R. Dominicana-Genera rechazo el proyecto de ley presidencial que busca proteger a las víctimas de trata y tráfico de migrantes (Crónica)

Santo Domingo, 9 feb (INS).- Ha recibido el rechazo de varios sectores del país el Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) que cursa en el Senado de la República desde el pasado 12 de diciembre, a iniciativa del Poder Ejecutivo.

Según la pieza legislativa, el delito de trata de personas lo comete aquel que ofrezca, capte, retenga, entregue, traslade, transporte, transfiera, acoja o recepte personas con fines de explotación, esclavitud o sus prácticas análogas.

Esta acción puede darse dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, mediante el engaño, rapto, uso de la fuerza, coacción, coerción, amenaza, abuso de poder, abuso de condiciones de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra.

Esa infracción sería sería sancionada con penas de cuatro a 10 años de prisión, el pago de una multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público y la inhabilitación temporal de los derechos de ciudadanía, mientras que el cómplice de este delito podría ser sancionado con penas de dos a tres años de prisión y al pago de una multa de entre cuatro a 10 salarios mínimos e inhabilitación de los derechos de ciudadanía.

Establece, además, que tanto que la persona moral que incurra en el delito “será sancionada con el pago de una multa cinco veces mayor de las penas de multa previstas para las personas físicas, disolución legal de las persona jurídica, prohibición definitiva o temporal, por un período no menor de cinco años, de ejercer directa o indirectamente, las actividades comerciales, profesionales o sociales que sirvieron para la comisión del hecho delictivo, abarcando con esto, la revocación definitiva o temporal de cualquier habilitación legal que se le haya concedido, entre otras”.    

Este organismo estaría integrado por un presidente, un pleno, secretaría técnica, dirección ejecutiva, Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de trata de personas; sub comisiones técnicas especiales, comités, mesas o enlaces provinciales y grupos de trabajo.

La legislación consigna que el Pleno del CITIM estará integrado por los titulares o representantes con voz y voto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, y un representante del Poder Judicial designado por la Suprema Corte de Justicia.

Además, por la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, la dirección de la Policía Nacional, Ejército de la República Dominicana, y los ministerios de Trabajo, Turismo, Interior y Policía y de Educación, el Instituto Nacional de Migración, Armada de la República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Los ejes estratégicos con los que contará el Plan de Nacional de Acción serán los recomendados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Trasnacional Organizada y sus protocolos complementarios de prevención, persecución, protección y cooperación internacional.

Las reacciones

El periodista Manuel Figueroa, editor de la sección política del impreso Listín Diario, considera que una burocracia interinstitucional articularía la ley sometida al Congreso para abordar en el país los delitos, diseñar políticas contra trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

En ese contexto, el alcalde de Santiago de los Caballeros y aspirante presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez Durán, llamó a todos los sectores, en especial a los congresistas, a rechazar la propuesta parlamentaria sugerida por el Poder Ejecutivo al considerar que “es una alta traición con claras pretensiones de hacer socavar la soberanía nacional”.

El también expresidente de la Cámara de Diputado aseguró que dicho proyecto de ley “es un claro atentado contra la soberanía y la estabilidad del Estado, cuyo propósito sería proteger y dar cabida abiertamente a la inmigración ilegal, tomando en consideración la profunda crisis y la inestabilidad que se vive en el vecino país de Haití”.

Dice que “eso una sumisión por parte del Gobierno, ante las presiones de organismos internacionales para imponer su agenda anti democrática en detrimento de nuestro país”.

“Nos están diciendo que millones de ciudadanos haitianos con tan solo admitir que son víctimas de trata o tráfico ilícito, sin investigación previa, podrán adquirir derechos y privilegios adicionales a los ya establecidos en el marco del Derecho Internacional Humanitario para este tipo de casos; privilegios, por demás, que tendrá que garantizar el Estado dominicano, en detrimento, de los dominicanos que tendremos que pagar más impuestos, mientras vemos languidecer nuestra soberanía y dominicanidad; y me pregunto: ¿a qué está jugando este Gobierno?”, cuestionó Martínez a través de un comunicado de prensa.

Destacó que para garantizar salud, atenciones y solidaridad con cualquier ciudadano nacional o extranjero que sea víctima de este flagelo, no es necesario “dicho adefesio legislativo”, que pretende, incluso, ser mucho más garantista de derechos con extranjeros, que con los mismos dominicanos.

“Esto es una forma más de evadir responsabilidades que como Estado se deben asumir en materia migratoria, toda vez que dicho intento legislativo, contempla la no devolución a su país de origen de las supuestas víctimas, si estas se negaran, pero también estaríamos como Estado, lavándonos las manos y volteando la mirada a la hora de perseguir y enfrentar a las estructuras criminales que tantas veces hemos denunciado, que son los que se lucran con millones de pesos, fruto del tráfico ilícito de migrantes. Eso es ser irresponsable y pusilánime a la hora de defender nuestra Constitución y nuestras leyes, la cual es clara y está por encima de cualquier acuerdo o normativa internacional”, agregó Martínez.

Abel Martínez llama a toda la sociedad en sentido general, a elevar su voz en rechazo del proyecto de ley y recordó que, en el 2018, el gobierno de Danilo Medina Sánchez rechazó firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual contenía muchos de los aspectos que pretende el citado proyecto de ley actual.

“Siempre seremos abanderados de la defensa de los derechos humanos de las personas, pero tenemos que ser conscientes de que en la coyuntura en que se pretende imponer dicha ley, es justamente cuando vivimos la peor amenaza de inmigrantes haitianos, desde nuestra Independencia. Somos una isla con dos países independientes con marcadas diferencias económicas, sociales, medioambientales, culturales y de seguridad; pero los problemas de Haití, hemos reiterado que no pueden ser resueltos sobre los escombros de nuestra soberanía, nuestra seguridad territorial ni nuestra seguridad ciudadana”, expresó.

Por igual, el Instituto Duartiano ha denunciado en varias ocasiones los intentos de organismos internacionales de imponer al Estado local planes de aceptación de inmigrantes haitianos irregulares y llamó a la población a oponerse a esas intenteciones.

Asimismo, el director general de Migración, Venancio Alcántara, se expresó este jueves en desacuerdo con que se acojan en la República Dominicana a los inmigrantes que están en condición irregular como se establecería en el citado proyecto.

Alcántara, sin embargo, especificó que no ha leído la pieza legislativa por lo que la solicitó para emitir una posición más acabada al respecto. «Voy a estudiarlo y, tan pronto lo estudie, emito mi opinión». INS

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