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Resumen de noticias para el martes 24 de enero de 2023.
P. Rico-Gobernador Pierluisi destaca avances en la transformación energética ante seminario virtual con Gobierno federal
San Juan, 24 ene (INS).- Con el objetivo de que Puerto Rico alcance la meta de tener 100 por ciento de energía renovable para 2050, el gobernador Pedro R. Pierluisi puntualizó ayer que el gobierno central ha tomado medidas concretas para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a energía limpia y resistente.
“Mi compromiso con la transformación energética de Puerto Rico, es inquebrantable. De hecho, las metas de mi Administración y el trabajo en curso del ‘Estudio de Resiliencia de la Red Eléctrica de Puerto Rico y Transiciones a Energía 100 por ciento renovable (PR-100)’ están directamente alineados, por lo que he tomado medidas y pasos concretos para asegurar que nuestra gente tenga acceso a una distribución de energía limpia y resiliente”, dijo el gobernador durante el seminario virtual “PR100 Actualización de Progreso de Un Año”, organizado por el Departamento de Energía federal (DOE, siglas en inglés).
Este estudio, dirigido por el Grid Deployment Office del Departamento de Energía federal es el resultado de la firma de un Acuerdo interagencial que firmaron en febrero del año pasado el gobierno local, la secretaria del DOE, Jennifer Granholm; la secretaria del HUD, Marcia Fudge y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.
Durante su alocución el gobernador Pierluisi destacó que, en los pasados dos años, se han interconectado 45 mil sistemas solares de techo a la red eléctrica, estadísticas que revelan que este es el punto más alto de interconexiones de los pasados 10 años. También, que con fondos del Programa de Subvenciones Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG) y del Plan de Rescate Americano (ARPA), se han otorgado subsidios e incentivos a familias de bajos ingresos así como a pequeñas empresas.
“Como Gobierno hemos acelerado el proceso de contratación de 18 proyectos de energía renovable a gran escala para ser integrados en la red eléctrica y ya hay varios que se encuentran en las fases de reconstrucción y construcción. También, estamos en las etapas finales de lo que será la próxima ronda de proyectos de energía renovable que aportarán a la red 1000 megavatios adicionales de generación y 500 megavatios de almacenamiento por lo que actualmente nos encontramos en el proceso de contratación”, destacó el gobernador ante los participantes, incluyendo a la secretaria del DOE y a la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell.
Añadió que “mi Administración, en coordinación con el DOE, logró la asistencia de FEMA y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, para incorporar generación de energía temporal y que a su vez se realicen mejoras claves en nuestra red, así como en las plantas generatrices. Esto provocará la estabilidad necesaria en nuestro sistema energético para de esta forma acelerar la reconstrucción de la red, así como la construcción e instalación de proyectos a gran escala incluyendo microrredes y sistemas solares de techo adicionales. Estoy más que seguro y comprometido en garantizar que en los próximos dos años el avance en nuestros objetivos de energía renovable será exponencial para nuestra Isla”.
Por otra parte, el primer ejecutivo repasó las estrategias que el Gobierno central ha implementado con el apoyo del Gobierno federal para acelerar el proceso de renovación energética incluyendo el programa Apoyo Energético mediante el cual 888 pequeños negocios han recibido subsidios para adquirir sistemas y baterías solares con $20 millones de fondos ARPA. “Hemos identificado $30 millones adicionales de fondos CDBG para este proyecto y beneficiar a más de mil pequeños comercios”, informó.
En torno al CDBG Community and Water Resilience Installation Program, el gobernador destacó que se han asignado $300 millones para proveer a más de 10 mil beneficiarios del programa de viviendas Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), paneles, baterías y cisternas solares. También, con los $500 millones del CDBG MIT Allocation, en los próximos meses cerca de 20 mil familias de escasos y medianos recursos serán impactadas con baterías y sistemas de energía solar. A esto se suman los $1,000 millones que el Congreso asignó para fomentar la resiliencia energética de Puerto Rico y los $1,300 millones de CDGB-DR para construir microrredes incluyendo la del Centro Médico de Río Piedras.
