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El Ministerio Público asegura que ha presentado 2,600 evidencias de las más de 3,500 con que cuenta en el proceso de corrupción Coral y Coral 5G. Inter News Service
Santo Domingo, 6 feb (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictar auto de apertura a juicio penal en contra de todos los implicados en una presunta estructura de corrupción administrativa contra el Estado dominicana conocida como caso Coral y Coral 5G.
La fiscal adjunta Mirna Ortiz, coordinadora de litigación, pidió al tribunal enviar al grupo a juicio de fondo para que allí respondan por los hechos que se le imputan y que se mantenga la medida de coerción.
El Ministerio Público ha presentado 2,600 de las más de 3,500 con que cuenta en el proceso, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por los fiscales investigadores de esos hechos.
“Pedimos al tribunal acoger de manera total la acusación del Ministerio Público y enviar a juicio de fondo a todos los acusados en el caso Coral y Coral 5G y que se mantenga la medida de coerción, exceptuando los mencionados anteriormente”, dijo Ortiz al concluir la lectura del acta de acusación en contra de los encartados.
Al pedimento se sumó el Estado dominicano a través del Equipo de Abogados de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), quienes se constituyeron en actor civil en contra de los encartados por presuntos actos de corrupción.
Igualmente, los fiscales pidieron al juez procesar a los imputados Alejandro Montero Cruz y el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, este último vinculado al caso Coral quien se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal para resguardar su seguridad por ser un testigo colaborador del órgano de persecución de delitos.
Asimismo, a los generales implicados en el expediente Coral 5G, Juan Carlos Torres Robiou, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, implicados en el caso Coral 5G.
También, al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo y el cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez.
El Ministerio Público sugirió que se exceptuara de la medida de coerción al general Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, del entramado de corrupción caso Coral, contra quienes apeló la decisión que dispone el cese de la prisión preventiva y se encuentra pendiente de conocimiento.
El 27 de enero pasado, la jueza Yanibet Rivas, separó a la imputada Rosa Antonina Disla, del proceso seguido a los demás implicados, debido a su estado de salud, a petición del ministerio público, proceso que será conocido posteriormente.
La investigación del Ministerio Público iniciada en 2020 sobre el supuesto entramado doloso militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad ha cerrado con 31 personas acusadas.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sostiene que los acusados promovieron diversas maniobras fraudulentas y sustrajeron fondos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) por más de 4,000 millones de pesos (70,852,993 dólares).
Según la acusación, esas personas usaron empresas e iglesias, unas 18 en total, para el lavado de activos y otros crímenes e los miembros de la red incrementaron sus patrimonios con dinero sustraído del Estado.
En esa ocasión, el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial era el mayor general Adán Cáceres Silvestre quien desempeño esa función durante el período de gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina Sánchez (2012-2016 y 2016-2020). INS
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