R. Dominicana-Poder Ejecutivo retira del Congreso Nacional el polémico proyecto de ley sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

Santo Domingo, 12 feb (INS).- El Poder Ejecutivo retiró del Congreso Nacional el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que había sometido, para reformular aspectos de su redacción y reintroducirlo en 45 días.

Según informó el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, esta acción se hace respondiendo a la inquietud ciudadana producida por este proyecto.

“Como vocero del presidente Luis Abinader reitero la posición oficial: Este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. La razón es simple: como país de recursos limitados el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos”, expresó.

A través de una declaración difundida por el Palacio Nacional, Figueroa indicó que esa normativa responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales.

“Pero como sociedad democrática que somos conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de Ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva. Recuerden que somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional”, aseguró.

Entre otras cosas, la propuesta legislativa,  que ha provocado la indignación del pueblo, contempla que los inmigrantes ilegales en la República Dominicana no se beneficiarán de los programas de atención, asistencia y protección establecidos en dicho proyecto, sometido por el presidente Luis Abinader al Senado de la República el pasado 12 de diciembre del 2022. El documento, además, contempla que tampoco podrán aprovechar el principio de no devolución que está limitado a las víctimas de trata de personas en la misma ley.

Los citados beneficios corresponden a aquellos individuos que han sido sometidos a captación y retención, mediante el uso de violencia, por un individuo o grupo delictivo con fines de explotación o esclavitud.

Por igual, los menores de edad y ciudadanos con discapacidades psíquicas o mentales que hayan sido objeto de tráfico ilícito de migrantes podrán recibir asistencia y ser parte de los programas de atención disponibles, pero sí serán sujetos de devolución a sus países de origen.

El tema del “principio de no devolución” generó controversias con los detractores de la ley, que alegan que este podría ser interpretado como una llave para que los inmigrantes ilegales pudieran tener recursos para permanecer de manera definitiva en el país.

El Poder Ejecutivo, sin embargo, alegó que con el proyecto pretende que se le atribuyan nuevas funcionales a la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim), para “dar una respuesta coordinada de todas las instancias que políticamente administran y suplen los servicios de atención a las víctimas, cuya Presidencia será ejercida de manera rotativa cada dos años, conforme al orden sucesivo indicado en el artículo de integración del pleno, el cual está determinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

También, el Ministerio Público, de la Mujer, un representante del Poder Judicial designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia; la Dirección General de la Migración, el Consejo Nacional de la Niñez, la Policía Nacional, el Ejército de la República, Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Turismo, de Interior y Policía, la Armada de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

“A través de este proyecto de ley, el Estado responderá integralmente a la trata de personas en todas sus modalidades, la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, la esclavitud, la venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la explotación laboral, la utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos, extracción ilícita de órganos, el tráfico ilícito de órganos, la experimentación biomédica ilícita y otras formas de explotación”, dijo recientemente el mandatario Luis Abinader en su carta a Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, al depositar el documento.

La polémica propuesta presidencial ya fue rechazada por diversos sectores, principalmente los partidos políticos opositores al gobierno, al considerar que la intención es beneficiar a los inmigrantes indocumentados que ingresan al país.

En ese contexto, la directora ejecutiva del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, señaló el pasado viernes que ha habido confusión en relación a lo que establece el refutado proyecto de ley.

“Esta propuesta de reforma lo que hace es darle una mirada desde los derechos humanos al tema de la trata”, expresó Lorenzo a un medio local.

Especificó que la iniciativa busca dignificar el trato que se le debe dar a las personas afectadas por el trasiego de personas que, según investigaciones de Participación Ciudadana, las mujeres, las niñas y los niños son los principales perjudicados en el país.

Mientras, el expresidente Leonel Fernández había sugerido este domingo al presidente Luis Abinader que el proyecto  sea retirado del Congreso Nacional “porque eso significa una violación al derecho sobre los dominicano”.

Aseguró que ya la República Dominicana cuenta con una ley que tiene que ver con la protección a las víctimas de tráfico ilícito.

“Claro que todos estaríamos sensibilizados en lo que tiene que ver con la trata de personas, pero resulta que ya existe una ley en el país que tiene que ver con la protección a las víctimas de la trata de personas del año 2006”, añadió el aspirante a dirigir por cuarta ocasión la República  Dominicana.

Aclaró el también presidente del partido Fuerza del Pueblo que con esta propuesta lo que se busca es reformar la ley para impedir la deportación de aquellas personas que tienen estatus migratorio irregular en el territorio nacional. INS

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