“Estamos en el proceso de una coyuntura histórica para transformar nuestro sistema energético. Estoy seguro de que en los próximos meses y años nuestras metas compartidas, incluyendo las recomendaciones del PR-100, estarán marcha y en todo su apogeo porque todos verán un progreso equitativo hacia una energía renovable y confiable”, concluyó el gobernador. INS
EEUU-González Colón destaca el enfoque de estabilización de la capacidad energética en el informe PR100
Washington, 24 ene (INS).- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, destacó la importancia en la estabilización y expansión de la capacidad energética, de manera inmediata, que resaltan los resultados revelados ayer, en una sesión informativa en línea, del estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable (PR100).
El estudio lo conduce el Grid Deployment Office (GDO) del Departamento de Energía federal (DOE, siglas en inglés) para analizar el potencial de hacer una transición a la energía renovable en la isla, para el año 2050.
En la sesión de DOE y FEMA, explicaron que dicho estudio está basado en posibles escenarios con las distintas fuentes de energía renovable -solar, eólica marina y energía eólica terrestre- y proyectando cómo estas podrían ser utilizadas y a que capacidad.
El estudio revela que, técnicamente, sí existe el potencial para alcanzar y exceder la meta de 100% energía renovable en 2050, más para lograrlo tiene que haber la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución. A preguntas de participantes, los funcionarios en el panel indicaron que igualmente es necesaria la estabilización y expansión a corto plazo de la capacidad existente para poder permitir energía confiable en lo que se logra la implantación de los planes.
“El resultado preliminar muestra que existe alto potencial para lograr la meta de energía renovable y que la parte crítica es identificar qué alternativas son más viables. Esperamos poder ver en el segundo año del estudio evaluarse más a fondo dichas opciones”, indicó la comisionada.
La comisionada residente destacó que en la discusión tanto la secretaria de Energía Granholm como la administradora Criswell de FEMA reconocieron la necesidad imperiosa de capacidad de generación a corto plazo para estabilizar el sistema.
“Es importante que destacaron que las asignaciones que logré de sobre $9.6 billones en fondos de FEMA y de sobre $1.8 billones de CDBG-DR para recuperación a largo plazo están dirigidas a la reconstrucción y mejora del sistema, con la flexibilidad para hacer uso de la capacidad instalada como medida de transición hacia la meta ulterior. Que no privan el uso para una u otra alternativa. En el segundo año del estudio esperamos de DOE y FEMA se mantengan en conversación con el Negociado de Energía, las industrias y las comunidades para recomendar cursos que cumplan con el Plan Integrado de Recursos y con los requisitos del Plan de Acción para los fondos de FEMA”.
La comisionada en su actividad congresional relacionada a la energía renovable ha promovido el acceso a energía solar residencial además de que se estudie la posibilidad de desarrollar energía eólica marina en aguas federales adyacentes a los territorios de los Estados Unidos.
En octubre de 2022, la comisionada fue parte de un esfuerzo bipartita para asegurar que Puerto Rico recibiera $1 billón a través del Departamento de Energía para favorecer la recuperación energética en las comunidades, mediante un programa para ofrecer a familias de bajos recursos y personas con impedimento, acceso a sistemas de energía solar y de baterías.
La asignación finalmente formó parte del acuerdo presupuestario firmado en diciembre pasado. Esta iniciativa fue destacada por la secretaria Granholm durante su presentación en panel, así como por el gobernador Pedro R. Pierluisi durante su intervención en el mismo.
González Colón también aseguró lenguaje en el Inflation Reduction Act (Ley Pública 117-169) donde se autoriza al Departamento del Interior a analizar la viabilidad y de así serlo, acoger las propuestas que surjan para llevar a cabo proyectos de energía eólica en aguas de jurisdicción federal adyacentes a Puerto Rico y el resto de los territorios. Esto recogió lenguaje similar al de su — HR 1689, Offshore Wind for Territories Act – que había estado presentado previamente.
“En ninguna parte del informe presentado hoy se expresó ni por la secretaria Granholm in la administradora Griswold que se descarte o se prohíba el uso de gas natural para la transición a corto plazo. Lo que sí indicó la Administradora de FEMA fue que los recursos que ellos proveerán para eso serán para uso transicional. El informe de DOE sí indica que hay potencial para proveer esa capacidad renovable pero que las decisiones a corto plazo deben evaluarse con cuidado para que la instalación rápida de ambos sistemas tanto de combustible fósil como de renovables — y así mismo lo dice el texto, ambos — no resulte en crear proyectos que luego deban cerrar antes de recuperarse lo invertido, y en eso estamos totalmente de acuerdo”, añadió la congresista.
