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Resumen de noticias para el lunes, 5 de diciembre de 2022
P. Rico-Aumenta oposición a legislación que impone nuevos requerimientos en la compra-venta de propiedades
San Juan, 5 dic (INS).- Ante la imposibilidad de lograr una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, un grupo representativo de la industria de bienes raíces urgió hoy a los profesionales a organizar un frente unido en contra del proyecto 1416.
La medida, del presidente de la Cámara, propone enmendar el Código de Rentas Internas para añadir requisitos a las planillas informativas que preparan los notarios, lo que representa un costo oneroso a los ciudadanos que participan en las transacciones de compra-venta de bienes inmuebles.
Rafael Ferreira Cintrón, abogado financiero y portavoz del grupo, afirmó que el 17 de octubre de este año enviaron al presidente de la Cámara de Representantes una carta en la que le solicitaron una reunión “para plantear nuestras preocupaciones sobre la medida, sin que a esta fecha hayamos recibido respuesta”.
“Los profesionales de bienes raíces, en protección de esta industria estrictamente reglamentada y en defensa de los intereses del pueblo, públicamente volvemos a requerir esta reunión”, reveló el portavoz del grupo, incluye corredores de bienes raíces, investigadores de título, notarios y anteriores integrantes de la Junta Examinadora de Vendedores y Corredores de Bienes Raíces.
Ferreira Cintrón indicó que “en el cierre de la sesión ordinaria el pasado 29 de junio, el presidente cameral introdujo estas enmiendas que, luego del reclamo judicial unánime de los grupos colegiados de abogados culminó en que el tribunal declarara inconstitucional dichas enmiendas”.
“Posterior a la decisión judicial, el representante Hernández Montañez creó una Comisión Especial y radicó esta medida que recoge las mismas enmiendas para supuestamente salvar el obstáculo constitucional”, agregó.
Milton Serrano Junior, quien fuera seleccionado por la Puerto Rico Association of Realtors como profesional destacado del año, afirmó que según indicaron al presidente de la Cámara de Representantes, se oponen a la aprobación de las enmiendas incluidas en el Proyecto 1416 por las siguientes razones:
+ Incluye un nuevo requisito de informe de tasación, así como un plano de mensura y una certificación de procedencia de fondos en la planilla que presentan los notarios al Departamento de Hacienda al realizar transacciones relacionadas con la segregación, agrupación o traslado de titularidad de bienes inmuebles en ventas en efectivo. Esta intervención del estado perjudica el ritmo natural del negocio de bienes raíces y tiene un efecto adverso en la apreciación de los bienes inmuebles, afectando así el patrimonio de las familias puertorriqueñas y provocando una demora en el trámite de la compra-venta de las propiedades y un cargo adicional sumamente oneroso a los vendedores y compradores.
+ Los gastos adicionales, que significarían miles dólares en transacciones residenciales en muchos de los casos, harán que la transacción no sea viable.
+ Estos nuevos requerimientos son una intromisión indebida e inconstitucional del Estado en las negociaciones de propiedades inmuebles privadas entre los ciudadanos que participan de dichas transacciones ya que su efecto crea una disonancia cognitiva que afecta las expectativas de las partes creando fricción y dudas en una decisión ya tomada libre y voluntariamente.
+ Existe una limitación en el número de profesionales disponibles que se necesitan para el cumplimiento de estos nuevos requisitos. En la actualidad, estos profesionales ya confrontan dificultades para presentar, con agilidad y prontitud, las evaluaciones que llevan a cabo. Más aún, esta nueva carga representará un aumento en el costo de las tasaciones, planos de mesura o plot plan, descripción geoespacial del plano de segregación, etcétera.
+ El valor de las propiedades es dinámico y se afecta por diferentes parámetros de manera constante. Un informe de tasación es solo un parámetro establecido por una persona y elementos que influyan su criterio.
+ Estos nuevos requerimientos van más allá de las transacciones que en origen se querían regular en la compra-venta de bienes inmuebles por compradores de Ley 60. El impacto de esta legislación alcanzará transacciones de los puertorriqueños aumentando su costo y creando incertidumbre en el mercado.
+ Esta legislación afecta aquellas transacciones de emergencia, a las que los propietarios recurren para operaciones quirúrgicas y tratamientos de salud y para poder evitar la pérdida de las mismas por quiebras o desempleo inesperado y tantos otros motivos que se manejan a diario en nuestro país.
+ Se le impone, innecesariamente al comprador, que presente evidencia de la procedencia de sus fondos, asunto que está atendido por la banca y otras instituciones financieras que están reguladas por las disposiciones de la legislación “Know Your Customer” y que el FDIC monitorea. Una vez la institución emite cheques de gerente, ha ocurrido un monitoreo cercano de la institución.
