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Resumen de noticias para el miércoles, 18 de enero de 2023.
P. Rico-Investigarán estado del puente atirantado de Naranjito ante sospechas de corrupción
San Juan, 18 ene (INS).- El cuerpo legislativo avaló a viva voz la Resolución de la Cámara 679, que conducirá una investigación sobre el estado de las reparaciones y mejoras al puente atirantado Jesús Izcoa Moure en Naranjito, ante sospechas de corrupción.
La pesquisa estará a cargo de la Comisión de Transportación y la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de cara al cierre indefinido de la estructura el próximo 30 de enero mientras la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) completa los trabajos de rehabilitación.
Según ha trascendido, la reparación del puente de 703 metros tendrá un coste aproximado de $25.9 millones. La obra, inaugurada en octubre de 2008, fue completada por el contratista Las Piedras Construction a un valor de $31 millones, cuantía sobre la cual se suman posteriores asignaciones estatales y federales para su acondicionamiento, reparación y atención de emergencia.
“Esta investigación que vamos a estar realizando en los próximos días se va a hacer seria y responsable. No nos va a temblar el pulso para adjudicar las faltas a quien sea, y al gobierno que sea”, expresó el representante popular Juan José Santiago Nieves, autor de la resolución y legislador por el Distrito 28 de Naranjito, Barranquitas, Corozal y Comerío.
Una década después de iniciada la vida útil, la ACT determinó la urgencia de realizar reparaciones al puente situado en la carretera PR-5 en Naranjito. Según la resolución radicada en febrero de 2022, la agencia no ha completado esos trabajos a pesar de estar vigente una asignación federal de $500 millones para obras y mejoras en las carreteras estatales.
Entre los asuntos de mayor importancia, la medida destaca la necesidad de reparar las ondulaciones del suelo pavimentado de la estructura; proveer mejor señalización e iluminación; realizar arreglos y sustitución de los cables de tensión, así como otras medidas de infraestructura apremiantes para garantizar la seguridad de los más de 14,000 conductores que transitan por el puente diariamente.
SOBRE LA MESA MEDIDA PARA CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO
Por otro lado, la Cámara de Representantes dejó sobre la mesa hoy, martes, una medida para adoptar un plan de control de contaminación acústica en los cuerpos de agua, reservas naturales y áreas turísticas de Puerto Rico con el fin de propiciar un ambiente libre de ruido en estas zonas.
El Proyecto de la Cámara 576 recibió 23 votos a favor y 19 en contra durante los trabajos de la sesión ordinaria. La medida —de la autoría de los representantes Joel Franqui Atiles, Edgardo Feliciano Sánchez y Orlando Aponte Rosario— buscaba imponer multas no menor de $500 a toda persona que viole las prohibiciones de ruido excesivo o innecesario en las áreas designadas zonas de tranquilidad. Sin embargo, el pleno avaló reconsiderar el proyecto de ley en una próxima sesión legislativa.
“En definitiva, la contaminación por ruido no solo afecta nuestro diario vivir, sino que lacera la integridad de nuestra fauna y nuestros recursos naturales, privándonos de su disfrute y atentando contra el desarrollo socioeconómico de nuestra isla”, reza el proyecto.
Tras aprobarse una serie de enmiendas en sala, la medida perseguía incluir un nuevo artículo para disponer que incurrirá en delito menos grave toda persona que cometa alteración a la paz en áreas recreativas mediante conductas ofensivas, ya sea mediante expresiones, vituperios, oprobios, desafíos, provocaciones, palabras insultantes o actos que puedan provocar una reacción violenta o airada en quien las escucha.
Estas enmiendas resultaron en el voto en contra de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad y diversos legisladores del Partido Popular Democrático (PPD).
Según establece la pieza legislativa, los cayos, playas, ríos, reservas naturales y áreas turísticas de la isla serán conocidas como zonas de tranquilidad, por lo que se prohibirá el uso de radios y bocinas portátiles con amplificación, salvo la utilización de radios portátiles de uso personal con audífonos.
Asimismo, aquellas embarcaciones que cuenten con radios no podrán ser utilizadas en estas áreas. Cualquier persona que cometa una infracción estará sujeto a una primera multa de $500 y, en caso de ser reincidente dentro de un año a partir de la primera violación, la multa podrá ser de hasta $1,000.
Una tercera reincidencia dentro de un periodo de dos años a partir de la primera infracción podrá conllevar una multa de hasta $5,000 y la confiscación de la embarcación desde la cual se emitió el ruido.
