Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes, 29 de noviembre de 2022
P. Rico-Pierluisi minimiza oposición a LUMA: “Es un sector minoritario”
San Juan, 29 nov (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi insistió ayer en que su gobierno se propone a extenderle el contrato de LUMA Energy, y minimizó el alcance de la población que está en contra de la empresa: “Es un sector minoritario… Todos los sondeos, las encuestas que yo he visto, cuando se le hace la pregunta al pueblo de si se debe cancelar el contrato, una inmensa mayoría dice que no. Ahora, si se les pregunta si quiere que mejore el desempeño, entonces una mayoría sustancial quiere que mejore el desempeño”, indicó.
Respecto a las recientes manifestaciones en las que se exige la cancelación del contrato, Pierluisi sostuvo que “así es la democracia. Siempre estoy al tanto de las demostraciones. Eso ha sido así, desde siempre ha sido así en Puerto Rico y seguirá siendo así. Así funciona la democracia y yo estoy al tanto de esas demostraciones. Pero, nuevamente, las decisiones se toman a base de los méritos del asunto y eso es lo que se está haciendo”, sostuvo.
Agregó que “la extensión del contrato no conlleva una transacción. No es una enmienda al contrato, sino que el propio contrato dispone que la AAPP puede solicitar una extensión”, dijo.
Insistió en que la cancelación del contrato tendría un impacto económico y sobre la transformación del sistema eléctrico. “Es una locura que LUMA pase a una transición y que esté a la salida. Sería nefasto, porque entonces no tendría la misma expectativa de dar el servicio que el pueblo espera. No tendría seguridad alguna en cuanto a su futuro en Puerto Rico y atrasaría la reconstrucción en curso”. INS
P. Rico-Sindicatos insisten en que el bono debe ser para todos los empleados públicos
San Juan, 29 nov (INS).- Trabajadores de diversas corporaciones públicas reclamaron ayer al gobierno de Pedro R. Pierluisi que los incluya en el pago del bono a los empleados públicos producto de los recaudos adicionales a los proyectados.
Argumentaron que el gobernador afirmó que la justificación de la bonificación está en que “los empleados estuvieron por años sin recibir un alza salarial y vieron mermados sus beneficios laborales”, por lo que este reconocimiento aplica a todos los empleados públicos, “porque a todos nos aplicaron la Ley 66 de 2014, la Ley 3 de 2017 y la Ley 26 de 2017 que han mantenido congelada la negociación de cláusulas económicas y, en consecuencia, los aumentos salariales de todos”.
Las organizaciones que endosan la declaración son la Unión Independiente Auténtica (UIA), Prosol Utier, capítulo Autoridad de Carreteras, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Unión Independiente Empleados de la Corporación de Fomento Industrial (Uiecfi), Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (Hiepaaa), Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la UPR (UBOS), y la Unión de empleados de Cossec.
Agregan que “no hemos negociado aumentos salariales por ocho, 10 y 12 años. Dichas leyes no establecieron diferencias entre los empleados públicos. Por lo tanto, el bono debe otorgarse a todos los empleados públicos, sin exclusión ni discrimen”.
A su entender, las declaraciones públicas del gobernador establecen que esto es una estipulación entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Por lo tanto, no es responsabilidad exclusiva de la Junta. Exigimos al gobernador que enmiende su error de excluir a los empleados públicos que representamos y se tomen las medidas necesarias para otorgar el bono de 2,954 dólares a todos.
“Es un engaño afirmar que la mayoría de los empleados públicos que van a recibir este bono rechazaron una oferta de negociación con la Junta de Control Fiscal, porque la Junta no hizo oferta alguna de transacción (aunque con toda probabilidad la hubiésemos rechazado). Incluso en planes fiscales con algunas corporaciones públicas (AAA y Autoridad de Carreteras) no hubo negociación alguna con los sindicatos que representan a los trabajadores”, explicaron.
