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Resumen de noticias para el sábado, 4 de febrero de 2023.
San Juan, 4 feb (INS).- El juez federal Francisco Besosa revocó ayer la fianza al productor de radio Sixto George, tras ser hallado culpable de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia por un jurado federal en su intento de limpiar la imagen del derrocado gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares.
El juicio que se prolongó por 10 días en la sala del juez federal Besosa, en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, estuvo marcado por la espectacularidad mediática, dado a que involucró en 2019 al entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Anthony Maceira, del que el acusado trató de obtener 300 mil dólares en efectivo.
El objetivo del productor, cuyo verdadero nombre es Sixto Jorge Díaz Colón, era cambiar el debate público en contra del gobierno de Rosselló Nevares, que finalmente cayó en el verano de 2019, después de 14 días de multitudinarias manifestaciones que paralizaron el país.
Según Maceira, único testigo de cargo presentado por la fiscalía federal, el propósito era evitar que trascendiera un chat de Telegram, en el que participaba Rosselló Nevares con miembros de su círculo íntimo, denostando a periodistas y hasta a las víctimas del huracán María.
La idea era frenar la sed de venganza de Raulie, luego que su padre Raúl Maldonado, fuera destituido fulminantemente Rosselló Nevares tras denunciar que en Hacienda existía una mafia institucional, de la que había dado cuenta al Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Maldonado, considerado “el adulto” en la administración de Rosselló Nevares, fue referido para investigación, en tanto su hijo Raulie amenazó por lo bajo dar a conocer el chat de Telegram, que finalmente filtró de modo parcial a la periodista Sandra Rodríguez Cotto y totalmente días después a través del Centro de Periodismo Investigativo.
Sixto George aseguró a Maceira que estaba en capacidad de influenciar a distintas personalidades de radio y televisión para que, mediante el pago por sus servicios, cambiaran la narrativa en contra del gobernante del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Como parte de su coqueteo con el poder político, el ahora convicto consiguió que el gobierno firmara contratos con las empresas Collective Impact LLC y Social Consulting LLC al poco tiempo de que se crearon, aunque prefirió emplear testaferros, testimoniaron en el juicio las respectivas presidentas Lydmari Torres y Madeline López.
Al entrar en el segundo día de deliberación, el jurado federal —integrado por siete mujeres y cinco hombres— apenas pasó unas pocas horas para determinar que el productor había incurrido en extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia, tal como le imputó la fiscal federal, representada por Michael Lang y Myriam Fernández.
El juez Besosa revocó la fianza que le permitía a Sixto George estar en libertad, por lo que se le trasladó al Centro Metropolitano de Detención, en Guaynabo, hasta la lectura de su condena, que podría ser de hasta 20 años, el próximo 5 de mayo.
De inmediato, su abogado Rafael Castro Lang dijo al salir del tribunal federal en el Viejo San Juan, que recurrirá la sentencia en el Circuito de Apelaciones en Boston, convencido de que los hechos no se probaron en el transcurso del juicio. INS
P. Rico-Determinan causa para arresto contra dos abogados imputados por conspiración, oferta de soborno y persuasión de testigos
San Juan, 4 feb (INS).- Causa para arresto se determinó ayer en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan contra los licenciados Juan Enrique Cátala Suárez y Ana Luisa González Cabrera, imputados por conspiración, oferta de soborno y persuasión de testigos.
La Fiscalía de San Juan presentó cargos de conspiración, oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos contra dos abogados, a quienes se les imputa haberle pagado a una testigo para impedir que declarara en un juicio relacionado con un doble asesinato ocurrido el año pasado.
El Departamento de Justicia cuenta con evidencia de que los licenciados Cátala Suárez y González Cabrera realizaron varios pagos a la testigo de un caso radicado contra uno de sus clientes, con el propósito de que evitara ser contactada hasta que transcurriera el término requerido para la celebración del juicio y el caso se desestimara.