El “Estudio de resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico y transiciones a energía 100% renovable (PR100)”es un estudio de dos años dirigido por el Grid Deployment Office (GDO) del Departamento de Energía Federal (DOE, por sus siglas en inglés) y su equipo de laboratorios nacionales para analizar exhaustivamente los caminos para transicionar a la energía renovable, informado por ciudadanos de Puerto Rico. INS
P. Rico-Representante Márquez Lebrón propone investigar acuerdo de privatización de la generación de electricidad
San Juan, 24 ene (INS).- El representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), anunció la presentación de la resolución 902 dirigida a investigar el proceso de aprobación del acuerdo de privatización de la generación de electricidad pactado entre la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la empresa Genera PR.
“Con la privatización de la generación de electricidad, la administración actual da el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones cruciales que el sector público ha desempeñado desde siempre. Se trata de la violación al derecho humano a la energía, fundamental en nuestra sociedad”, manifestó Márquez Lebrón.
El portavoz cameral de PIP precisó que la resolución propone investigar —entre otros asuntos planteados en la medida legislativa— la posibilidad de más aumentos en la tarifa eléctrica, las potenciales consecuencias del contrato de privatización de la generación de electricidad, las similitudes entre ese acuerdo con el contrato de privatización de las fases de transmisión y distribución de electricidad con LUMA Energy.
Además, si Genera PR fue creada con miras a participar del proceso de privatización, el proceso de licitación y si la puesta en marcha de lo acordado es contraria a que en el futuro previsible Puerto Rico pueda experimentar transformar la producción de electricidad con fuentes energéticas renovables.
“Este acuerdo impone una carga económica a la AEE, que podría traer como consecuencia más aumentos en la factura del servicio eléctrico, pero sobre todo se trata de una carga económica innecesaria toda vez que la agencia ha invertido recursos para estabilizar el sistema de producción (generación) de energía y ha aprobado un plan para atender las situaciones que enfrenta debido a la fragilidad de su infraestructura. Lo menos que podemos hacer desde la Legislatura es investigar exhaustivamente este contrato”, agregó Márquez.
El legislador señaló, además, que el referido acuerdo entrega al consorcio Genera PR el derecho a administrar por los próximos diez años las centrales termoeléctricas de la AEE, lo que convertiría a la esa empresa privada, de facto, en un monopolio con las implicaciones que ello acarrea.
Márquez Lebrón resaltó también que la investigación incluye analizar las consecuencias sobre los empleados de la AEE, sus convenios colectivos y su sistema de retiro.
“Este contrato no exigirá a Genera PR ningún tipo de inversión de capital, es decir, no desembolsará fondos en el desempeño de un rol fundamental para el sistema eléctrico del país y, por ende, para la estabilidad de nuestra economía. Varios sectores han planteado que el contrato de privatización podría carecer de herramientas para fiscalizar al privatizador, como ha sido el caso con el contrato de LUMA Energy y por eso desde nuestro espacio en la Legislatura insistiremos en investigar en cumplimiento con nuestra labor fiscalizadora”, indicó el portavoz independentista. INS
P. Rico-Avala el Senado creación de campaña educativa para dar a conocer derechos de la comunidad sorda en los tribunales
San Juan, 24 ene (INS).- Con el propósito de darle mayor visibilidad a la comunidad sorda del país, el Senado de Puerto Rico avaló, durante los trabajos de la quinta Sesión Ordinaria la Resolución Conjunta del Senado 255 destinada a que esa comunidad conozca sus derechos en los tribunales y foros adjudicativos.
La pieza legislativa es de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y ordena a la Oficina de Administración de los Tribunales, al Departamento de Justicia, al Negociado de la Policía y a la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda con el Gobierno a desarrollar una campaña educativa, en coordinación con entidades expertas en el tema.
La intención de la medida es dar a conocer los derechos de la comunidad sorda en los tribunales y foros adjudicativos.
