Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles, 1 de febrero de 2023.
P. Rico-Representantes claustrales y estudiantiles ante la Junta de Gobierno de la UPR se expresan sobre la crítica situación presupuestaria al hacer llamado a la Legislatura y al Ejecutiva
San Juan, 1 feb (INS).- Las representantes del sector docente y los representantes del sector estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), hacen llamado a la Rama Legislativa y Rama Ejecutiva ante la situación presupuestaria crítica de la Institución y explican que el recorte de aproximadamente 42.3% en la asignación de fondos correspondiente a la Fórmula UPR (Ley 2-1966) promovido por la Junta de Supervisión Fiscal desde el Año Fiscal 2017-2018, representa una reducción acumulada de $1.9 billones desde que se implementó el primer plan fiscal.
Las profesoras Margarita Villamil Torres y Eneida Rodríguez Rossy así como los estudiantes Delvin Caraballo Rodríguez y Juan De Jesús Oquendo explicaron que “es de crítica importancia ahora más que nunca expresarse y realizar gestiones para allegar más fondos a la institución”.
“Estar en contacto directo con los servidores públicos responsables de la asignación del presupuesto a nuestra universidad es medular en este momento donde el gobierno central ha sometido su primer borrador del plan fiscal a la Junta de Supervisión Fiscal para el año 2024. Nos toca a todos poder afrontar los problemas que aquejan a la UPR. No podemos dejar la responsabilidad tan importante solo en manos del presidente de la Institución”, expresó la profesora Villamil en un esfuerzo extraordinario por lograr el trabajo en equipo por el bien de la Institución.
Delvin Caraballo Rodríguez, quien ha estado trabajando el tema del presupuesto directamente reconoció que, “la situación presupuestaria del país resultó en la aprobación de la Ley 53-2021, conocida como la Ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico. Pese a que esta ley aumentó las apropiaciones para la Institución, resulta insuficiente ante la complejidad y el alcance de nuestro sistema universitario al país”.
Según el representante estudiantil, la Junta de Supervisión Fiscal, interpretó erróneamente la asignación de los $500 millones establecidos en la Ley 53-2021, incluyendo en su total las resoluciones conjuntas.
Este error, dijo, deja un presupuesto efectivo de $440 millones para la operación general de la institución y sus 11 recintos.
De Jesús Oquendo hizo un llamado urgente para que se reconozca la importancia de los servicios esenciales que brinda la Universidad al pueblo de Puerto Rico y dejó claro que la UPR necesita un presupuesto mayor de cara al nuevo año fiscal.
Además, estableció que el aumento en recaudos que superan las proyecciones, según anunciado por el Departamento de Hacienda, representa una oportunidad para allegar estos fondos.
Reiteramos que tanto las representantes del sector docente como los representantes del sector estudiantil ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico estamos en la mejor disposición de continuar con el intercambio de información, experiencias y propuestas pertinentes para lograr lo que sea mejor para la Institución. Igualmente nos reiteramos en defensa del primer centro docente del país y de todo el Sistema UPR. INS
P. Rico-Fiscal Quiñones Rodríguez reitera denuncia que bajo administración de Olga Castellón Miranda se dificultó el trabajo de los fiscales
San Juan, 1 feb (INS).- La fiscal auxiliar Betzaida Quiñones Rodríguez reiteró el pasado lunes ante la Comisión de lo Jurídico que bajo la incumbencia de Olga Castellón Miranda y Wanda Vázquez Garced, como responsables de la Oficina de la Jefa de los Fiscales y el Departamento de Justicia, respectivamente, se enmendaron procedimientos administrativos que afectaron la capacidad investigativa de los fiscales.
Durante una vista pública, la fiscal Quiñones Rodríguez denunció las presiones que recibió mientras investigaba los asesinatos del abogado Carlos Cotto Cartagena en 2018 y del trapero Kevin Fret en 2019.
Quiñones Rodríguez señaló que a nivel individual recibía llamadas de Castellón Miranda denegándole peticiones investigativas que formaban parte de ambos casos criminales.
La fiscal auxiliar expresó que “regularmente los jefes de fiscales no llaman directamente a los fiscales”. Destacó que la jerarquía en el Departamento de Justicia “es que el fiscal se reporta al fiscal de distrito y ese jefe le responde a la jefa de fiscales”.
“Yo recibía llamadas de Castellón directamente denegándome las peticiones de investigación sobre los casos que estaba atendiendo”, añadió Quiñones Rodríguez.
La fiscal señaló nuevamente a Castellón Miranda como la responsable de aparentemente detener su investigación sobre el asesinato del trapero Kevin Fret en 2019 y a Vázquez Garced por obstaculizar los avances en el caso del abogado Carlos Cotto Cartagena, asesinado en 2018.