La Fiscalía de San Juan presentó los tres cargos por estas actuaciones que constituyen violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
“Hoy tomamos acción para defender nuestro sistema de justicia de la corrupción. Resulta alarmante que dos personas que tienen el privilegio de practicar la abogacía en nuestros tribunales y la sagrada encomienda de defender la verdad y los derechos humanos le hayan fallado a la profesión, al sistema y al pueblo. Es decepcionante e inaceptable, por lo que ahora tendrán que enfrentar la justicia”, sentenció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Conforme a la investigación, durante la etapa de vista preliminar la testigo dejó de asistir al tribunal y de responder las comunicaciones a la fiscal y los agentes a cargo del caso del doble asesinato.
Al realizar las gestiones para contactarla a través de sus familiares, se descubrió que los abogados le entregaron dinero a la testigo para que se trasladara a otro municipio y no pudiera ser localizada hasta lograr la desestimación del caso de asesinato contra su cliente. Surge, además, que Cátala Suárez y González Cabrera le pidieron a la testigo que no contestara las llamadas de los agentes y la fiscal, y que no se dejara citar.
“Es sumamente lamentable tener que procesar a colegas de la profesión legal que conocen muy bien lo que representan estos delitos y las consecuencias de violar la ley. Peor aún, al tratarse de actuaciones que mancillan la confianza de los ciudadanos”, manifestó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.
Recordó que “nadie está por encima de la ley y estamos cumpliendo con nuestro deber ministerial y compromiso con las víctimas del crimen. Actuaciones como las que denunciamos hoy no tienen cabida en nuestro sistema de justicia”.
La jueza Brenda Salas, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $45,000 a cada imputado. La vista preliminar fue programada para el 22 de febrero.
El Ministerio Público estuvo representado por las fiscales María Hernández Medina, Naydik Ramos Montesinos, Phoebe Isales Forsythe y Teresita Morales Arteaga. INS
P. Rico-Participa Gobernador Pierluisi en firma de acuerdo que permitirá la construcción de microrred eléctrica en Centro Médico
San Juan, 4 feb (INS).- El gobernante puertorriqueño Pedro R. Pierluisi anunció, junto a la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm; el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, y el director de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Jorge Matta González, la firma de un acuerdo que permitirá la construcción de una microrred eléctrica para el Centro Médico de Puerto Rico, el cual se convierte en el primer proyecto del Programa de Confiabilidad y Resiliencia Energética (ER-2) .
El acuerdo, entre Vivienda y ASEM, establece la asignación de $1.3 millones, para la administración del proyecto, con el objetivo principal de proveer asistencia a subrecipientes para crear mayor confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico y acceso equitativo de electricidad alrededor del país.
Bajo el programa CDBG-DR del Departamento de Vivienda federal, se incluye una asignación de $1,300 millones, como parte del Plan de Acción para la optimización de la red eléctrica.
“Como hemos anunciado, el primer proyecto del programa ER-2 será la microrred para el Centro Médico de Puerto Rico. Esta es una facilidad crítica, particularmente en tiempos de emergencia, por lo que hemos priorizado este proyecto, que nos ayudará a evitar que le falte energía y así poder brindar servicios médicos sin pausa a nuestro pueblo”, sostuvo el gobernador sobre la que será la primera de múltiples microrredes que se desarrollarán con estos fondos.
Añadió que “la demanda energética del complejo del Centro Médico se calcula en aproximadamente 40 megavatios (para lo que) se construirá un proyecto que maximice los espacios disponibles para el uso de paneles solares en los techos y estacionamientos, en combinación con sistemas de baterías de alta capacidad, generación eficiente y sistemas de controles avanzados”.
La microrred ayudará a mejorar la confiabilidad de los sistemas de energía del Centro Médico en Río Piedras, duramente golpeados por los huracanes Irma y María, así como ayudará a reducir los costos de energía en el Centro de Trauma y la Sala de Emergencias, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el Hospital Cardiovascular, el Industrial, el Oncológico, el Universitario, el Pediátrico y el Psiquiátrico y el de Psiquiatría Forense.