Añaden que “la verdad es que el Plan de Ajuste de Deuda aprobado establece los recortes a las pensiones del magisterio y la judicatura, recortes al presupuesto de la UPR, recortes a los fondos asignados a los municipios, aumentos en tarifas de servicios esenciales (energía eléctrica, agua, peajes), reducción a los beneficios marginales de los trabajadores, congelación de salarios, entre otras medidas de la ideología neoliberal de la Junta de Control Fiscal y el gobierno”-
“No dudamos que la inmensa mayoría del pueblo está en contra de estas medidas y del PAD. Sin embargo, la alianza entre el gobierno y la Junta ha utilizado este bono para proyectar que ese PAD es bueno y para penalizar a los que se oponen. Sin embargo, se otorga un bono menor (2,954) a los que se oponen al PAD y discriminan, con tecnicismos, a más de 12 mil empleados públicos, excluyéndolos del bono”, abundan los sindicalistas.
Y concluyen: “Condenamos que el gobernador y la Junta de Control Fiscal hayan excluido a más de 12 mil empleados públicos del bono que se otorgará. El patrono gobierno, representado por Pedro Pierluisi, se ha hecho cómplice del discrimen contra empleados públicos al avalar que se excluya a trabajadores gubernamentales que le brindan servicios esenciales al país. La negociación colectiva de cláusulas económicas que lleve a una permanente justicia salarial no puede ser sustituida por cualquier bono momentáneo. Sin embargo, si la determinación es otorgar un bono a los empleados públicos tiene que ser a todos los empleados públicos”. INS
P. Rico-Se unen Justicia y Asociación de Bancos para reforzar procesamiento de los casos de fraude y crímenes cibernéticos
San Juan, 29 nov (INS).- El Departamento de Justicia (DJ) y la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) desarrollaron una iniciativa para reforzar el procesamiento de los casos de fraude y crímenes cibernéticos en la isla ante la alta incidencia que se ha registrado tras la llegada de nuevas tecnologías.
Así lo anunció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, junto a la vicepresidenta ejecutiva de la organización, Zoimé Álvarez Rubio.
Más de 300 funcionarios, incluyendo fiscales, abogados, procuradores y registradores del Departamento de Justicia, así como agentes del Negociado de la Policía y empleados invitados de la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), participaron de un adiestramiento especializado sobre los métodos para detectar los crímenes cibernéticos y el fraude a través del uso del celular y aplicaciones móviles.
“Constantemente estamos desarrollando e identificando herramientas y capacitación actualizada y avanzada para optimizar las investigaciones y el procesamiento de delitos, especialmente aquellos que surgen con la creación de nuevas plataformas, aplicaciones y tecnologías. Este esfuerzo colaborativo entre el Departamento de Justicia y la Asociación de Bancos de Puerto Rico también nos facilitará el procedimiento de recopilación de la evidencia requerida, y a su vez, nos permitirá agilizar la presentación de los casos en el tribunal”, indicó el secretario de Justicia.
Entre los recursos que participaron se encuentran representantes de las instituciones First Bank, Banco Popular de Puerto Rico y Evertec, Inc. Estos presentaron las incidencias modernas de fraude bancario, las medidas de seguridad configuradas en sus distintas aplicaciones y los métodos para agilizar la recopilación de información específica.
El adiestramiento, coordinado entre la Oficina de la Jefa de los Fiscales y la ABPR con el apoyo del Instituto de Capacitación y Desarrollo de Pensamiento Jurídico del DJ, se llevó a cabo en las modalidades presencial y virtual, simultáneamente.
“Para la Asociación siempre ha sido una prioridad colaborar con instrumentalidades públicas como el Departamento de Justicia y la Unidad de Robos a Bancos de la Policía, y ser facilitadores en el intercambio de información, conocimiento y destrezas que apoyan el trabajo que estas hacen. Esperamos que este sea solo uno de muchos encuentros educativos”, expresó la licenciada Álvarez Rubio.
