R. Dominicana-El Estado dominicano pide un embargo retentivo de $406,7 millones a los bienes de los imputados en el caso de corrupción  Antipulpo

Santo Domingo, 23 ene (INS).- El Estado dominicano solicitó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, disponer la apertura de juicio penal y el embargo conservatorio por RD$23,903,465,542 (equivalente a 406,7 millones de dólares) en el proceso que se sigue a los imputados y empresas acusadas en el caso de corrupción Antipulpo, que involucra a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

La petición fue formalizada a través del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) designado por el Poder Ejecutivo para recuperar miles de millones de pesos sustraídos del erario de manera irregular.

Al reclamar que sean procesados Juan Alexis Medina Sánchez y otras 25 personas físicas y 21 compañías acusadas de formar una red que estafó al Estado con miles de millones de pesos, se pidió la declaratoria de conjunto económico y levantamiento del velo corporativo de las empresas incriminadas.

Juan Alexis Medina Sánchez, quien es mantenido en prisión domiciliara con un grillete electrónico, es señalado como el principal cabecilla del entramado societario de corrupción administrativa que presuntamente promovió un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios estatales.

“Con el levantamiento del velo corporativo, el Estado dominicano persigue garantizar la ejecución de la sentencia de fondo a intervenir en la etapa de juicio, persiguiendo directamente a los socios o accionistas de las entidades a comerciales acusadas”, explicó el abogado Jorge López Hilario.

El juez Deiby Peguero autorizó en julio del año 2022 el embargo retentivo de diez millones de pesos (176,837 dólares) en favor del Poder Ejecutivo al dictar auto de apertura a audiencia en el caso de la acusada Milagros Isabel Torres Castellanos, socia de la empresa Editorama, que también forma parte del proceso, quién por una condición de salud se le conoció su proceso separado de los demás encartados.

Torres Castellanos fue acusada por el Ministerio Público y por el Estado Dominicano de lavado de activos, asociación de malhechores y otros ilícitos penales.

Al concluir con la réplica, Jorge López indicó que este proceso “es histórico en la lucha contra la corrupción y la impunidad, toda vez que en apenas unos dos años que lleva el proceso, ya se han formalizado cuatro acuerdos donde los imputados aceptan su responsabilidad penal y retornan al fisco más de 350 millones de pesos (US$6,189,295) tanto en decomiso como en indemnizaciones”.

El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del gobernante Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por  dolo y lavado de activos.

También, están involucrados el expresidente del Fonper, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda, Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); el exfiscalizador de esa institución, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez; Julián Esteban Suriel Suazo; el excontralor general Rafael Antonio Germosén Andújar; Domingo Antonio Santiago Muñoz, Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El Ministerio Público, además, presentó cargos contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

Las tres mil pruebas

En ese contexto, el procurador adjunto Wilson Camacho reafirmó que la Operación Antipulpo “arroja una acusación blindada”, al destacar que durante la audiencia preliminar “los fiscales han aportado más de 3,000 pruebas en contra de los procesados por sustraer miles de millones de pesos a todos los contribuyentes”.

“Hemos demostrado, no con argumentos, nosotros hemos demostrado con evidencias, que Operación Antipulpo es una acusación blindada y las defensas han venido con carabinas vacías y, por vía de consecuencia, habrá de suceder lo que nosotros hemos predicho, que  este caso debe recibir auto de apertura a juicio para todos aquellos acusados que no han llegado acuerdos”, expuso el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Con relación a cuatro acusados que han llegado a acuerdos luego de declararse culpables a condición de recibir penalidades mínimas, entre ellos el ex funcionario Francisco Antonio Pagán, el procurador Camacho dijo que “debe resolverse ese tema en esta audiencia y debe dictarse sentencia condenatoria con relación a los abreviados y suspensión condicional del procedimiento con relación a la persona que se acogió a este tipo de soluciones”. INS

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