Además, el Hospital Municipal de San Juan, el Centro Comprensivo de Cáncer y su Centro de Investigación, varias facilidades del Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses.
El Departamento de Energía de Estados Unidos y sus laboratorios nacionales brindarán, por su parte, asistencia técnica y conocimiento experto al programa ER-2 y todas las iniciativas relacionadas, incluidos los procesos de licitación e implementación de microrredes del Centro Médico.
“Este proyecto incluirá las últimas tecnologías de paneles solares y baterías, en techos y estacionamientos, que generarán resiliencia, al maximizar la energía renovable. Estoy emocionada de ser parte de este anuncio hoy sobre la microrred de alta tecnología que el Departamento de Vivienda de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico están desarrollando, con el apoyo del Departamento de Energía”, explicó la secretaria de Energía.
Granholm manifestó que “nos aseguraremos de que los equipos para salvar vidas, así como las salas de operación continúen funcionando, a pesar de los eventos atmosféricos que pueda traer la madre naturaleza”.
“Esperamos ver la evolución de este proyecto del Centro Médico y continuaremos desarrollando estas iniciativas en todo Puerto Rico”, anotó.
El Departamento de la Vivienda está trabajando en estrecha colaboración con el Negociado de Energía de Puerto Rico para garantizar la viabilidad de la microrred.
Mientras, el secretario de Vivienda comentó que “el proceso de recuperación que estamos dirigiendo desde nuestra agencia tiene diversas ramificaciones. Hoy con satisfacción firmamos este acuerdo para viabilizar esta microrred que, sin duda, beneficiará a toda la población que recibe servicios médicos en este importante centro”.
Rodríguez Rodríguez subrayó que “continuaremos con agilidad canalizando los trabajos para que cada centavo de los fondos asignados para la recuperación de Puerto Rico, sean utilizados de forma correcta, para el beneficio de nuestra gente”.
De igual forma, anunció que el proceso de licitación se publicará en los medios de comunicación y en la página web cdbg-dr.pr.gov el próximo 10 de febrero para buscar empresas calificadas con experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de microrredes, proyectos de cogeneración eléctrica u otros proyectos comparables.
Cada empresa proponente presentará la solución o combinación de soluciones que considere adecuada para satisfacer las necesidades del campus.
ASEM será propietaria de la microrred y los diversos activos relacionados; como tal, participará en el proceso de diseño y construcción y supervisará las actividades de operación y mantenimiento de la microrred a lo largo de la vida del proyecto, incluida la provisión de servicio eléctrico a los participantes de la microrred, dentro del campus.
El director ejecutivo de ASEM, Jorge Matta González, resaltó la importancia que tiene la construcción de una microrred eléctrica para el Centro Médico y como ésta asegurará la continuidad de los servicios para los pacientes que allí se atienden.
Además, agradeció la celeridad con la que se ha trabajado este proyecto y reconoció que este esfuerzo tendrá un impacto significativo para el complejo hospitalario.
“Tener la microrred será de gran beneficio porque nos permitirá contar con un sistema central de energía más fuerte y confiable por la redundancia que ofrecerá. Será un paso gigantesco en la transición de reforzar el uso de energía en nuestras instalaciones”, afirmó Matta González.
El gobernador Pierluisi reiteró su compromiso con continuar desarrollando estos proyectos, con el fin de garantizar la seguridad energética. “Con los fondos asignados a ER-2, vamos a promover mayor integración de energía renovable al sistema, fomentar la generación distribuida alrededor de nuestras comunidades y proveer mayor confiabilidad en el servicio eléctrico a instalaciones críticas, tales como hospitales, albergues, centros de adultos mayores, cuarteles de la Policía y estaciones de Bomberos”, dijo. INS
P. Rico-Cámara conduce vistas públicas para examinar la carga de trabajo de jueces en el país
San Juan, 4 feb (INS).- La Subcomisión Especial de la Comisión de lo Jurídico condujo vistas públicas para investigar la carga de trabajo de los jueces y juezas que componen el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico.