“Queremos consignar que entendemos el interés del Estado en evitar que inescrupulosos dejen de informar el monto real de transacciones en efectivo o que informen valores más bajos para evadir responsabilidades contributivas. Sin embargo, la legislación propuesta no atiende ni salva ese escollo y levanta incertidumbre en la manera en que se hace negocios”, indicó Joan Crespo, integrante del grupo.
La expresidenta del Bayamón Board of Realtors expuso, además, que “el Departamento de Hacienda tiene la data necesaria para establecer el por ciento en que estas circunstancias ocurren; calcular las posibles pérdidas que puedan producir y proponer alternativas con las que estaríamos dispuestos a participar en su formulación”.
“Hacemos un llamado a los profesionales de esta industria para que se unan a este esfuerzo de detener esta legislación que afecta la estabilidad de la industria, las transacciones que de buena fe llevan a cabo los ciudadanos y retrasa aún más la capacidad de los tasadores y profesionales relacionados en el cumplimiento de estos injustos y onerosos requerimientos”, recalcó el licenciado Ferreira Cintrón. INS
P. Rico-Unida la AARP a reclamo de paridad de fondos de Medicaid para el país
San Juan, 5 dic (INS).- La organización AARP envió una carta a los líderes del Congreso de los Estados Unidos reclamando la paridad de fondos de Medicaid para Puerto Rico, uniéndose así a los esfuerzos y gestiones de la Cámara de Representantes, informó hoy, domingo, el presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael Hernández Montañez.
“Nuestro compromiso en la Cámara de Representantes es seguir abogando y sumando aliados estratégicos en todas las esferas del gobierno federal para adelantar las causas del pueblo de Puerto Rico, como la paridad en las asignaciones de fondos del programa de Medicaid, que financia el plan de salud que le da cobertura médica a más de 1.2 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas”, expresó Hernández Montañez.
En una gesta multisectorial, el pasado 27 de septiembre el presidente de la Cámara sostuvo una reunión en las oficinas de AARP en Washington, D.C., acompañado del presidente la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Cameron McKenzie, y los representantes Ángel Matos y Eddie Charbonier, en la que solicitaron que la organización se uniera al reclamo de paridad en los fondos de Medicaid.
“Puerto Rico y los demás territorios de Estados Unidos han enfrentado desafíos fiscales y de financiamiento de la salud desde hace mucho tiempo debido a los niveles de financiamiento del gobierno federal que difieren significativamente de los estados… AARP insta al Congreso a promulgar el trato igual para los puertorriqueños bajo Medicaid, con una solución permanente para abordar la disparidad de financiamiento y el precipicio fiscal que ocurrirá cuando expire el actual FMAP”, establece la misiva, enviada el 2 de diciembre.
Si el Congreso no garantiza una extensión de los fondos de Medicaid para Puerto Rico antes del 16 de diciembre, la isla experimentaría inmediatamente un déficit fiscal en el presupuesto del gobierno central, lo que tendría el efecto de obligar al gobierno a reasignar los fondos disponibles en el presupuesto, y comprometería el ofrecimiento de otros servicios esenciales para la ciudadanía.
Hernández Montañez recordó que “las proyecciones positivas del plan fiscal de 2021 están basadas en el supuesto de una extensión de los fondos Medicaid, lo que implica que, si estos fondos no se logran extender, tendríamos que revisar inmediatamente el plan fiscal en curso y sus proyecciones de cara al futuro”.
“En la Cámara seguiremos dando la batalla a nombre de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que no pueden pagar un plan médico y que dependen del Plan Vital para tener acceso a servicios de salud”, remató.INS
P. Rico-Tras explosión en Aguada en que tres personas resultaron heridas claman nuevamente al Senado por aprobación de medida sobre seguridad con el gas licuado
San Juan, 5 dic (INS).- Ante las lamentables situaciones que se han registrado en Puerto Rico con relación al uso de gas licuado en residencias, incluida la explosión en la víspera en Aguada con un saldo de tres personas heridas, la representante Estrella Martínez Soto reclamó nuevamente al Senado que apruebe el Proyecto de la Cámara 1114, de su autoría, a los fines de establecer que las casas y comercios con servicio de gas licuado, tengan de manera compulsoria una inspección de los envases y líneas de gas licuado, a los fines de procurar la seguridad de las familias.
“La medida 1114, denominada Ley para la Inspección de las Instalaciones del Gas Licuado en Comercios y Residencias de Puerto Rico, ya fue aprobada en la Cámara y lleva dos sesiones esperando en el Senado”, expuso Martínez Soto.
La presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor explicó que la ley facultaría al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos con la autoridad para reglamentar y fiscalizar la instalación, mantenimiento y uso del gas licuado en las residencias y los comercios en Puerto Rico.