“Castellón me llamó para decirme que la investigación de Kevin Fret iba a ser paralizada hasta nuevo aviso”, recordó.
Al momento de la notificación, Quiñones Rodríguez cuestionó por escrito a Castellón Miranda sobre la decisión de paralizar la pesquisa sobre Fret “pero hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta”, aseguró.
Durante el mes de noviembre de 2022, la fiscal auxiliar reveló en una entrevista televisiva que en 2019 bajo el mandato de Vázquez, como secretaria de Justicia, Castellón le ordenó paralizar la investigación relacionada al caso de Kevin Fret, asesinado en Villa Palmeras, Santurce.
“Esto no es un problema personal mío con el Departamento de Justicia. En esta ocasión, me ha tocado levantar mi voz, porque el país merece un Departamento de Justicia transparente, y que sea confiable, que no responda a influencias, ni al dinero, ni al poder, ni a los amigos en casos de asesinatos, ni en ninguna investigación”, señaló Quiñones Rodríguez.
Por otro lado, la fiscal indicó que durante el proceso investigativo como fiscal también veía una dilatación en procesos que antes eran realizados de forma expedita. La fiscal auxiliar detalló que Castellón en repetidas ocasiones le llamó para desautorizar gestiones que otros fiscales lograban realizar sin contratiempos.
“Por ejemplo, Castellón me solicitaba autorización de un tribunal para citar testigos. Ese es el último recurso que se emplea si un testigo citado no comparece”, señaló.
Al mismo tiempo, Quiñones Rodríguez expresó que durante el mandato de Castellón Miranda se enmendó la forma en que los fiscales accedían a especialistas del Instituto de Ciencias Forenses.
“Antes los fiscales teníamos acceso directo a los peritos de balística y otras especialidades de Forense, y en la administración de Castellón se asignó una fiscal a quien nosotros teníamos que hacerle una solicitud escrita. Ese es un ejemplo de trabas administrativas que se impusieron y afectaron directamente el trabajo ágil que necesita realizar un fiscal durante una investigación criminal”, indicó.
Al inicio de la vista pública, la fiscal auxiliar señaló haber recibido una carta del actual secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, sobre su participación en la vista pública “que advierte y hace énfasis sobre la confidencialidad de las investigaciones y las personas imputadas entregadas a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei)”, destacó Quiñones Rodríguez.
“No conozco cuáles son los documentos entregados por Justicia al Opfei como parte de la investigación que refirió Emanuelli Hernández… Estoy aquí hoy, para contestar las preguntas de la rama legislativa, que me citó directamente a comparecer en esta vista pública que investiga el funcionamiento del Departamento de Justicia”, indicó la fiscal.
El representante Aponte Rosario expresó que “nuestro objetivo con esta investigación es poder dar a los ciudadanos la certeza que todos los casos criminales que serán trabajados por el Departamento de Justicia se realizarán con transparencia y sin otra motivación, que no sea encauzar a los responsables”.
Durante la vista pública, Aponte Rosario comentó que pudiera ser necesario citar a Olga Castellón Miranda como parte de la investigación legislativa.
La fiscal auxiliar Betzaida Quiñones Rodríguez tuvo que ser excusada por la Comisión de lo Jurídico por compromisos previos en el tribunal.
La funcionaria será citada nuevamente para lograr contestar las preguntas de los miembros de la Comisión. INS
P. Rico-Gobernador Pierluisi anuncia junto al Cuerpo de Ingenieros comienzo del primer proyecto en el Caño Martín Peña
San Juan, 1 feb (INS).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, participó ayer del inicio de las labores del primer contrato del Cuerpo de Ingenieros de Ejército de los Estados Unidos (USACE, siglas en inglés) en el Caño Martín Peña.
El proyecto total consta de tres contratos y tiene como propósito el dragado y la restauración del Caño.
El ejecutivo indicó que esta primera fase consiste en la limpieza profunda de desperdicios vegetativos y comprenderá unas 40 cuerdas en la zona marítimo terrestre alrededor del Caño Martín Peña.
Esto mejorará significativamente las áreas impactadas, contribuyendo a la limpieza de su entorno, y restaurando y protegiendo los recursos naturales del Caño.
De este modo, la calidad de vida de los residentes de las comunidades mejorará considerablemente, abriendo paso para lograr un desarrollo socioeconómico sostenible.
La implementación de este proyecto estará a cargo de la empresa Dorado Service, a un costo de $3,383,630.04 y generará unos 50 empleos.
