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Resumen de noticias para el martes, 20 de diciembre de 2022
P. Rico-Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda cataloga de “peligrosos” dos nuevos cargos en la cuenta de la luz incluidos en el Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE
San Juan, 20 dic (INS).- El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público condenaron ayer dos nuevos cargos propuestos por la Junta de Control Fiscal a la factura de la luz para pagar la deuda de la AEE por los próximos 35 a 50 años.
“Tal y como venimos advirtiendo, la Junta insiste en nuevos cargos en la factura de la luz para pagar la deuda no auditada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La Junta propone, sin respaldo de los bonistas, repagar más de 5.4 mil millones de la deuda, pero ese recorte es insuficiente, porque para poder cumplir todavía con esa propuesta de pago tendría que establecer, no uno sino dos cargos, uno fijo (flat fee) para todos y otro que está amarrado al consumo individual de energía, que será devastador para las familias y comerciantes”, expresó el planificador José Rivera Santana.
El portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público anunció que la entidad publicó un informe en septiembre sobre las mediaciones de la Junta con los bonistas.
Mientras, Eva Prados Rodríguez, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda explicó que, de aprobarse la propuesta de la Junta, los dos nuevos cargos de luz estarán vigentes por las próximas cinco décadas.
“Más peligroso aún es que la Junta no esté incluyendo en este plan la cantidad específica de los aumentos, lo que es preocupante pues el país no soporta un aumento más. Somos la segunda jurisdicción de Estados Unidos con el costo más alto en el precio de la luz, lo que representa ya una carga económica insostenible en Puerto Rico. Más aumentos sólo provocarán el cierre de negocios, hospitales, desahucios y más pobreza para nuestras familias”, añadió Prados.
El Frente por la Auditoría de la Deuda, así como múltiples organizaciones y sectores, han señalado que se debe recortar sustancialmente e incluso cancelar esa deuda en bonos y que no existe en ese plan un análisis económico o ningún indicador que determine como viable la propuesta de la Junta, lo que podría llevar a un nuevo impago en el futuro.
Las organizaciones advierten que a pesar de que la jueza Laura Taylor Swain ha expresado que los aumentos de las tarifas no pueden exceder el ritmo de crecimiento económico del país, el plan de ajuste presentado por la Junta no incluye ninguna proyección económica que atienda ese señalamiento.
“Es indignante que la Junta esté publicando un plan sin el más mínimo nivel de transparencia sobre la sostenibilidad del pago ni de cuántos serán los aumentos que van a imponer al pueblo ni ningún análisis económico del impacto en la economía”, sentenció Rivera Santana.
La propuesta del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE presentado por la Junta de Control Fiscal no es final, demorará meses en aprobarse, a la par que continúan las negociaciones con los bonistas. Por esta razón, el Frente insiste al gobierno a oponerse a esta propuesta de plan y en que se está a tiempo para detener todos los aumentos que agravarían aún más la crisis económica del país. INS
P. Rico-Jueza presidenta del Tribunal Supremo pide que se incluya a funcionarios del Poder Judicial en la reforma salarial
San Juan, 20 dic (INS).- La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, reclamó ayer al gobernador Pedro R. Pierluisi y a la Junta de Supervisión Fiscal “que se incluya a los funcionarios del Poder Judicial en la reforma salarial que han anunciado para los demás empleados del gobierno”.
“La dignidad salarial no puede ser solo para algunos. Nuestras secretarias, trabajadoras sociales, mantenedores, alguaciles, abogados, mediadores y demás personal son esenciales para que todos los días se haga justicia en Puerto Rico. De la misma forma, nuestros jueces y juezas, que al igual que los fiscales y procuradores no reciben un aumento hace 20 años, también merecen una remuneración competitiva y que esté a la par con la del resto de los funcionarios del sistema de Justicia”, apuntó Oronoz.
Señaló que “una remuneración justa para todos los funcionarios del Poder Judicial es indispensable para que no se afecte la operación de los tribunales y así se lo hemos reiterado a la Junta de Supervisión Fiscal, al Ejecutivo y a la asamblea legislativa, para que tomen acción urgente”.
“No me cansaré de dar esta batalla en todos los frentes hasta que se reconozca una compensación justa para todos los funcionarios del Poder Judicial que a diario administran la justicia mediante la atención de los casos, controversias y conflictos, y garantizan los derechos y las libertades de las personas”, concluyó. INS
P. Rico-Victoria Ciudadana condena veto de Pierluisi a ley de legitimación activa ambiental
San Juan, 20 dic (INS).- La representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), aseguró ayer que “el gobernador Pedro Pierluisi escogió el bando de la destrucción ambiental al vetar el Proyecto de la Cámara 474”.
