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Rostros de los fiscales que repudian las sentencias favorables a los implicados en casos de corrupción. Inter News Service
Santo Domingo, 8 dic (INS).- La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) exhortó a los miembros del Ministerio Público a abandonar el populismo y enfocarse en fortalecer las investigaciones, en vez de formular críticas por las sentencias emitidas en los procesos que siguen a individuos implicados en actos de corrupción Coral, Antipulpo, Coral 5G y otros delitos complejos.
La entidad expresó su rechazo a las declaraciones dadas por el procurador fiscal de Santiago de los Caballeros, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de la provincia Duarte, Smailey Rodríguez y el procurador general adjunto, Wilson Camacho, quienes, que por separado repudiaron fallos jurídicos de los jueces que favorecen a personas implicadas en presuntos hechos delictivos.
En opinión de Judemo, estos pronunciamientos, “además de apartarse de la correcta e institucional conducción de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial”.
Los fiscales criticaron las decisiones de algunos jueces que han impuesto medidas menos gravosas como la garantía económica y hasta la libertad pura y simple a favor de imputados involucrados en hechos graves.
En el caso de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la jueza Yanibet Rivas, con la variación de la medida de coerción al general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza y Rossy Guzmán y su hijo Taner Flete, pretende que el Ministerio Público “no haga grandes investigaciones”.
Esas cuatro personas, implicados en el caso de corrupción administrativa denominada caso Coral, son acusadas de formar parte de una red que cometió acciones fraudulentas por más de 4,500 millones de pesos dominicanos (más de 83 millones de dólares) en perjuicio del fisco.
A los cuatro, la magistrada Yanibet Rivas les varió la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica, prisión domiciliaria, impedimento de salida y colocación de grilletes electrónicos.
En opinión de Camacho, la citada jueza, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, “pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y busca, en consecuencia, que el órgano de persecución ejerza de manera irresponsable su función y so no va a pasar”.
La decisión ha sido criticada por el Ministerio Público y sectores de la sociedad que han reaccionado sorprendidos por la forma tan fácil de los acusados de corrupción obtener sentencias que consideran complacientes.
“Debemos recordar que esos jueces actuaron en el marco que les confiere la ley; las decisiones de los jueces se atacan por medio de recursos; la normativa procesal penal consagra un catálogo de medidas de coerción además de la prisión preventiva, todas con carácter excepcional y que exigen el examen particular en cada caso; las medidas de coerción son instrumentos para garantizar la presencia de un imputado en el proceso y no sanciones sobre aquellos a quienes la Constitución les reconoce un estado de presunción de inocencia”, respondieron los jueces.
Además, recuerdan a los fiscales que: “La ley dominicana no contempla el debate o contradicción de casos en los medios de prensa, estableciendo con claridad que es en las audiencias fijadas ante los tribunales, que de forma oral y contradictoria se presentan y discuten los argumentos de derecho; y finalmente, el ordenamiento jurídico nacional cuenta con procedimientos de control de las actuaciones jurisdiccionales y éticas de los jueces y fiscales, normativa que se reputa conocida”.
En una comunicación de prensa suministrada a los medios, la institución que agrupa a los magistrados agrega “que el proceder de los procuradores Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez, lanzando ataques y acusaciones a los magistrados Yiberty Marín Polanco Herrán, Job García Hurtado y Darvin López, y del procurador adjunto, Wilson Camacho, realizando expresiones injuriosas en contra de la magistrada Yanibet Rivas y de todos los jueces que componemos el Poder Judicial, resquebraja la institucionalidad e independencia de este Poder del Estado, su autonomía y la majestad de la justicia, principios y valores que defenderemos siempre, máxime si los juzgadores han obrado en ocasión del poder que les ha sido delegado de dictar decisiones jurisdiccionales en nombre de la República”.
Pidió al Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que ejerce el control disciplinario sobre los fiscales, “reforzar, mediante cursos de formación, el debido comportamiento ético de estos miembros del Ministerio Público; así como, recordarles a los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla y Smailey Rodríguez y al procurador adjunto Wilson Camacho, lo dispuesto en Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11) en los artículos 79, 85 y 91”, dice la comunicación”.
Se recuerda que recientemente los jueves ordenaron quitar el grillete electrónico a Carmen Magaly Medina Sánchez que guarda prisión domiciliaria por el caso de corrupción Antipulpo, un entramado criminal que cometió acciones fraudulentas por miles de millones de pesos contra el Estado dominicano durante el gobierno del ex presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, según el Ministerio Público.
Por igual, varió la prisión preventiva por domiciliaria a favor de Alexis Medina Sánchez, a quien se atribuye ser el principal autor de esas prácticas dolosas. Ambos son hermanos del ex mandatario. INS
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