Se espera que las obras de esta primera fase culminen en el próximo mes de mayo.
El gobernador Pierluisi señaló que la totalidad de las fases del proyecto federal que inaugura este martes, incluye también el dragado de 2.2 millas que ayudará a rehabilitar el flujo del mar hacia la Laguna San José, la restauración de 36 cuerdas de mangle, la instalación de muros para estabilizar la orilla y controlar la erosión, así como las mejoras en los puentes Martín Peña, Luis Muñoz Rivera y Tren Urbano.
La inversión total es de $163.3 millones en fondos federales de la Ley Bipartita de Infraestructura y $90.7 millones de pareo local que incluyen fondos del gobierno estatal y de la Corporación Enlace.
“La lucha que llevan dando los residentes del G8 y de la Corporación Enlace para que este proyecto sea una realidad ha rendido grandes frutos. El dragado y restauración del Caño Martín Peña es un proyecto para el cual yo he estado trabajando desde el primer día que comencé mi gestión como Comisionado Residente en 2009. Como Gobernador lo declaré un proyecto prioritario, por lo que me comprometí con Enlace y con las comunidades del G8 que no descansaría hasta verlo en construcción”, sostuvo el gobernador.
Acompañado del secretario adjunto para Obras Civiles del Ejército, Michael Connor; José G. Barea Fernández, presidente de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, Mario Núñez, director ejecutivo de Enlace, y Lucy Cruz, presidenta del G8, el mandatario enfatizó la importancia para su administración de los trabajos en el Caño, por lo que desde que comenzó su gobierno creó un grupo para asegurar el desarrollo continuo del proyecto.
“Desde La Fortaleza damos seguimiento a todas las obras necesarias en el Caño, para asegurarme de que proveemos los recursos necesarios y seguimos trabajando hasta que cada una de las fases sea completada. De hecho, ya está a punto de terminar el proyecto de la relocalización de la troncal de Borinquen, que es producto de un acuerdo de trabajo de Enlace con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)”, indicó el gobernador en el acto, en el que también estuvo la administradora regional de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa García, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González y el alcalde de San Juan, Miguel Romero.
La AAA también se encuentra en el proceso de subasta para la relocalización y aumento de capacidad del sifón Rexach, y está en la etapa de diseño de los sistemas de agua potable, sanitario y pluvial para las comunidades de Barrio Obrero, San Ciprián y Buena Vista en Santurce, para lo cual Pierluisi le asignó $132 millones de fondos de la Ley de Recuperación Americana (ARPA).
Pierluisi sostuvo que por medio de COR3 y en apoyo a Enlace, peticionó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que se incluyera en los proyectos cualificados para los fondos de mitigación el proyecto del sistema de agua potable, sanitario y pluvial, que eliminará las descargas sanitarias al Caño en las comunidades de Israel y Bitumul, mediante una inversión de cerca de $34 millones.
“Estas y otras obras de acceso vial y de infraestructura eléctrica son parte de nuestro compromiso con el ecosistema del Caño Martín Peña y con el bienestar de todos los residentes que viven a sus alrededores en las comunidades del G8. Es parte del trabajo colaborativo de la Corporación del Proyecto Enlace, las comunidades, las agencias del gobierno estatal y el gobierno federal, que se centra en el proyecto del dragado y la restauración del Caño”, afirmó Pierluisi.
Este proyecto, liderado por el Cuerpo de Ingenieros, mejorará significativamente la calidad del agua, el hábitat del Caño y del Estuario de la Bahía de San Juan, así como la calidad de vida de todos los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. INS
P. Rico-Aprueba la Cámara de Representantes con el voto del PPD medida para que la licencia de armas de fuego esté disponible de forma digital
San Juan, 1 feb (INS).- La Cámara de Representantes dio paso ayer martes en sesión ordinaria, impulsada por los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), al Proyecto de la Cámara 1204, que dirigido a enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico, a los fines de que los ciudadanos puedan acceder a la licencia de forma digital.
La medida ordena al Puerto Rico Innovation & Technology Service (Prits) la creación de una plataforma que posibilite la intención legislativa.
“En busca de ser innovadores y adentrarnos a las nuevas corrientes tecnológicas y de innovación pública se tiene el propósito de que la licencia de armas sea de forma digital. De este modo, solicitamos al encargado de la innovación tecnológica del Gobierno, la creación de una plataforma más conveniente con el fin de lograr la digitalización de las licencias de armas”, sostuvo el autor del proyecto, el representante Luis Narmito Ortiz Lugo.
