Inter News Service Agencia de Noticias
Algunos de los imputados en el caso Calamar mientras eran conducidos a audiencia en una aplazada medidas de coerción. Inter News Service
Santo Domingo, 27 mar (INS).- Cuatro delatores del caso de corrupción conocido como Calamar vincularon al diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio “Goris” Moya, como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de loterías, según consta en el expediente levantado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una dependencia de la Procuraduría General de la República.
El legislador por la circunscripción 3, del Distrito Nacional, es señalado como uno de los enlaces del esquema de extorsión, uno de los apéndices del supuesto entramado delictivo destapado recientemente que culminó con la detención de 20 personas, entre estas los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, quienes sirvieron al gobierno de Danilo Medina Sánchez (2012-2020) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Castillo, un empresario aeronáutico, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial de esa organización política, fue derrotado en las elecciones generales del 2020 por Luis Abinader con más del 52% de las votaciones.
Los delatores Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo, contaron en interrogatorios practicados por los fiscales investigadores que el congresista fungió como promovedor de la recolección del dinero irregular.
El Ministerio Público señala que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizó una estructura no gubernamental compuesta por Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, para la realización de cobros ilegales a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, a bancas deportivas y de loterías que operaban de forma irregular, y por la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley, como colmados.
“El proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, por este concepto entraban al mes en promedio 22,000,000.00 pesos dominicanos (unos 401,791) en provecho de la estructura criminal liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominicano”, establece el expediente.
En el interrogatorio a Ramón Emilio Jiménez Collie, a este le cuestionan sobre cómo llegó el diputado Sergio Moya a la red de cobro ilegal a bancas de lotería y deportiva, respondiendo:
“Sergio Moya conoce de eso y él era conocido mío y también él tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo nos vivía engañando con la recaudación, pero resultó ser que no era como Goris pensaba”, dice el delator en el interrogatorio.
Agregó que “en la época de Sergio Moya el proyecto duró aproximadamente ocho meses, pero resultó que en el Congreso Nacional se estaba como por pasar una ley y dar una amnistía para que las bancas ilegales se regularizaran y se le dio tres o cuatro meses para que las bancas se regularizaran y entonces los banqueros lo que hicieron fue una solicitud, pero lo que pasó fue que algunos se regularizaron, la mayoría no, algunos regularizaron algunas bancas y otros no, también vino el tema de la Pandemia del Covid19 y por eso es que no se duró más tiempo. El esquema duró hasta que pandemia inició la pandemia”.
Cuando a Mimilo Jiménez se le preguntó cuánto dinero recibió por esa acción de extorsión, dijo que se benefició con unos 148 millones de pesos (US$ 2,702,960) en los dos períodos, el de Fernando Crisóstomo y el de Sergio Moya.
El Ministerio Público atribuye, además, a los exfuncionarios detenidos en el marco de la Operación Calamar haber sobornado y extorsionado a empresarios con la finalidad de lograr financiamiento para las campañas políticas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según el órgano de persecución de delitos, los señalados más arriba junto a otras personas formaron una red que recabó millones de pesos en efectivo y los movilizó en vehículos oficiales y blindados y cuya finalidad era financiar la precandidatura de Gonzalo Castillo, a lo interno del PLD, así como su candidatura a la Presidencia en 2020.
Así lo plantea en la solicitud de 40 allanamientos que hicieron el pasado 17 de febrero ante la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, que fue autorizada en fecha 8 de marzo, por la jueza Kenya Romero. Al grupo le conocerán el 29 de marzo medidas de coerción en un caso calificado como complejo por el Ministerio Público.
“Los investigados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación preliminar, se coalicionan para distraer del Estado RD$527,694,838 (un total de US$9,637,420)Para lograrlo, consiguen que el investigado Víctor Encarnación, director técnico de la Oisoe, realice volumetrías falsas de obras, incluso cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura. Esas cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, constituyen una estafa contra el Estado dominicano”, dice Pepca.
Para sustentar el pedido, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa describe que en el año 2019, antes de las elecciones primarias del partido morado, el entonces presidente de la República, Danilo Medina, convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, con varios miembros de alto nivel de su equipo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo y Francisco Pagán, entre otros funcionarios, y les habría instruido a buscar dinero para las campañas políticas del 2019.
Esa versión aún no ha sido desmentida por la organización política opositora, se ha limitado a calificar las detenciones de sus militantes como “una persecución política”. INS
mv/