Como parte de la audiencia, encabezada por el vicepresidente de la Cámara, José Conny Varela, se recomendó, entre otros asuntos, reasignar el acervo de jueces para atender eficientemente casos civiles y de familia, atender los nombramientos de las plazas judiciales pendientes, implantar un nuevo plan de clasificación y retribución para la Rama Judicial y revisar los salarios de jueces y empleados de la Judicatura.
La Resolución de la Cámara 687 trata de auscultar la necesidad de aumentar o reducir el número de plazas de jueces existentes en cada una de las divisiones del tribunal, ante la evidente reducción en el número de casos radicados en los últimos años.
A la audiencia pública comparecieron el director de la Oficina Administrativa de los Tribunales (OAT), Sigfrido Steidel Figueroa, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJPR), Carlos Salgado Schwarz, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
El representante Varela indicó que “en la Cámara estamos comprometidos en procurar que cada empleado en la Judicatura y los jueces y juezas obtengan una justicia salarial”.
“De igual forma, con este proceso lo que buscamos es conocer si nuestra judicatura tiene el tamaño y la capacidad necesarias para hacer su labor, y si los ciudadanos están recibiendo el servicio que merecen junto a las necesidades apremiantes en cada área”, expuso.
Durante la vista, Steidel Figueroa destacó que, luego de una revisión del movimiento de casos en los tribunales durante las últimas décadas, se observó una disminución en la cantidad de casos presentados.
“Para el año fiscal 2012-2013, la cantidad de casos presentados en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) fue de 308,800 casos. Diez años más tarde, durante el año fiscal pasado, se presentaron para la consideración del TPI alrededor de 210,300 casos. Esto representa una reducción de 31.8%’’, apuntó, con cuya apreciación coincidieron la APJPR y el CAAPR.
De igual forma, Steidel Figueroa compartió que la cantidad de recursos presentados y resueltos por el Tribunal de Apelaciones para el año fiscal 2012-2013 fue de 5,186 y 5,357 casos respectivamente. Mientras, en el año fiscal 2021-2022, el Tribunal de Apelaciones recibió un total de 3,293 recursos y resolvió 3,633.
En tanto, el director administrativo de los Tribunales destacó que actualmente hay un total de 340 jueces y juezas activas en la Judicatura de un máximo establecido de 386. “El desglose se sitúa con 297 en el TPI, 35 en el Tribunal de Apelaciones y ocho en el Tribunal Supremo. Esto significa que, al presente, hay un total de 46 plazas judiciales vacantes”.
Steidel Figueroa expuso que, de las 46 plazas judiciales vacantes, se le debe dar énfasis a ocupar las 15 vacantes municipales. “Es imperativo que estas 15 plazas sean ocupadas y luego podríamos ir viendo la posibilidad de añadir una plaza más por región alrededor de todo Puerto Rico”.
Asimismo, reclamó que se viabilice con urgencia una asignación presupuestaria para el Poder Judicial con el objetivo de hacerle justicia a los empleados. “El plan de retribución de los empleados no se ha revisado desde 1998. Mientras, a petición de la jueza presidenta, la Junta de Control Fiscal asignó $11 millones en el corriente año fiscal para un aumento de $200 mensuales para todo nuestro personal. Esa es la respuesta más reciente que solo dio para un aumento insuficiente y que no atiende los reclamos principales”, anotó.
En cuanto a los jueces, Steidel Figueroa detalló que no se les revisa su salario desde hace 20 años.
Al terminar los trabajos de la vista, el representante Varela expresó que es necesario revisar la Ley de la Judicatura, la cual no ha sido objeto de una evaluación exhaustiva desde el año 2003.
“Debemos asegurarnos que tanto el número de plazas en la judicatura, los salarios del personal y la operación de todo el sistema judicial sean eficientes, económicas y respondan a las necesidades de todos los puertorriqueños”, afirmó Varela. INS
ndc