Inicialmente, la medida perseguía controlar la contaminación por ruido en la zona de la reserva natural de La Parguera, en Lajas, pero fue enmendada durante el trámite legislativo para expandir la reglamentación a toda la isla.
El pleno avaló reconsiderar el proyecto de ley en una próxima sesión legislativa. INS
P. Rico-Cámara de Representantes da ultimátum a Educación y Edificios Públicos
San Juan, 18 ene (INS).- La Cámara de Representantes dio un ultimátum ayer al Departamento de Educación y a la Autoridad de Edificios Públicos para presentar mediante evidencia el cumplimento de varias leyes aprobadas entre las cuales se incluyen, por separado, la inclusión de cursos de lenguaje de señas en el currículo de enseñanza, reparaciones estructurales, y el establecimiento de una escuela especializada en deporte.
Según informó la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara, Deborah Soto Arroyo, por medio de la Resolución de la Cámara 896 se le requirió al Departamento de Educación que, dentro del término de (5) días laborables, provea evidencia del cumplimento de la Resolución Conjunta 35-2021, con la finalidad de implementar lo dispuesto en la Ley 56-2018, sobre incluir cursos de lenguaje de señas en el currículo de enseñanza de las escuelas de Puerto Rico en el nivel elemental, intermedio y superior.
Del mismo modo, Soto Arroyo informó la aprobación de la Resolución de la Cámara 894 requiriendo al Departamento de Educación de Puerto Rico y a la Autoridad de Edificios Públicos, que en cinco (5) días, provea el estado de las gestiones sobre las reparaciones estructurales sin realizar de la escuela María Teresa Piñeiro de Toa Baja.
Asimismo, anunció la aprobación de la Resolución de la Cámara 895 ordenando a Educación a proveer en cinco (5) días el estudio de viabilidad ordenado mediante la Resolución Conjunta 36-2021, con la finalidad de establecer una escuela especializada en deportes en las instalaciones de la escuela Basilio Milán Hernández del Municipio de Toa Baja.
“Tanto Educación, así como la Autoridad de Edificios Públicos han tenido tiempo más que suficiente para presentar evidencia de que han cumplido con las mencionadas leyes aprobadas. Esta Cámara de Representantes cumplió con su deber ministerial, y ahora le corresponde a estas agencias ejecutar”, subrayó Soto Arroyo.
Expresó que “el país y nuestros estudiantes están hartos de tantas dilaciones, excusas y procesos burocráticos. Mediante estas resoluciones le estamos ordenando a estas agencias que, de una vez y por todas hagan su trabajo”. INS
P. Rico-Delegación legislativa de Victoria Ciudadana repudia la privatización de la generación de energía, ya que el gobierno debería tener como prioridad garantizar los servicios esenciales
San Juan, 18 ene (INS).- La delegación legislativa del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) repudió ayer la privatización de la generación de energía, al tiempo que acusó al gobernador Pedro R. Pierluisi y al liderazgo legislativo, de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP), en su afán de privatizar a como dé lugar, una vez más anteponen intereses privados al interés público.
La portavoz de MVC en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén, expresó que “los gobiernos deberían tener como prioridad garantizar los servicios esenciales y velar por el bienestar y la vida digna de la ciudadanía”.
“Llamamos servicios esenciales a esos derechos humanos como la salud, la vivienda, la educación el ambiente sostenible, el acceso a tecnologías de información y comunicación, así como acceso a la energía, entre otros”, detalló.
La senadora indicó que “eso cuesta sin duda, pero es la inversión necesaria que todo gobierno debe hacer, junto a una administración transparente del uso de los bienes públicos”.
“La privatización de la generación de la energía eléctrica es otra fase en la entrega a la lógica del mercado y las ganancias privadas de servicios que deben tener como su fin principal garantizar que las personas tengan acceso a los mismos”, añadió Rivera Lassén.
La representante Mariana Nogales Molinelli reaccionó sorprendida con el hecho de que le hayan otorgado un contrato monopolístico que privatiza el 60% de la generación a una empresa, ahora con otro nombre, que ya le falló al país y que dejó de suplir gas a las unidades 5 y 6 de AEE.
