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San Juan, 24 ene (INS).- Ante sospechas de que el gobierno de Pedro R. Pierluisi violenta la Ley 120 de 2018, los representantes Jesús Manuel Ortiz, José Rivera Madera y Héctor Ferrer Santiago presentaron hoy las RC 904 y RC 905 dirigidas a investigar las negociaciones con la empresa Genera PR relacionadas al traspaso de la administración de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como parte de su proceso de desmantelamiento.
“En vista que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ha mantenido en secreto absoluto el tema de la negociación y adjudicación de las propuestas de generación de energía, es meritorio que la Asamblea Legislativa, que representa a todos los puertorriqueños, investigue los asuntos relacionados a la negociación del contrato del que dependerá la generación de energía eléctrica en el país”, expresaron los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD).
Ortiz, quien preside la Comisión de Gobierno de la Cámara, expresó que el gobierno no ha fiscalizado correctamente el cumplimiento del contrato de LUMA Energy. “Ya sabemos cómo todo eso ha afectado a los ciudadanos. Ahora, pretenden hacer lo mismo con la generación de energía sin ofrecerle al país detalles sobre el contrato, sin la certeza sobre qué pasará con los empleados y sin información sobre cuánto le costará a Puerto Rico”.
“El gobierno de Pierluisi, no puede seguir gobernando y negociando a puertas cerradas. Ya basta de ocultarle al país las negociaciones al encubrir información importante que a largo plazo nos impactará a todos”, agregó.
Los representantes hicieron hincapié en que la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley 120 del 2018), establece que el sistema eléctrico no podrá venderse o ceder todos los activos de la AEE a un solo contratante.
“Esto contrasta con la poca información que ha salido a la luz pública que otorga a un solo consorcio la generación de la energía en la Isla”, plantearon.
El representante Rivera Madera, mientras, cuestionó la selección del consorcio conocido como Genera PR, ya que uno de sus miembros tiene señalamientos ante el gobierno federal de Estados Unidos por incumplimiento de regulaciones.
“El consorcio que escogió el gobierno, es una filial de la empresa New Fortress que se dedica a vender combustible y gas natural. Esto quiere decir que Genera PR, le comprará a New Fortress y el negocio se quedará entre ellos. ¿A quién ustedes creen que beneficia este acuerdo?, evidentemente al pueblo de Puerto Rico no es. Esto solo implicará un aumento en la factura de energía eléctrica y un país no es sostenible con altos costos en los servicios esenciales”, adujo.
El representante por acumulación Ferrer Santiago expresó que su preocupación principal es el costo que a mediano y largo plazo tendrán las personas con el costo de energía eléctrica. “Nos parece insostenible que sin entrar en vigor el contrato, tendremos que pagar los gastos operacionales de la transacción, más el costo de generación por parte de las compañías privatizadoras. Al igual que con LUMA, es el pueblo que pagará las malas decisiones de esta administración en privatizar servicios básicos como la generación de energía eléctrica”, dijo.
Los legisladores concluyeron que “el país necesita tener desarrollo económico y una parte fundamental es tener un sistema económico eficiente y confiable”.
“Los servicios esenciales van en detrimento y encareciendo cada día más por lo que es necesario que el pueblo conozca todos los detalles de la negociación y nos aseguremos que el contrato tenga todas las salvaguardas necesarias para garantizar un servicio de energía eléctrica asequible y confiable para todos los puertorriqueños”, recalcaron.INS
ndc