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La medida ordena al Prits la creación de una plataforma que posibilite la intención legislativa. Inter News Service/Johanna Sánchez
San Juan, 31 ene (INS).- La Cámara de Representantes dio paso hoy martes en sesión ordinaria, impulsada por los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), al Proyecto de la Cámara 1204, que dirigido a enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico, a los fines de que los ciudadanos puedan acceder a la licencia de forma digital.
La medida ordena al Puerto Rico Innovation & Technology Service (Prits) la creación de una plataforma que posibilite la intención legislativa.
“En busca de ser innovadores y adentrarnos a las nuevas corrientes tecnológicas y de innovación pública se tiene el propósito de que la licencia de armas sea de forma digital. De este modo, solicitamos al encargado de la innovación tecnológica del 
Gobierno, la creación de una plataforma más conveniente con el fin de lograr la digitalización de las licencias de armas”, sostuvo el autor del proyecto, el representante Luis Narmito Ortiz Lugo.
El legislador añadió que “la licencia digital facilita al portador de armas tener consigo en todo momento su documentación. Esto reduce la posibilidad de incumplir con los reglamentos que exigen la presencia de la licencia en todo momento para poder portar el arma”.
El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, estableció su voto a favor de la medida. “A principios de cuatrienio, nosotros presentamos un proyecto para lograr una colaboración interagencial dirigida a que la licencia de conducir gestionada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) funcione también como una tarjeta electoral, siempre y cuando el ciudadano lo autorice”, sostuvo.
“La Asamblea Legislativa se mueve con celeridad y proactividad para facilitar el derecho reconocido a portar armas, con las diferencias que podamos tener al respecto, pero es muy lento y muy desatento hacer lo mismo con respecto al ejercicio del derecho más básico en una democracia, el derecho al voto. Me parece, de nuevo, que hiere un poco la retina esas prioridades”, insistió Márquez.
Por su parte, la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, resaltó que para moverse en la dirección correcta y garantizar la seguridad de los datos, el Gobierno tiene que establecer parámetros de seguridad.
“El pueblo tiene una desconfianza en cómo el propio Gobierno maneja la información. Es importante establecer los parámetros de seguridad necesarios para la otorgación de licencias digitales de armas. Mi preocupación es que, ante los ciberataques, cualquier hacker o persona de mala voluntad tenga los datos pertinentes y falsifique esta licencia”, expuso la legisladora.
Por otro lado, durante la sesión legislativa, el cuerpo cameral aprobó la Resolución de la Cámara 670 de la delegación del PPD que ordena a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (Oatrh), dentro del término de cinco días laborables, proveer al cuerpo legislativo copia del Plan de Retribución y Reclasificación Uniforme para Empleados Públicos de la Rama Ejecutiva.
“El derecho al acceso a la información pública se sostiene en el principio democrático de que los ciudadanos deben conocer, fiscalizar y pasar juicio sobre las gestiones del Estado. En otras palabras, el derecho de acceso a la información es uno que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor transparencia gubernamental”, reza la medida.
El cuerpo legislativo avaló también la Resolución de la Cámara 879, que ordena realizar una investigación sobre los criterios utilizados por los jefes de las agencias del gobierno central y de las corporaciones públicas para determinar qué puestos son esenciales.
La resolución, de la autoría del presidente cameral, Rafael Hernandez Montañez, busca determinar qué puestos eran no esenciales en las entidades que dirigen y así poder cumplir con el acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico para que cerca de 1,700 empleados públicos que pudieran acogerse al retiro en cumplimiento de la Ley 80-2020 (Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos).
Entre tanto, la Cámara baja aprobó una medida que enmienda el Código Penal de Puerto Rico sobre el delito de agresión sexual conyugal.
Se trata del Proyecto del Senado 731, que establece la no prescripción para delitos de incesto, agresión sexual, actos lascivos, trata humana, secuestro agravado, entre otros delitos, cuando son cometidos contra menores de 18 años y el acusado es mayor 18 años.
A su vez, luego de un extenso debate, el pleno aprobó con 26 votos a favor y 11 votos en contra una resolución que investiga los señalamientos realizados por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, el pasado domingo durante un acto político.
El PPD tomó varios turnos referente a la medida que busca atender alegados asuntos de corrupción en el Gobierno.
La Resolución de la Cámara 917, de la autoría del representante PPD, Héctor Ferrer Santiago, investiga la posible comisión de los delitos y violación ética relacionada a conductas de amenazas, discrimen y persecución política, y cualquier otro acto de corrupción ante los señalamientos de González Colón.
Por su parte, el PNP defendió el trabajo realizado por la comisionada en Washington. También, invitó al partido en mayoría a “atender asuntos más importantes que afectan a la ciudadanía”, destacó el representante Eddie Charbonier.
TRATAN DETENER ALZA EN PRECIO DEL CAFÉ
El cuerpo legislativo ratificó una resolución con el fin de detener el aumento del café.
Se trata de la Resolución Concurrente de la Cámara 64, con el fin de dejar sin efecto una orden gubernamental radicada por el gobernador, Pedro R. Pierluisi, con el fin de decretar un aumento inmediato al precio del café importado.
“Esta Asamblea Legislativa entiende que el Gobierno debe requerir al Secretario del Departamento de Agricultura que elabore, junto a los representantes caficultores y estudiosos de la industria cafetalera, un inventario de necesidades urgentes de inversión para comenzar a satisfacer las necesidades y carencias de la industria del café puertorriqueño”, establece la resolución presentada por Hernández Montañez y de los representantes Jorge A. Rivera Segarra y Eladio Cardona Quiles.
La Cámara Baja cesó sus trabajos hasta el próximo martes, 7 de marzo de 2023 a la 1:00 p.m.INS
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