El legislador añadió que “la licencia digital facilita al portador de armas tener consigo en todo momento su documentación. Esto reduce la posibilidad de incumplir con los reglamentos que exigen la presencia de la licencia en todo momento para poder portar el arma”.
El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, estableció su voto a favor de la medida. “A principios de cuatrienio, nosotros presentamos un proyecto para lograr una colaboración interagencial dirigida a que la licencia de conducir gestionada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) funcione también como una tarjeta electoral, siempre y cuando el ciudadano lo autorice”, sostuvo.
“La Asamblea Legislativa se mueve con celeridad y proactividad para facilitar el derecho reconocido a portar armas, con las diferencias que podamos tener al respecto, pero es muy lento y muy desatento hacer lo mismo con respecto al ejercicio del derecho más básico en una democracia, el derecho al voto. Me parece, de nuevo, que hiere un poco la retina esas prioridades”, insistió Márquez.
Por su parte, la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, resaltó que para moverse en la dirección correcta y garantizar la seguridad de los datos, el Gobierno tiene que establecer parámetros de seguridad.
“El pueblo tiene una desconfianza en cómo el propio Gobierno maneja la información. Es importante establecer los parámetros de seguridad necesarios para la otorgación de licencias digitales de armas. Mi preocupación es que, ante los ciberataques, cualquier hacker o persona de mala voluntad tenga los datos pertinentes y falsifique esta licencia”, expuso la legisladora.
Por otro lado, durante la sesión legislativa, el cuerpo cameral aprobó la Resolución de la Cámara 670 de la delegación del PPD que ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (Oatrh), dentro del término de cinco días laborables, proveer al cuerpo legislativo copia del Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados Públicos de la Rama Ejecutiva.
“El derecho al acceso a la información pública se sostiene en el principio democrático de que los ciudadanos deben conocer, fiscalizar y pasar juicio sobre las gestiones del Estado. En otras palabras, el derecho de acceso a la información es uno que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor transparencia gubernamental”, reza la medida.
El cuerpo legislativo avaló también la Resolución de la Cámara 879, que ordena realizar una investigación sobre los criterios utilizados por los jefes de las agencias del gobierno central y de las corporaciones públicas para determinar qué puestos son esenciales.
La resolución, de la autoría del presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, busca determinar qué puestos eran no esenciales en las entidades que dirigen y así poder cumplir con el acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico para que cerca de 1,700 empleados públicos que pudieran acogerse al retiro en cumplimiento de la Ley 80-2020 (Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos).
Entre tanto, la Cámara baja aprobó una medida que enmienda el Código Penal de Puerto Rico sobre el delito de agresión sexual conyugal.
Se trata del Proyecto del Senado 731, que establece la no prescripción para delitos de incesto, agresión sexual, actos lascivos, trata humana, secuestro agravado, entre otros delitos, cuando son cometidos contra menores de 18 años y el acusado es mayor 18 años.
A su vez, luego de un extenso debate, el pleno aprobó con 26 votos a favor y 11 votos en contra una resolución que investiga los señalamientos realizados por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, el pasado domingo durante un acto político.
El PPD tomó varios turnos referente a la medida que busca atender alegados asuntos de corrupción en el Gobierno.
La Resolución de la Cámara 917, de la autoría del representante PPD, Héctor Ferrer Santiago, investiga la posible comisión de los delitos y violación ética relacionada a conductas de amenazas, discrimen y persecución política, y cualquier otro acto de corrupción ante los señalamientos de González Colón.
Por su parte, el PNP defendió el trabajo realizado por la comisionada en Washington. También, invitó al partido en mayoría a “atender asuntos más importantes que afectan a la ciudadanía”, destacó el representante Eddie Charbonier.
TRATAN DETENER ALZA EN PRECIO DEL CAFÉ
El cuerpo legislativo ratificó una resolución con el fin de detener el aumento del café.
Se trata de la Resolución Concurrente de la Cámara 64, con el fin de dejar sin efecto una orden gubernamental radicada por el gobernador, Pedro R. Pierluisi, con el fin de decretar un aumento inmediato al precio del café importado.
“Esta Asamblea Legislativa entiende que el Gobierno debe requerir al Secretario del Departamento de Agricultura que elabore, junto a los representantes caficultores y estudiosos de la industria cafetalera, un inventario de necesidades urgentes de inversión para comenzar a satisfacer las necesidades y carencias de la industria del café puertorriqueño”, establece la resolución presentada por Hernández Montañez y de los representantes Jorge A. Rivera Segarra y Eladio Cardona Quiles.
La Cámara Baja cesó sus trabajos hasta el próximo martes, 7 de marzo de 2023 a la 1:00 p.m.INS
ndc