Inter News Service Agencia de Noticias
Varios prominentes abogados participan en la demanda incoada por el MVC y el PIP. Inter News Service/Víctor R. Birriel
San Juan, 17 may (INS).- Ante la prohibición vigente desde 2011, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunciaron hoy una ofensiva judicial a favor de las alianzas electorales en Puerto Rico.
La restricción, puesta en vigor en 2011, ha sido criticada como una limitación a la democracia y una barrera para la representación política de grupos minoritarios en los comicios generales del país.
En la demanda, sometida en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, se establece que la prohibición de coaligación de candidaturas en la papeleta electoral viola diversos derechos constitucionales de los partidos políticos, de sus miembros y de los electores.
Según el PIP y el MVC, la prohibición limita la capacidad de los partidos políticos de formar coaliciones y de presentar candidatos que representen una amplia variedad de puntos de vista.
El pleito busca que se declaren inconstitucionales los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de Puerto Rico.
“El Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana comparecen al Tribunal con la mayor buena fe puesta en el sistema judicial como último recurso para enderezar el entuerto estatutario que el Código Electoral ha 
infligido a la democracia puertorriqueña, trastocando el derecho y la práctica electoral de más de un siglo”, señaló el licenciado Carlos Gorrín Peralta.
Precisó que “desde 2011 la legislación electoral vigente en Puerto Rico vulneró valores fundamentales de nuestro pueblo al imponer en el Código Electoral la prohibición de que dos o más partidos políticos acuerden una alianza o postulen candidaturas coaligadas, y que una persona sea candidato por más de un partido político”.
El abogado constitucionalista subrayó que “esa prohibición se reiteró en las enmiendas de 2020, y se mantienen en las enmiendas que se contemplan en este momento en la legislatura”.
“Las prohibiciones impuestas en el Código Electoral vigente a la posibilidad de que dos partidos políticos presenten candidaturas comunes en el proceso electoral crean una serie condiciones inconstitucionales que imponen cargas onerosas al ejercicio de derechos fundamentales que poseen los partidos políticos y sus integrantes, como lo es el derecho al voto, la libertad de asociación, la libertad de palabra”, expuso a su vez el letrado José Javier Lamas.
Subrayó que esta situación también es discriminatoria contra la oposición política al bipartidismo —que representan el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)— por motivo de sus ideas políticas, sin que exista un interés apremiante que el gobierno busque adelantar con tales prohibiciones.
“En ese sentido, estamos ante disposiciones del Código Electoral que son claramente inconstitucionales y deben ser así declaradas para abrir paso a un proceso electoral que reconozca mayor participación democrática”, precisó Lamas.
En la acción figuran como demandantes el MVC y el PIP, sus respectivos coordinador general Manuel Natal Albelo y secretario general Juan Dalmau Ramírez, así como sus Comisionados Electorales.
La licenciada Yanira Reyes Gil, en representación de la Comisionada Electoral de Victoria Ciudadana, planteó que “la actual prohibición establecida en el Código Electoral limita de manera injusta la libertad de asociación de la Comisionada Electoral al restringir su capacidad de representar los intereses del partido y el electorado que representan, se les obliga a rechazar candidaturas que podrían ser nominadas por otro partido; esto implica sacrificar sus vínculos de asociación con el partido y el electorado al que representan”.
Los demandados son el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, su presidente y los comisionados electorales de los otros tres partidos políticos que la integran.INS
ndc