La medida crearía la ley de legitimación activa ambiental, para que cualquier persona pudiera defender la política pública ambiental en procesos administrativos y judiciales.
“Pierluisi pretende seguir engañándonos con una serie de argumentos que no se sostienen en la realidad. Pero no puede obligarnos a ponernos una venda en los ojos para no ver lo que está ocurriendo en cada esquina del archipiélago. El supuesto balance del que habla no existe, y lo sabe cada comunidad, cada organización, cada persona que ha intentado detener un crimen ambiental”, explicó Nogales Molinelli.
La legisladora resaltó que el gobernador ignoró por completo las opiniones de expertos y las experiencias de tantos grupos que estuvieron semanas educando en los medios de comunicación, enviándole cartas y promoviendo la aprobación de esta ley.
“Es terrible que el gobernador haya ignorado a tantas voces en un sistema que se supone que sea democrático. Prefirió escuchar a quienes básicamente han admitido su culpabilidad al oponerse a una medida que busca reducir la destrucción ambiental. ¿Si están haciendo las cosas conforme a la política pública ambiental por qué le tienen miedo a quienes quieren hacerla cumplir? La excusa es que van a proliferar las demandas caprichosas, pero todas las escuelas de derecho, que estudian el estado de nuestros tribunales, establecieron en sus ponencias, cartas y peticiones que esa no es la realidad”, argumentó.
Nogales Molinelli también desmintió que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) esté realizando un esfuerzo para reclutar a más vigilantes.
“La semana pasada, evidentemente en preparación para esta traición al país, se anunció con bombos y platillos que se haría una academia para reclutar a apenas 75 vigilantes. Esa cantidad ni siquiera da para sustituir a los más de 100 vigilantes que se acogerá a retiro a través de la Ley 80. Así que es mentira que vayamos a tener más vigilantes para velar por el cumplimiento de las leyes ambientales. Al contrario, vamos a tener menos cuando ya de por sí la plantilla actual no es suficiente”, apuntó
La representante adelantó que se encuentra evaluando la posibilidad de que el P. de la C. 474 sea reconsiderado por la legislatura, para que la asamblea legislativa vote para ir por encima del veto del gobernador.
“Haremos las gestiones para ver si es posible reconsiderar ese veto. Mientras tanto, seguiré y seguiremos haciendo lo necesario para defender los recursos naturales y la salud de la gente. Ahora cada vez que una protesta moleste al gobernador o a sus amigos, espero que recuerde que él fue quien mantuvo cerradas las puertas de las agencias y los tribunales para atender estas controversias directamente en los foros con poder para resolverlas”, recalcó.
Mientras, el coordinador general de Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, condenó la determinación del gobernador, pues a su juicio “la medida le daría una importante herramienta a la ciudadanía para defender y proteger los recursos naturales”.
“Puerto Rico atraviesa una crisis ambiental. La conservación de los recursos naturales debe ser una de las prioridades de todo gobernante. Sin embargo, Pierluisi no sólo incumple con su deber de proteger el medioambiente como gobernador de Puerto Rico, sino que también limita la capacidad de la ciudadanía para defender los recursos naturales”, señaló. INS
P. Rico-Justicia recomienda designación de FEI contra alcalde de Hatillo
San Juan, 20 dic (INS).- El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, notificó ayer dos referidos de alcaldes a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).
Tras una investigación liderada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia, el secretario Emanuelli Hernández recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde del municipio de Hatillo, Carlos Román Román, del Partido Popular Democrático (PPD), y a su oficial de prensa, José Daniel Padilla Romero, por la utilización de las instalaciones del ayuntamiento y empleados municipales para propósitos político-partidistas.
La investigación preliminar de la Dipac comenzó en el mes de mayo de 2022 y se originó luego de recibir una comunicación de William X. Rosales Concepción, en la cual alegó que el alcalde había utilizado las facilidades y el personal del municipio para grabar un video para una campaña político-partidista.
Finalizada la investigación preliminar, requerida por la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la Dipac concluyó que “existe causa suficiente para creer que el alcalde del municipio de Hatillo, Carlos Román Román, y el coautor José Daniel Padilla Romero, incurrieron en conducta delictiva tipificada en los artículos 5.012 y 13.000 de la Ley Núm. 222-2011, según enmendada, conocida como Ley para la Fiscalización de Campañas Políticas en Puerto Rico, por los hechos investigados. Por tanto, recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente”, indica el informe sobre la investigación preliminar.
