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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 30 nov (INS).- Se ha suscitado en Puerto Rico una polémica en lo concerniente a la otorgación de un nuevo contrato suplementario a LUMA Energy, tras la expiración el 30 de noviembre del contrato suplementario anterior.
No habiéndose estipulado una cláusula de extensión automática del contrato en caso de que para este 30 de noviembre no se hubiese logrado un acuerdo de restructuración de la deuda de unos nueve mil millones de dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con sus acreedores, entonces lo que se ha hecho en términos legales es otorgar un nuevo contrato suplementario, aunque con las mismas exigencias y parámetros contractuales que el anterior.
Parte esencial de la polémica es por qué entonces el proceso de evaluación para el consentimiento o rechazo de este nuevo contrato suplementario por parte de la junta directiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas se hizo al amparo de la ley orgánica de la entidad (Ley 29 de 2009) y no bajo la Ley 120 de 2018, que es la que tiene que ver directa y expresamente con la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico y la privatización sin venta de sus activos del sistema de transmisión y distribución de electricidad.
Lo que se debate públicamente en estos momentos es si la intención de realizar el proceso bajo una y no la otra ley tuvo la intención explícita de evadir el requerimiento del aval con sus votos en la otorgación del contrato de los representantes del interés público ante la Junta Directiva de la P3 y no por mayoría simple de los votos de los integrantes del organismo, tal y como se contempla en la Ley 29 de 2009.
Está en entredicho no únicamente la transparencia misma del proceso, sino también la legalidad inmanente del procedimiento para la otorgación del contrato y si se seleccionó el estatuto indicado para ello.
Este debate legal empaña todavía más el entorno del desempeño empresarial de LUMA Energy, la cual ha sido catalogada de deficiente y que fue reiterado en días recientes por un referente de inversores de capital comercial y empresarial como el periódico Wall Street Jornal.
Conforme a lo que indicó en conferencia de prensa el gobernador Pedro R. Pierluisi, LUMA Energy cobró en virtud del contrato que expira este año alrededor de 115 millones. Para el próximo año, hay un ajuste que ya está dispuesto en el contrato, basado en costos de inflación, entre otras cosas, que aumenta la cantidad a 121.7 millones. La cantidad a pagar varía a raíz del ajuste por costos de inflación. INS
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