En tanto, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, manifestó que “para el Departamento de Justicia es prioridad el entrenamiento continuo de nuestros fiscales para proveerles las herramientas necesarias para el procesamiento efectivo de los casos criminales. El uso de la tecnología para cometer fraude ha ido en aumento, de manera que los fiscales y agentes del orden público deben estar actualizados en cuanto a las destrezas requeridas”. INS
P. Rico-Muriente Pérez afirma que el gobernador Pierluisi no reconoce las causas del asedio del narcotráfico al país
San Juan, 29 nov (INS).- El presidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Julio Muriente Pérez, aseguró que el gobernador Pedro R. Pierluisi no reconoce las causas políticas del narcotráfico que asedia a Puerto Rico desde hace varias décadas.
“El gran problema es uno de naturaleza política, no policiaca”, afirmó Muriente Pérez a la agencia Inter News Service (INS) al sostener que Puerto Rico ha sido por décadas un importante punto de enlace de los productores de cocaína y otras drogas en América Latina, en dirección al mercado mundial más importante de consumidores de esa droga, que es Estados Unidos.
En ese aspecto, el dirigente político abundó se estima que entre 40 a 50 millones de personas constituyen ese gran mercado que mueve cientos de millones de dólares al año.
“Las cifras oficiales hablan de 70,000 kilos de cocaína, valorados en $1.4 millones, que entraron ilegalmente a Puerto Rico en 2021; asimismo se reconoce que en 2022 han entrado 48,000 kilos”, reveló el dirigente del MINH.
Muriente Pérez precisó que el gobierno de Estados Unidos controla absolutamente el espacio aéreo, marítimo y terrestre de Puerto Rico, lo que significa que ellos deciden sobre todo cuanto entra y sale del país.
“¿Cómo es que entonces el narcotráfico logra situar impunemente en nuestro país esa inmensa cantidad de droga? ¿Cómo es que logra —además de ubicar para consumo interno en Puerto Rico el 20 por ciento de la droga traída del exterior— hacer llegar desde Puerto Rico, con la misma impunidad, el 80 por ciento de esa droga a distintos puntos de Estados Unidos para su mercadeo final?”, planteó.
El presidente del MINH opinó que dada la situación política de subordinación colonial que enfrenta Puerto Rico, la responsabilidad absoluta del control de nuestras costas está en manos de las autoridades estadounidenses, como el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) y otras.
“Esto aplica tanto a la droga ilegal que viene del sur como a las miles de armas ilegales que vienen del norte y que terminan en manos de gatilleros y asesinos a sueldo”, remató.
Muriente Pérez refirió que las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) cumplen una función secundaria, al carecer de jurisdicción para participar en la defensa de nuestras costas, además de que la Policía de Puerto Rico interviene en asuntos relacionados con el narcotráfico cuando la droga ya está en la isla, debido a la incompetencia e incapacidad de las instituciones federales de impedir su curso.
Evidentemente, dijo, los líderes del narcotráfico internacional conocen bien la situación política de Puerto Rico; saben que, en las actuales circunstancias, constituye un enlace ideal y seguro para sus negocios, por eso lo utilizan como una de sus conexiones principales para satisfacer la avidez de droga ilegal que existe en Estados Unidos.
“¿Acaso el reciente incidente que cobró la vida de un agente federal y un presunto narco es un hecho aislado? ¿O es que no ocurren frecuentemente incidentes similares con los federales, precisamente porque la mayoría de las veces los narcotraficantes se salen con la suya, debido a la incapacidad, incompetencia y posible negligencia de las autoridades estadounidenses?”, elaboró el político.
Abundó que “la presencia y el control de los federales sobre nuestro mar, aire y tierra, además de constituir una situación humillante para nuestro pueblo, no genera ninguna seguridad; más bien provoca inseguridad y desconfianza”.
“Por eso es que, si de veras aspiramos a enfrentar con éxito el gran problema social del narcotráfico, el trasiego de armas, los asesinatos y la violencia social, tenemos que obligadamente atender lo que tiene que ver con nuestra condición política, sobre todo lo relacionado a la custodia y protección eficiente y responsable de nuestra nación”, afirmó. Muriente Pérez ratificó que el problema del narcotráfico en Puerto Rico es, primero que todo, uno de naturaleza política, no policiaca. INS
ndc