Inter News Service Agencia de Noticias
Aviones comprados a la empresa Embraer mediante un presunto contrato irregular. Inter News Service
Santo Domingo, 16 abr (INS).- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó en estado de fallo el recurso de objeción interpuesto contra una sentencia que descargó de culpas a los acusados de recibir en sobornos US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora en el contrato de compra de ocho aviones Súper Tucanos.
La decisión judicial absolutoria emitida en primer grado en mayo del año 2022, que fue apelada de inmediato por el Ministerio Público, liberó de cargos por insuficiencia de pruebas al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y al empresario Daniel Aquino Hernández. Además, fueron descargadas las empresas imputadas 4D Business Group y Magycor.
El tribunal, conformado por las juezas Doris Pujols (presidenta), Rafael Báez y Ramona Rodríguez, se reservó para el 12 de junio del 2023 el fallo del recurso de apelación presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Durante la vista, representante del Ministerio Público, fiscal adjunto José Miguel Marmolejos, pidió revocar la decisión que descargó a esas personas y ordenar la celebración de un nuevo juicio.
Afirmó que las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, al declarar no culpables a los imputados, no valoraron todas las pruebas aportadas por el órgano de persecución de los delitos.
Se recuerda que el dictamen presentado el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público pidió a la corte la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos. El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017.
La compra de los ocho aviones, por un monto de US$93.6 millones, fueron adquiridos durante el mandato del presidente Leonel Fernández, en el año 2010, con el argumento de mejorar la vigilancia de los cielo dominicanos y evitar que los narcotraficantes internacionales utilizaran el territorio dominicano como puente para sus exportaciones hacia Estados Unidos y Europa.
Según las investigaciones realizadas por la Pepca, la compañía carioca había pagado millones de dólares a funcionarios, empresarios y militares de República Dominicana a cambio de facilitar la compra de los aparatos.
El caso salió a la luz pública después de una labor periodística realizada por el diario estadounidense The Wall Street Journal que dio a conocer las investigaciones que se hicieron entorno a las irregularidades en el contrato de compra. INS
mv/
