocado al país a una marcha contra las escuelas charter este jueves, 1 de junio de 2023, a las 3:30 p.m., desde la Plaza Colón del Viejo San Juan hasta La Fortaleza.

Las organizaciones exigen, además, la aprobación de una Resolución Conjunta radicada en el Senado para establecer una moratoria a la creación y expansión de este modelo de privatización del sistema público.

“La Resolución Conjunta del Senado 424 propone establecer una moratoria inmediata al establecimiento de escuelas chárter en nuestro archipiélago hasta que se investigue la forma y manera en la que el Departamento de Educación está estableciendo estos contratos sin brindar información a la comunidad ni consultarla al respecto. Este es nuestro reclamo de cara a la marcha del próximo jueves 1 de junio”, señaló Martínez.

Esta Resolución Conjunta del Senado 424 fue presentada por las senadoras María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkohl, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Migdalia Padilla Alvelo, del Partido Nuevo Progresista, y el senador independiente José Vargas Vidot.

La medida propone declarar una moratoria de cinco años, durante la cual se le prohíbe al Departamento de Educación de Puerto Rico aprobar el establecimiento o expansión de Escuelas Públicas Alianza para garantizar que las escuelas públicas existentes cuenten con los fondos y recursos adecuados para servir dignamente a la población estudiantil de sus comunidades y que las familias tengan acceso a una educación pública de calidad.

Por su parte, maestro del sistema público de enseñanza, Nehemias García, portavoz de la Red de Educación del MVC, condenó que las escuelas charter no siguen el currículo de enseñanza del sistema educativo del país, ni las políticas públicas del Departamento de Educación.

“Estas empresas reciben fondos públicos para maestros de Educación Especial y personal de apoyo, pero se resisten a cumplir con los servicios que requieren los estudiantes de educación especial, aprendices del español, inmigrantes, entre otros”, sentenció.

El portavoz del MVC agregó que también están convirtiendo en escuelas charter instituciones que no son laicas, como ejemplo la Christian Military Academy en la Región Educativa de Arecibo.

“El DE insiste en usar recursos públicos para garantizar las ganancias de entidades privadas mientras las escuelas públicas carecen de lo necesario para su buen funcionamiento. Y por eso, como red y como movimiento, nos oponemos rotundamente a la privatización del Departamento de Educación”, remató García.

Mientras, el portavoz del PIP, Denis Márquez Lebrón, expresó que era necesario mantener la integridad del sistema de enseñanza para salvaguardar el derecho fundamental a una educación pública y gratuita.

“El Partido Independentista Puertorriqueño rechaza la privatización del sistema educativo puertorriqueño y exigimos el derecho fundamental a una educación pública y gratuita”, indicó el también representante en la Cámara.

Sentenció que “no cesaremos, junto al magisterio y los estudiantes, en la defensa de la integridad de nuestro sistema de educación. Por ello, nos unimos a la convocatoria de la Federación de Maestros de Puerto Rico para marchar el jueves, 1ro de junio, en defensa de la escuela pública”.

La coalición anunció además la creación de la página web https://linktr.ee/defiendelapublica en la cual hay información adicional sobre las escuelas chárter y una petición que recoge firmas electrónicas en apoyo al reclamo del junte multisectorial.INS

nd