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La representante Lisie Burgos Muñiz. / Inter News Service
San Juan, 7 dic (INS).- La Comisión de Bienestar Social, presidida por la representante Lisie J. Burgos Muñiz, celebró hoy una vista pública para atender múltiples legislaciones que persiguen robustecer estatutos gubernamentales que establecen protocolos para el ofrecimiento de servicios y apoyo a personas sin hogar.
Se trata de los proyectos de la Cámara 1513 y 258, que buscan enmendar la Ley 130-2007 para simplificar la prestación de servicios gubernamentales a la población sin hogar y otorgar mayores capacidades al Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar, adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), respectivamente.
“Las personas sin hogar no son únicamente personas adictas a drogas o alcohol. También tenemos estudiantes que comen una vez al día y no cuentan con un techo seguro. Hay jóvenes que por cualquier razón sus padres los sacan del hogar. Hay muchas situaciones que hay que traer a la mesa y trabajarlas, porque el sinhogarismo va a continuar en aumento con los problemas que actualmente enfrenta la sociedad puertorriqueña”, destacó Burgos Muñiz.
La Comisión recibió ponencias escritas de la Assmca, el Departamento de Salud y el Departamento de la Vivienda. Las agencias citadas avalaron la aprobación del PC 1513 y el PC 258, con enmiendas.
Según el administrador de Assmca, Carlos Rodríguez Mateo, es apropiado derogar la Ley 199-2007, conocida como Ley para la Prestación de Servicios a Personas sin Hogar en las Instrumentalidades Públicas del Gobierno de Puerto Rico, y fusionar sus disposiciones en la Ley 130-2007, conocida como Ley para crear el Concilio Multisectorial en apoyo a la Población sin Hogar.
“Sin embargo, expresamos nuestra reserva en eliminar disposiciones relacionadas a las funciones de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) en proceso de revisión y aprobación de protocolos mediante un comité ad hoc”, destacó el funcionario en declaraciones escritas.
Rodríguez Mateo, representado en la vista pública por representante de Assmca, Hilda Serrano, añadió que la Comisión de Derechos Civiles (CDC) “tiene un rol esencial en la revisión y aprobación de protocolos, por su peritaje en defensa de los derechos humanos que se violentan día a día tanto a la población general como a la población sin hogar”.
Argumentó que “eliminar las disposiciones de la Ley 199-2007, según enmendada, sobre las funciones de la CDC y el comité ad hoc sería contrario a la intención de la legislación y la Ley 130-2007, ya que estaría limitando la participación multisectorial en un proceso tan importante como lo es la revisión de protocolos de servicios para salvaguardar los derechos de esta población”, rezó la ponencia escrita.
Aparte, el Departamento de Salud, a través del secretario, Carlos R. Mellado López, apoyó con enmiendas el PC 1513, y recomendó llevar a cabo un solo protocolo maestro que unifique cada una de las necesidades y defina a las personas sin hogar.
“El uso de protocolos forma parte de la operación diaria en los programas federales en Puerto Rico. Y vemos cómo en ocasiones se torna burocrático el acceso a los servicios para garantizar el uso adecuado de los recursos, según lo establece la regla federal”, señaló en su ponencia.
“Siendo los recursos federales un financiamiento de apoyo, recomendamos asignación recurrente de recursos del gobierno estatal a los “oficiales de enlaces municipales” para garantizar las operaciones de la “Oficina de Enlace y Coordinación de Programas a la Población sin Hogar”, añadió.
Mientras, el Departamento de la Vivienda, en declaración escrita firmada por su secretario, William O. Rodríguez, resaltó los programas administrados por la agencia y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda Pública (AVP), adscrita a la dependencia.
Actualmente, en Puerto Rico opera el programa Rental Assistance Program, Continuum of Care (CoC), que cuenta con 178 vales asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD). “Este programa atiende a la población de personas sin hogar con historial de indigencia crónica y que, además, sufren de alguna condición de salud”, anotó.
Otro programa importante que ofrece fondos para apoyar a la población sin hogar es el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario- Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, siglas en inglés) que administra el Departamento de la Vivienda. Este programa incluye una iniciativa dirigida a personas sin hogar.
“El programa de interés social de CDBG-DR cuenta con una asignación de 37.5 millones para crear oportunidades de vivienda para poblaciones con necesidades especiales, incluyendo personas sin hogar, de edad avanzada, víctimas de violencia doméstica, con discapacidad intelectual, de desarrollo o física, pacientes con diagnósticos de VIH o SIDA, individuos que se recuperan de adicción y personas con necesidades funcionales o de acceso”, informaron.
Sobre el PC 258, las dependencias gubernamentales destacaron la necesidad de que el Estado continúe proveyendo fondos para los programas que inicie. También recomendaron la consulta de la medida a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda.
La Comisión también atendió la Resolución de la Cámara 190, que ordena una investigación exhaustiva sobre las causas de la desigualdad económica y social, las limitaciones económicas existentes y la pobreza en Puerto Rico.
El Departamento de Salud presentó una ponencia a través de la Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo (SAPD).
“Hemos delineado esfuerzos que permitirán sentar las bases para atemperar las capacidades institucionales a las realidades sociales. Actualmente, el Departamento de Salud desarrolla la evaluación del estado de la Salud Puerto Rico 2022, que tiene por objetivo plasmar una radiografía de los indicadores estadísticos de mayor relevancia para la salud pública del país, identificando aquellas necesidades y asuntos puntuales que requieren particular atención de todos los actores del sistema”, dijo Jessie Díaz Colón, integrante de la SAPD.
Añadió que dicha compilación aspira a servir como marco de referencia para el proceso decisional y de formulación pública que impacte de manera positiva la salud. “Este documento medular se fundamenta en una metodología de naturaleza colaborativa y basada en evidencia, comprendiendo cuatro evaluaciones, que permiten arrojar certeza empírica del estado actual de la salud en Puerto Rico a través de 13 dimensiones”, señaló.
La publicación de la evaluación 2022 dará paso a la revisión del plan decenal del sector salud 2016-2026, que plantea una serie de metas y objetivos que procuran lograr resultados tangibles para atender las situaciones de salud identificadas como apremiantes y, en consecuencia, mejorar el estado de la salud general. INS
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