“Del mismo modo, busca establecer una estructura que haga más seguro el uso de tanques de gas licuado en las residencia y comercios”, señaló
La prensa ha divulgado ya varios casos de explosiones en zonas residenciales y comerciales a consecuencia del mal manejo del gas licuado.
Recientemente, hubo un incidente en el Barrio Lomas García de Naranjito y aunque estos incidentes no se pueden adjudicar a problemas en las instalaciones o defectos en los cilindros de gas, la realidad es que no existe un programa de prevención de accidentes o inspección de facilidades del gas licuado en zonas residenciales.
“Este sábado hubo otro incidente donde tres personas resultaron con quemaduras luego de que una estufa de gas explotara en una residencia ubicada del barrio Jagüey Chiquito, en Aguada. Dado a que el aumento en el uso y la cantidad almacenada de este producto, se hace meritorio crear procesos que propendan en la seguridad del residente y sus vecinos. Evitando que vuelvan a ocurrir pérdidas de vida y propiedad a causa del mal manejo de este producto”, detalla la representante en la medida legislativa.
Por otra parte, esta Ley busca que se enmiende el Reglamento 7160 para añadir requisitos de certificación e inspección anual de las instalaciones de gas licuado e imponer algunos más rigurosos para el uso de tanques de 400 libras o más en áreas residenciales. Estas medidas son necesarias para minimizar el riesgo de incidentes que afecten la propiedad, la seguridad y la vida de las personas.
“Previo a la aprobación en la Cámara, nosotros realizamos vistas públicas con todas las partes concernidas y procuramos una amplia participación ciudadana, comercial e industrial. La prioridad es la seguridad de nuestra gente. El caso registrado ayer en Aguada y en Naranjito el mes pasado, es otro ejemplo de la importancia que tiene que los compañeros legisladores del Senado atiendan el caso tan pronto como sea posible”, recalcó Martínez Soto, del distrito 27 de Aibonito, Coamo, Juana Diaz, Santa Isabel y Salinas. INS
P. Rico-Firma Camuy convenio con DTOP y el municipio de Quebradillas para repavimentación de carretera PR-483
Camuy, 5 dic (INS).- Un acuerdo de colaboración entre el municipio de Camuy y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) transferirá $1.2 millones para la repavimentación de poco más de cinco kilómetros de la carretera estatal PR-483 entre Camuy y Quebradillas.
Con esto, continúa el programa Calles Seguras, una iniciativa del alcalde Gabriel Hernández que pretende mejorar la infraestructura vial en Camuy.
Hernández explicó que con el fin de agilizar los trabajos de repavimentación de las carreteras estatales, le propuso a la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, un convenio que le permitiera al municipio gerenciar proyectos de revitalización de carreteras.
El alcalde añadió que al concretizarse la alianza con DTOP, Camuy firmó un memorando de entendimiento con el municipio de Quebradillas y su alcalde Heriberto Vélez para coordinar los trabajos que comenzaron este domingo y que en las próximas semanas deben culminar en Quebradillas.
“Este proyecto de Calles Seguras es para reparar carreteras y darle a los ciudadanos calidad de vida. Mucho se ha hablado de cómo los municipios deben organizarse en consorcios o unirse para impulsar proyectos en común. Aquí tenemos un esfuerzo tangible que redundará en beneficios para miles de constituyentes. Confío en que podamos firmar otros acuerdos con DTOP y así continuar con la reconstrucción de las carreteras en Camuy y pueblos vecinos”, señaló el alcalde.
Por su parte, la secretaria del DTOP, reiteró la efectividad de la colaboración directa con los alcaldes, a través de convenios, que les permiten agilizar los trabajos de mantenimiento y reparación de carreteras.
“Colaborar de la mano con los alcaldes y agilizar la rehabilitación de nuestras vías es uno de los asuntos prioritarios del gobernador Pedro Pierluisi y el mío propio. Estamos enfocados en continuar con nuestra obra. Para esto es necesario fortalecer estas alianzas, en las que la agencia utilice mecanismos enfocados en el beneficio de la seguridad vial de los ciudadanos que transitan a diario por nuestras carreteras”, indicó Vélez Vega.
De otro lado, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, reconoció la importancia de este acuerdo y reiteró su disposición a trabajar en equipo con el alcalde de Camuy por el bien de todos sus ciudadanos.
El alcalde de Camuy notificó que los trabajos comienzan mañana lunes, 5 de diciembre, y tendrán una duración de unos 30 a 45 días laborables, durante los cuales la PR- 483 estará cerrada desde km.0.0 hasta 5.5. Los mismos consisten en escarificación, repavimentación, construcción de encintados y la instalación de reflectivos.INS
ndc