P. Rico-Marcharán en defensa de la educación pública y en oposición al establecimiento de escuelas chárter en el país

San Juan, 16 may (INS).- La Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico (FMPR) reclamó una moratoria en la aprobación de contratos para privatizar la enseñanza del país y a esos efectos convocan al pueblo a una marcha el próximo 1 de junio en defensa de la educación pública.

“Las escuelas chárter, también conocidas como escuelas alianza, vienen a desangrar los fondos públicos que deben ir destinados a fortalecer la educación pública, para sufragar entidades privadas educativas”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.

Anotó que “ya hemos visto cómo la privatización ha sido sinónimo de corrupción y pésimos servicios a la ciudadanía. Así lo demostró LUMA Energy y lo hemos visto en el propio esquema de las chárter en Puerto Rico con la compañía South Bronx Charter School, cuyo contrato tuvo que cancelar Educación el año pasado al comprobarse que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversar fondos en Nueva York”.

“Esto es lo que fomenta la privatización”, insistió la dirigente del gremio de docentes.

La FMPR se opone, junto a otras organizaciones, a la implementación de este modelo de negocios y reclama la aprobación de una verdadera reforma educativa que sustituya la Ley 85-2018, impulsada por los convictos por corrupción Abel Nazario, quien fuera senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), y Julia Keleher, secretaria de Educación durante la administración del expulsado gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

A su vez, los dirigentes gremiales exigen que se apruebe de inmediato en la Legislatura un proyecto de moratoria al establecimiento, expansión o modificación de las empresas chárter y que lo firme el gobernador Pedro R. Pierluisi.

“Para reforzar estos reclamos, convocamos a los maestros y maestras, a las madres, encargados y a la ciudadanía a una marcha el 1 de junio, saliendo de la Plaza Colón hasta La Fortaleza, a las 3:30 pm. Convocamos al pueblo a que salga a defender la educación pública y exija un alto a la privatización de la educación. En Fortaleza entregaremos firmas de miembros de las comunidades escolares al gobernador para que detenga este plan contra las escuelas públicas”, informó Martínez.

Mientras, Carmen Warren, defensora de los derechos de los niños y niñas pertenecientes al programa de educación especial, recalcó que “en el historial de las chárter en Estados Unidos se evidencia que discriminan contra los estudiantes con diversidad funcional y comunidades marginadas”.

“En el caso de los maestros no les garantizan sus derechos, ni beneficios marginales en muchos de ellos. Este es un modelo de negocios corporativo que busca lucrarse y privilegiar a unos pocos mientras a miles de estudiantes de escuelas públicas les priva de una educación segura y de calidad”, comentó Edwin Morales Laboy, vicepresidente de la FMPR.

El pasado año han estado operando unas diez escuelas chárter, pero el gobierno tiene en proceso implementar decenas de chárter adicionales que administrarán varias compañías.

Una de estas es Paradiso College Preparatory, que contará con una chárter en Arecibo y otra en Río Piedras, justo al lado de la escuela pública Ramón Vila Mayo, lugar donde este martes celebraron la conferencia.

“Esto es un tipo de desplazamiento, de desahucio de nuestras comunidades. Por un lado privan a las escuelas públicas de infraestructuras seguras, recursos humanos, materiales, condiciones dignas de trabajo-aprendizaje, autonomía escolar y por otro le garantizan todo ello a las chárter”, continuó Martínez.

La presidenta de los maestros federados explicó que, adicional a ello, millones de dólares de fondos federales asignados durante la pandemia en reconocimiento al trabajo del magisterio por su sacrificio le es denegado, mientras por otro lado descaradamente se anuncian millones en fondos federales para asignar a estas escuelas chárter.

“Esto es inaceptable; es parte del plan de desmantelar la educación para que el pueblo pida a gritos la privatización. Sin embargo, estamos aquí exigiendo que de una vez y por todas se utilicen los recursos públicos para brindarle las herramientas necesarias a todas las escuelas públicas del país, a nuestro estudiantado y magisterio.

Entre el esquema privatizador, cierran escuelas públicas y las alquilan a estas entidades con fines de lucro a razón de $1.00 mensual o peor aún, le ceden los edificios escolares clausurados para que establezcan sus chárter, como es el caso de Leap Academy que ha señalado su interés en ocupar la escuela cerrada Gerardo Sellés Solá, en Carolina.

“Las escuelas que mandaron a cerrar no sirven para el gobierno como escuelas públicas, pero se las pretenden regalar a casi ningún costo a estas compañías para asignarles recursos y remodelarlas. El negocio de las chárter estaría prevaleciendo sobre el fin de la Constitución, que es proveer un sistema educativo de calidad gratuito, accesible para todos los estudiantes de Puerto Rico”, planteó Martínez, acompañada de los senadores María de Lourdes Santiago y Rafael Bernabe.

Igualmente, reclamó “condiciones dignas, seguras, salubres, para nuestras escuelas públicas y exigimos que los fondos que pretenden destinar a las chárter se utilicen para las necesidades que tengan las comunidades escolares en las escuelas públicas del país”.INS

ndc