Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 30 ene (INS).- La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) denunció que, contrario a lo que anunciaron al país, los presidentes legislativos no sometieron al tribunal una impugnación al contrato de LUMA Energy, sino una objeción a la Declaración de Divulgación del caso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, aclaró que las gestiones de José Luis Dalmau Santiago y Rafael Hernández Montañez se dan en el vacío, al anunciar que acudieron a la Corte de Título III a impugnar el contrato de LUMA, pero un examen del documento radicado por los líderes legislativos demuestra que esa caracterización es falsa, pues no radicaron la anunciada demanda, sino una mera objeción. Nuevamente, con sus acciones, le vuelven a mentir al país”.
El dirigente sindical explicó que en la acción no se pide, ni se puede anular la extensión del contrato con LUMA, a la vez que recordó que cuando se aprobó la extensión del contrato suplementario, el 30 de noviembre de 2022, los presidentes legislativos fueron muy vocales sobre su intención de impugnar la validez de esa extensión.
“Cuando se anunció la extensión los legisladores dijeron que impugnarían dicha extensión por varios fundamentos anclados en las leyes que habilitan este tipo de alianza público-privada. Particularmente, se amparaban en la falta de voto afirmativo de los representantes del interés público. No obstante, esto no es lo que han hecho”, añadió Figueroa Jaramillo.
La licenciada Jessica E. Méndez Colberg, vicepresidenta del Bufete Emmanuelli CSP, aclaró que “distinto a una demanda, que es lo que esperábamos de parte de la Legislatura, la objeción a la Declaración de Divulgación no inicia un proceso adversativo de impugnación del contrato”.
“A través de esta radicación, no se puede afectar ni invalidar el contrato de LUMA, por varias razones. La primera de ellas que el propósito limitado de la objeción no le permite a la Corte asumir jurisdicción ni competencia para atender los planteamientos sobre la invalidez del contrato de LUMA. Pero, de igual forma, debemos señalar que LUMA no es parte en el caso y que el proceso en el cual se está insertando la Legislatura está limitado a asuntos del contenido de la Declaración de Divulgación”, dijo la letrada.
Méndez Colberg detalló que el proceso, que actualmente se ventila ante la Corte de Título III, es la discusión sobre la Declaración de Divulgación, documento extenso que tiene el propósito de proveer a los acreedores y las partes interesadas en la quiebra de la AEE toda la información necesaria para votar respecto al Plan de Ajuste de Deuda de la AEE.
“Es como decir, un aviso a los acreedores y partes interesadas en la quiebra de la AEE de toda la información que motiva y sustenta el Plan de Ajuste de Deuda que presentó la Junta de Control Fiscal. Sin esa información, difícilmente puede tomarse una decisión informada en el caso”, concluyó Méndez Colberg.
De igual forma el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, presidente del Bufete Emmanuelli CSP, explicó que “ahora mismo, ese documento está bajo análisis y el 3 de febrero vence el término para que las partes presenten objeciones”.
“Estas objeciones tienen el propósito de exponerle a la Corte que la Declaración de Divulgación no es adecuada. Esto quiere decir que no tienen la información suficiente para tomar una decisión al momento de votar a favor o en contra del Plan. Eso es lo que presentaron los legisladores. Una objeción al contenido de la Declaración de Divulgación. Esto no tiene que ver nada con la anulación de la extensión del contrato con LUMA”, expuso.
El presidente de la Utier añadió que el remedio que está pidiendo la Legislatura es muy limitado al proceso de quiebra de la AEE y no tiene efecto alguno sobre el contrato de LUMA.
“Esto no concuerda con la exagerada versión de hechos que está circulando en los medios. Tampoco es lo que estos líderes legislativos han representado desde que se aprobó la extensión indefinida del contrato. Esta radicación, si no viene acompañado de una demanda para impugnar el contrato, es un acto vacío e inútil”, precisó Figueroa Jaramillo. “Si la Legislatura verdaderamente tiene la voluntad de solicitar la impugnación del contrato, no la está ejecutando. Parece ser una estrategia para conseguir titulares, no un intento genuino para terminar con este contrato leonino”.
Recalcó que “este fiasco sobre la extensión del contrato con LUMA se suma a la última traición de estos líderes legislativos que avalaron la privatización de la generación de la AEE. Acción que provocará alzas adicionales al costo de la energía en Puerto Rico que perjudicarán aún más a nuestro pueblo”. INS
ndc