Según lee la exposición de motivos, “aunque el historial legislativo anterior representa un gran avance en la lucha constante por hacer valer los derechos de la comunidad sorda, aún quedan espacios por cubrir. Por ejemplo, es imperativo el llevar a cabo campañas educativas a través de medios informativos conocidos y que sean conformes a las necesidades de esta comunidad”.
Por otro lado, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto del Senado 353, de la autoría de la senadora Migdalia Gonzales Arroyo, del Partido Popular Democrático, y del senador William Villafañe Ramos, del Partido Nuevo Progresista, para añadir un capítulo al Código de Incentivos de Puerto Rico.
Con esto se pretende que el otorgamiento de todos los incentivos y exenciones dispuestas en el Código, que afecten o correspondan a los municipios, tendrán que avalarse mediante ordenanza municipal.
Mediante la medida se establece que el municipio, a través de una ordenanza, establecerá si confiere o no, cualquier incentivo o exención aplicable, de modo que cuando un individuo solicite los beneficios de este Código, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) notificará al ayuntamiento afectado, concediéndole 30 días calendario para que notifique su decisión respecto a los incentivos y exenciones solicitadas”.
Durante su turno, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, defendió la medida al expresar que “este proyecto le da precisamente la facultad a los municipios para que pueden evaluar si se puede dar o no esos decretos”.
Añadió que “los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con los alcaldes, hay que buscar la forma de que los alcaldes tengan las herramientas en las manos… no todo los 78 municipios tienen la oportunidad de que se otorguen decretos, este proyecto es justo y necesario para que los alcaldes tengan las herramientas y hacerles justicia”.
Por su parte, la senadora por la delegación de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que “este proyecto, lamentablemente, lejos de atraer la inversión, hace todo lo opuesto… mediante esta legislación estaríamos convirtiendo a los 78 municipios en 78 países”.
“Esto a todas luces nos debe plantear si esta medida abona a la sana gobernanza y en esencia al desarrollo económico… me preocupa que lejos de desarrollar una política económica coherente, (sea todo lo contrario) en esencia me parece que es mala política pública que aquí se propone”, apuntó Rodríguez Veve.
También, se aprobó el Proyecto del Senado 796 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, para enmendar la Ley para Reglamentar la Profesión de Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de Diagnóstico y Tecnólogos en Radioterapia en Puerto Rico, a los fines de incluir nuevas definiciones y requisitos relacionados con el ejercicio de la profesión de los tecnólogos radiológicos.
Del mismo, se aprobó la Resolución del Senado 318, de la senadora Ada García Montes, que propone ordenar al secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor llevar a cabo todas las gestiones administrativas requeridas por virtud de las leyes o reglamentos aplicables a los efectos de declarar e incluir el alimento para perros y gatos como un artículo de primera necesidad en Puerto Rico.
“Los animales son parte de nuestra vida diaria en comunidad, y su alimento es considerado uno de los productos primarios en la mayoría de los hogares puertorriqueños. Por lo que, al momento de una emergencia o desastre, requiere tomar diferentes medidas para mantener seguras a nuestras mascotas, en particular su alimentación y el agua, elementos básicos para la supervivencia de todo ser vivo”, establece la medida.
Otra medida avalada por el Senado fue el Proyecto del Senado 964 que busca crear la Ley para Fomentar el Sistema de Alcantarillado Sanitario en Puerto Rico, a los fines de fomentar el uso de este sistema en todos los hogares en Puerto Rico y para otros fines relacionados.
“En cuanto a la infraestructura sanitaria, más de la mitad de la población de Puerto Rico carece de servicio de alcantarillado sanitario. Peor aún, un estudio realizado por la EPA demostró que el 90% de los pozos sépticos operan deficientemente. Estas descargas de aguas usadas sin tratar o parcialmente tratadas son la causa principal de que el 60% de los ríos y quebradas no cumplan con las normas de calidad de agua”, dice en su exposición de motivos el proyecto.
De igual forma, se le dio paso al Proyecto del Senado 965 que pretende crear la Ley de Política Pública para Fomentar y Educar sobre la Instalación de Techos Verdes, a los fines de establecer un programa para fomentar y educar sobre las ventajas de implantar techos verdes; establecer prioridades por zonas y para otros fines relacionados.
Finalmente, se les dio paso al Proyecto del Senado 1008, la Resoluciones Conjuntas 273 y 278; así como el Proyecto de la Cámara 989. INS
ndc