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Imagen de archivo de haitianos indocumentados apresados en la frontera por patrullas del Ejército Dominicano. Inter News Service
Santo Domingo, 16 abr (INS).- El juez de Atención Permanente de la provincia Montecristi, región noroeste del país, ordenó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra 15 personas implicadas en una red de tráfico internacional de personas desmantelada por el Ministerio Público mediante la denominada “Operación Frontera”, en la que están involucrados cinco militares de diferentes rangos.
La decisión del tribunal, que declaró el caso complejo por la presunta violación al tipo penal, afecta a Elbio José Castillo Martínez, Hilario Antonio Gómez Paul, Santo Valerio Contreras, Anelby Susaña Guzmán, Jesús María Cerda Acosta, Anelsy Escarlex Cordero Núñez y María Rafaela Batista de Cordero.
También, a los miembros del Ejército Dominicano, los segundos tenientes José Dolores Hernández Merejildo y Julio César Pujols Montero; los sargentos mayor Rafael Contreras y Rafael Zabala Peña y el cabo Sandro Liranzo Javier. Todos fueron enviados a cumplir la sanción en la cárcel pública de Montecristi, comunidad ubicada a 272 kilómetros (169 millas) desde Santo Domingo.
Según la acusación de los fiscales que participaron en la investigación, los integrantes de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a inmigrantes indocumentados, en su mayoría familias haitianas, utilizando motocicletas y autobuses, en complicidad con militares asignados para funciones de vigilancia y control en esa zona fronteriza con Haití.
Los afiliados a la estructura criminal cobraban a ciudadanos haitianos entre 4,500 y 8,000 pesos dominicanos para introducirlos desde lugares ocultos hacia el territorio nacional.
El operativo, en el que se realizaron 16 allanamientos en distintos puntos del país, fue puesto en marcha en febrero del presente año en una acción dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), entidad encargada del manejo de la investigación, persecución, presentación y sostenimiento de la acción penal pública en los casos o hechos que involucren acciones de corrupción administrativa.
Durante las pesquisas, las autoridades encontraron 24 inmigrantes haitianos, entre ellos, hombres mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, quienes permanecían en los centros de acopio clandestinos utilizados por la organización, para luego ser trasportados por las diferentes rutas establecidas hacia diferentes provincias del país.
Según las denuncias publicadas por los medios locales, el trasiego de indocumentados desde Haití es una vieja práctica en la que participan conductores de autobuses que acarrean pasajeros desde las provincias fronterizas hacia la capital dominicana en complicidad con militares e inspectores de Migración establecidos en los puestos de vigilancia de las carreteras.
Debido a esa práctica, miles de haitianos se encuentran residiendo de manera ilegal en las principales ciudades del país, como Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Barahona, Azua, Elías Piña, Pedernales, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Moca, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia y otras.
En la República Dominicana, el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas es penalizado por la Ley 137-03 que entró en vigencia el 7 de agosto de 2003.
En los últimos meses del 2023, más de 60,000 de esos extranjeros han sido deportados tras ser apresados en redadas desarrolladas a nivel nacional por la Dirección General de Migración. INS
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