“¿Y ahora le vamos a entregar Aguirre, Palo Seco, Arecibo, Costa Sur, entre otros? Tenemos que cortar el mal de la raíz y eliminar la Autoridad de Alianzas Público-Privadas creada en 2009 por la administración de Luis Fortuño. Para eso hemos presentado dos medidas para eliminar la AAPP, cancelar todos los contratos de privatización y establecer el comité de recuperación de los servicios públicos”, puntualizó.
Nogales Molinelli consideró que “mientras tanto, debemos enfocar todos nuestros esfuerzos en evitar que se formalice ese contrato de monopolio privado y trabajar para cancelar el contrato de LUMA Energy”.
La delegación legislativa del MVC destacó que esto forma parte de un patrón establecido por el PNP y el PPD de entregar el país a la empresa privada, particularmente las de sus colaboradores políticos.
“Es insólito que mientras el pueblo padece las consecuencias de privatizar la distribución de energía en manos de LUMA, ahora se insista en privatizar las plantas generatrices. Peor aún, habiendo visto los conflictos de interés en el caso de LUMA y sus contratos jugosos con empresas matrices, se pretende entregar las plantas generatrices a un consorcio compuesto por un (proveedor) de combustible”, dijo el representante José Bernardo Márquez Reyes
Planteó, además, si “somos tan ingenuos para pensar que ese suplidor (proveedor) no se verá favorecido por la operación de las plantas generatrices por su subsidiaria”.
“El gobernador Pierluisi y el liderato legislativo, en su afán de privatizar a como dé lugar, una vez más anteponen intereses privados al interés público”, sentenció Márquez Reyes.
En tanto, el senador Rafael Bernabe señaló que, aunque la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido muy mal administrada por funcionarios corruptos y subcontratistas inescrupulosos, “hemos comprobado que la privatización no es la solución”.
“Se nos dice que hay dos opciones: el mal estado de la AEE en la actualidad o la privatización como único cambio posible. Nosotros insistimos que no hay dos, sino tres: además de la mala administración pública y la privatización, ambas fallidas, está la buena y transparente administración pública con participación laboral y ciudadana”.
El senador por Victoria Ciudadana finalmente destacó que “esto no es un sueño; durante décadas la AEE y su antecesora, la Autoridad de Fuentes Fluviales, realizaron una labor monumental: la electrificación de Puerto Rico, que las compañías privadas nunca emprendieron. Eso lo hicimos trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico, con ingenieros y técnicos comprometidos con el país. Y si lo hicimos antes, lo podemos hacer de nuevo”. INS
P. Rico-Arrestado agente federal por recibir soborno y hacer declaraciones falsas
San Juan, 18 ene (INS).- El agente federal especial Javier Delgado-Padín, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos —Servicio de Inmigración y Control de Aduanas—, fue imputado de recibir y aceptar soborno y hacer una declaración falsa.
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal en ese sentido el viernes, 13 de enero de 2023.
Según documentos judiciales, en marzo de 2020, Delgado-Padín, un agente federal con unos 19 años de servicio, aceptó dinero por su asistencia con el estatus migratorio de una persona a la que identifica como “F.A.”, nacional de República Dominicana residente en los Estados Unidos.
El segundo cargo de la acusación formal alega que, en septiembre de 2018, el demandado hizo deliberada y conscientemente una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en una solicitud de préstamo presentada al Plan de Ahorro de Ahorro para la Jubilación de Empleados Federales —conocido como TSP— al declarar que no estaba casado en una solicitud de préstamo por aproximadamente $49,140, cuando sabía que estaba legalmente casado en ese momento, lo que requería el consentimiento de su cónyuge para recibir un préstamo de su cuenta TSP.
“Investigar y enjuiciar a los funcionarios gubernamentales que abusan de sus puestos de confianza para recibir obsequios y gratificaciones ilegales o que cometen fraudes seguirá siendo una de las principales prioridades del Departamento de Justicia y de esta oficina”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
“La Oficina del Inspector General del DHS continuará trabajando con la Oficina del Fiscal Federal y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar e investigar agresivamente las denuncias de corrupción para proteger nuestras fronteras y la integridad del personal, los programas y las operaciones del DHS”, dijo Joseph V. Cuffari, Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
Delgado-Padín hizo su comparecencia inicial ante la corte este martes, 17 de enero, ante la magistrada de los EE. UU. Giselle López-Soler del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Departamento de Seguridad Nacional – Oficina del Inspector General está investigando el caso y el FBI, la Oficina de Campo de San Juan, la Unidad de Corrupción Pública colaboró durante el arresto.
La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy está procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia. INS
ndc