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El presidente Joe Biden está en el vórtice de la pesquisa por la posesión de documentos secretos en espacios privados. Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 14 ene (INS).- El acceso del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos a documentos clasificados de seguridad nacional es una práctica común bajo las distintas administraciones gubernamentales en Washington, lo que no es una novedad, sino fuera por el alarmante problema de extracción ilegal de la custodia del Estado y su manejo negligente, como se ha puesto en evidencia ahora.
No es lo concerniente al acceso privilegiado a los documentos de la presidencia y la vicepresidencia de Estados Unidos, sino de las apropiaciones ilegales y la forma descuidada y negligente con que se manejaron, como es el caso de cuando el actual presidente Joe Biden era vicepresidente bajo Barack Obama. Igualmente, también, en los casos del maniatario Donald Trump, quien se apropió de documentos clasificados tras fracasar en su intento de reelección en las elecciones de 2020.
Alega Paul Anthony Gosar, político estadounidense de extrema derecha y miembro de la Cámara de Representantes federal, que “Joe Biden robó documentos clasificados y los escondió secretamente en su oficina mientras era vicepresidente y, sin embargo, de repente a los demócratas no les importa nada”, contrario a lo que sucedió con el expresidente Trump.
“La retención negligente de documentos clasificados es un delito que se castiga con hasta 10 años de prisión. Los republicanos en el Congreso investigarán y se asegurarán de que Biden responda por sus crímenes”, aseguró Gosar.
Los abogados de Biden encontraron, no un primer alijo de documentos clasificados, sino un segundo lote en una nueva ubicación, justo un día después de que el presidente dijera que estaba “sorprendido” al enterarse del primer conjunto de registros descubiertos en su oficina privada en Washington.
“Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que había registros del Gobierno que fueron llevados allí a esa oficina, pero no sé lo que hay en los documentos”, dijo Biden a los periodistas el 10 de enero.
El mandatario estadounidense agregó que “mis abogados no me sugirieron que preguntara qué documentos eran. Entregué las cajas. Entregaron las cajas a los Archivos (Nacionales) y estamos cooperando plenamente con la revisión y espero que termine pronto”.
El segundo alijo de documentos clasificados fue encontrado el 11 de enero por los asistentes de Biden, como parte de un esfuerzo por registrar las antiguas oficinas de Biden en busca de otros documentos que deban ser entregados a los Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia. No está claro cuántos documentos se encontraron en el segundo lote, cuándo o dónde fueron descubiertos, añade el informe.
Al parecer, el primer conjunto de documentos fue descubierto en noviembre de 2022, pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Los abogados de Biden encontraron archivos clasificados mientras despejaban el espacio de su oficina en el Penn Center, un centro de estudios con sede en Washington. El abogado especial de la Casa Blanca afirmó que se puso inmediatamente en contacto con los Archivos Nacionales de EEUU, que remitieron la información al Departamento de Justicia.
Este pasado 9 de enero los medios de comunicación informaron que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, designó a un fiscal federal para investigar cómo el material clasificado terminó en dicha oficina.
Según los medios de comunicación, el alijo de documentos secretos incluía memorandos e informes de los servicios de inteligencia estadounidenses sobre Ucrania, Irán y el Reino Unido fechados entre 2013 y 2016.
Algunos de los archivos estaban etiquetados como “Alto secreto”, con la designación de “información sensible compartimentada” (SCI, por sus siglas en inglés), utilizada para información altamente sensible obtenida de fuentes de inteligencia estadounidenses, añade el informe, que agrega que los archivos también contenían material relacionado con los preparativos del funeral del hijo del presidente, Beau Biden.
Estos hallazgos parece se han convertido ya en un patrón perturbador entre expresidentes y exvicepresidentes de pretender privatizar de manera descuidada y negligente documentación clasificada de ultrasecreta, por constituir “secretos de Estado”.
Primero fue Hillary Clinton, como Secretaria de Estado, luego Donald Trump y ahora Biden desde la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos.
Todavía está sin resolver el asunto del expresidente Donald Trump. Un equipo contratado por los abogados de Trump descubrió dos documentos marcados como “clasificados” que el expresidente de Estados Unidos (2017-2021) tenía en un depósito en Florida, un hallazgo del que han dado cuenta al Departamento de Justicia, informaron este miércoles medios estadounidenses.
El descubrimiento en un depósito en West Palm Beach, en el sureste de Florida, es resultado de una serie de búsquedas desarrolladas en cuatro lugares a raíz de la orden de un juez federal, ante la sospecha de que habría más documentos clasificados en manos del expresidente que no han sido devueltos al gobierno, según el diario The New York Times.
Las búsquedas se hicieron cerca de los festivos del Día de Acción de Gracias (24 de noviembre) en la Trump Tower de Nueva York, el club de golf del expresidente en Bedminster (Nueva Jersey), un almacén en Mar-a-Lago, la propiedad del exmandatario en Palm Beach, así como en el depósito de West Palm Beach, que es gestionado por la federal Administración de Servicios Generales.
De acuerdo con CNN, las búsquedas se hicieron bajo la supervisión del equipo legal de Trump, el cual incluso ofreció a los abogados del gobierno observar las pesquisas en la propiedad de Bedminster, oferta que fue rechazada.
Según la cadena de noticias, en respuesta a una solicitud hecha por el Departamento de Justicia durante una audiencia judicial los abogados de Trump evalúan permitir que los agentes federales registren de nuevo Mar-a-Lago para determinar si es que se han devuelto todos los documentos confidenciales del gobierno.
El Departamento de Justicia investiga el manejo de miles de documentos oficiales, incluidos unos 300 clasificados, que fueron retirados de la Casa Blanca al término del mandato de Trump en enero de 2021 y luego hallados por agentes del FBI en agosto pasado durante un registro en Mar-a-Lago.
El gobierno evalúa si por ello el expresidente incurrió en el delito de obstrucción a la justicia.
En medio de esta batalla legal, la semana pasada una corte de apelaciones dejó sin efecto la figura del perito especial designado por una instancia inferior para revisar los documentos hallados en la mansión en Florida de Trump.
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos dio así la razón al Departamento de Justicia, que dirige el demócrata Merrick Garland, y que en octubre había solicitado que se revocase la orden emitida por la jueza federal de Florida Aileen Canon que conllevó la designación del perito independiente.
En la batalla judicial de Trump, la figura del perito tenía la función de determinar a qué documentos clasificados puede acceder el Ejecutivo en su investigación y a cuáles no. No obstante, a lo que no hay derecho es a “privatizar” los documentos clasificados y mantenerlos en su poder, siendo propiedad exclusiva del Estado, que es su custodio oficial, por su carácter de confidenciales y sensitivos a la seguridad nacional de Estados Unidos. INS
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