El secretario de Justicia acogió la recomendación de la Dipac y envió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) el informe y el expediente.
Como parte de la política de divulgación de información, también se les envió comunicación notificando la recomendación a las partes, querellante y querelladas.
Debido a que la investigación preliminar se encuentra ante la consideración de la Opfei, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.
NO RECOMIENDAN FEI CONTRA EXALCALDE DE TRUJILLO ALTO
De otra parte, en hechos separados, la DIPAC completó la investigación de una querella presentada por Manuel Alonso López, coordinador de la Red Municipal de Trujillo Alto del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), relacionada con las actuaciones del exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, electo bajo la insignia del PPD.
En la querella, presentada en mayo de 2022, se solicitó que se investigaran tres alegaciones contra el exalcalde. En primer lugar, se planteó que el querellado no había tomado las medidas cautelares por las acciones de su ayudante especial, Radamés Benítez Cardona, quien había hecho alegación de culpabilidad en los cargos presentados por el Panel del FEI en 2015, y en diciembre de 2021 fue arrestado y acusado por los delitos de soborno, conspiración y extorsión por las autoridades federales.
Con respecto al arresto y acusación federal, el querellante alegó que las acciones ilegales que se le imputan al ayudante Benítez Cardona eran responsabilidad directa del ahora exalcalde, ya que requerían su autorización, intervención y supervisión por ser la figura de mayor autoridad en el municipio de Trujillo Alto.
Por último, Alonso López cuestionó el proceder del entonces alcalde Cruz Cruz, por esconderse y abandonar las funciones de su cargo después del arresto de su ayudante por las autoridades federales.
Finalmente, Alonso López solicitó que el querellado fuera destituido al amparo de las disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico.
La investigación preliminar realizada por la Dipac reveló, en cuanto a la primera alegación, que el querellado tomó las medidas administrativas pertinentes en el municipio, y procedió a imponer la sanción disciplinaria recomendada por el oficial examinador.
En torno a la segunda alegación del querellante, se determinó que, habiéndose presentado acusaciones en contra del querellado en el foro federal similares a las presentadas en contra de su ayudante, la norma recogida en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015), sobre la cláusula de doble exposición y la doctrina de doble soberanía, limita el proceder de la Dipac.
Finalmente, en lo referente a la alegación de que el querellado no ejerció sus funciones después del arresto de su ayudante, la prueba testifical y documental recopilada demuestra que este llevó a cabo sus funciones desde la alcaldía, pero alejado de los medios noticiosos. En vista de lo anterior, no recomendó la designación de un FEI.
Debido a que la investigación preliminar se encuentra ante la consideración de la Opfei, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso. INS
P. Rico-Anuncian reacreditación federal de la Oficina del Comisionado de Seguros
San Juan, 19 dic (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi y el comisionado de seguros, Alexander Adams Vega, anunciaron hoy que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) recibió nuevamente la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas).
La OCS recibió la determinación sobre la otorgación de la acreditación el pasado 12 de diciembre, tras votación del Comité de Normas de Regulación Financiera y Acreditación durante la reunión nacional de la NAIC en Tampa, Florida.
La acreditación -por cinco años- es una certificación otorgada por la NAIC a los reguladores de la industria de seguros en la jurisdicción de Estados Unidos, al demostrar el cumplimiento con estándares adecuados de regulación y supervisión de solvencia financiera de las compañías de seguros domésticas.
“Esta acreditación es un gran paso de avanzada y un logro que contribuye al crecimiento del sector de seguros en Puerto Rico, al reconocer que nuestra jurisdicción posee un marco de regulación eficaz y confiable para la inversión, la estabilidad y solidez financiera de las compañías de seguros que hacen o se interesen en hacer negocios en la isla. Felicito al comisionado Alexander Adams y a todo su equipo, que trabajaron arduamente para lograr esto”, dijo Pierluisi.
La NAIC suspendió en el 2020 la acreditación de la OCS luego de una transacción ocurrida en el Centro Internacional de Seguros con un asegurador proveniente de otro estado. Para recuperar la acreditación, la NAIC llevó a cabo en septiembre de 2022 una revisión completa de la regulación y las prácticas de supervisión financiera implementas por la OCS, incluyendo al Centro Internacional de Seguros. La acreditación se adquirió por primera vez en el año 2012. INS
ndc