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Vista de un incendio forestal reciente y un mapa que registra las demarcaciones dominicanas afectadas por la sequía. Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 5 abr (INS).- Debido a la composición de los ecosistemas forestales y las condiciones climáticas actuales, la República Dominicana es un país con altos niveles de vulnerabilidad para los incendios, eventos que algunos especialistas atribuyen a causas naturales por la sequía y la posible intervención de mentes criminales con fines políticos desestabilizadores.
Son factores que afectan, de forma directa, la biodiversidad, la cantidad y calidad de las aguas y los medios de subsistencia de la población. A nivel global, esos fenómenos naturales inciden en el cambio climático mediante la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
Es una eventualidad que por décadas ha generado preocupación, pues la principal causa de los fuegos forestales son adjudicados a la temporada de resequedad de los ríos a falta de lluvias sobre el sistema montañoso.
Cada año las llamas afectan en gran medida las áreas protegidas, a la ganadería y zonas agrícolas de alto rendimiento productivo. El año pasado en el país se produjeron 251 incendios de ese tipo, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Este año, continúa la escalada del fenómeno en importantes zonas boscosas y en áreas urbanas con la agravante de que no hay agua para sofocarlos.
Estos siniestros se han convertido en la principal amenaza para la demarcación boscosa de la República Dominicana, cuya densidad es de un 42.8%, según el Inventario Nacional Forestal 2021, del Ministerio de Medio Ambiente.
El 98% de esos acontecimientos son producidos por actividades humanas, bien sea por descuido o consecuencia de actividades de tumba y quema que se hacen previo a la siembra de rubros de ciclo corto. Sólo el 2% se debe a causas naturales.
Los últimos meses del 2022 y los primeros tres del 2023, se han reportado a nivel nacional incendios simultáneos en los bosques de varias provincias, como Bahoruco, Pedernales, Elías Piña, La Vega, y áreas protegidas como el Parque Nacional Los Haitises, un frondoso lugar con una superficie de 600.82 km², declarado como tal mediante la Ley 402 del 3 de junio de 1976, que se encuentra situado en la Bahía de Samaná, al noreste de la República Dominicana.
Además de las forestas, los fuegos continúan desplazándose de manera sincronizada y peligrosa en los centros de acopios de desechos sólidos (basureros) ubicados en los puntos urbanos, hechos que las autoridades presumen son premeditados.
La Fundación Acción Verde, que ha calificado esa eventualidad como “un fenómeno devastador”, asegura que más de 6,000 hectáreas han sido afectadas solo hasta marzo del 2023.
El colectivo indicó que esta realidad “ha desbordado las capacidades de los encargados de prevenir y mitigar los fuegos bajo la responsabilidad legal del Ministerio de Medio Ambiente”. Muchos de ellos forman parte de un grupo de bomberos altamente capacitados, “pero que lamentablemente se han mantenido marginados a lo largo de los años en cuanto al apoyo real para su desempeño”. Afirma que se hace imposible hacer frente a todos los focos de fuegos extendidos por la isla “con los poco más de 300 bomberos forestales habilitados, de los cuales apenas 100 están debidamente equipados”.
La Ley Forestal No.47-18, en su Artículo 43, prohíbe el uso de fuego en las montañas, pero personas desaprensivas violan con frecuencia ese postulado jurídico poniendo en riesgo la vida de los que residen en esos entornos. Es la razón que motiva al colectivo Acción Verde a sugerir que se impida el aprovechamiento forestal y los cultivos en lugares afectados, por cinco años. Además, propone el reclutamiento y capacitación gradual de al menos 600 nuevos guarda-parques que deben ser formados no sólo en asuntos ambientales básicos, sino también temas como defensa personal, gestión de conflictos y sobre todo en manejo y control de fuegos”.
Otros sectores de la sociedad recomiendan acciones severas para “enviar un mensaje certero y contundente procesando judicialmente y sancionando socialmente a los responsables directos e indirectos de los fuegos forestales”.
Cabe señalar que República Dominicana está asediada por una sequía que va desde moderada hasta extrema, en más de un 80% de su territorio, pero en el punto más crítico están en las provincias donde la agricultura es la principal actividad económica.
Si bien los fuegos forestales han destruido grandes cantidades de bosques, y no se detienen, la repercusión en la zona agrícola y la ganadería se extiende hasta la economía de los hogares con posible escasez de productos básicos de masivo consumo.
En un mapa ilustrativo que muestra el portal Windy.com se visualiza con color rojo donde hay mayor aridez en los suelos. Esto significa, de acuerdo las explicaciones de expertos en esos temas, que en esas condiciones hay más riesgos de pérdidas en cultivos y pastos.
Para fines agrícolas, se evalúa la aridez entre 40, 50, 100 y 125 centímetros de profundidad de la capa vegetal en las regiones productivas de vegetales, granos, víveres y otros renglones que necesitan agua.
Constanza, un municipio de la provincia La Vega (región norte) que centra su mayor productividad económica en el cultivo de frutas y vegetales, enfrenta un agotamiento extremo de agua. Los incendios forestales han destruido hectáreas de bosques en la zona de Valle Nuevo y otras. Aquí están importantes invernaderos de estos productos, que además, se exportan a distintos países.
Terrorismo ambiental
Los siniestros en los bosques son descritos como “prácticas criminales” promovidas supuestamente por grupos fácticos que estarían financiados por algunos estamentos políticos de la oposición en procura de poner en apuro a la vigente administración gubernamental para sacar provecho en los venideros meses de campaña de cara a las elecciones generales del 2024. Esa versión no ha sido comprobada con evidencias por las autoridades nacionales, pese a las denuncias.
En ese contexto, el senador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rogelio Genao, calificó de “terrorismo ambiental” los incendios. Consideró imperdonable que sectores políticos de la oposición conviertan en un método de protesta el crimen que constituye incendiar parques nacionales, bosques, vertederos, así como alrededores de autopistas y carreteras.
Según las cifras oficiales, unas dos mil personas fueron llevadas ante la justicia en el año 2020 acusadas de quemar de manera intencional los predios en las cordilleras. El 3 de abril de 2023, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que, hasta el momento, 43 personas han sido apresadas por originar los más recientes fuegos en diferentes puntos del país, de las cuales 26 son dominicanos y 17 haitianos, aunque sus nombres no han sido revelados. INS
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