Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 22 nov (INS).- En 1941 se creó, mediante legislación, la Autoridad de Fuentes Fluviales, predecesora de la Autoridad de Energía Eléctrica. La nueva corporación pública, denominada Puerto Rico Water Resources Authority, fue creada para administrar la red de embalses hidroeléctricos y canales de riego para la agricultura.
Fue también en sus inicios responsable de los acueductos en San Juan. Un poco más tarde, por compra y expropiación, sumaron a su sistema la producción de energía por vapor. En la década de 1980 cambia su nombre, bajo la administración de Carlos Romero, quien era por entonces el gobernador, para convertirse en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Tras desmembrarse las operaciones de la AEE y privatizarse las fases de transmisión y distribución, comienza en junio de 2021 LUMA Energy sus operaciones en Puerto Rico.
LUMA Energy fue creada específicamente para operar en Puerto Rico, en parte para responder a años de crisis de la Autoridad de Energía Eléctrica, que estaba altamente endeudada y cuyos problemas se agravaron por los daños que el huracán María causó en 2017.
A punto de expirar el contrato suplementario vigente, la renovación de su contrato está envuelta en un secretismo y se esconde bajo qué condiciones se quedaría la empresa en Puerto Rico.
Daniel Hernández, director de Proyectos Renovables de LUMA Energy, ha declinado tenazmente dar detalles a la prensa de lo que se está negociando a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privada para permanecer en Puerto Rico con sus operaciones empresariales, que no parecen satisfacer a gran parte del pueblo puertorriqueño.
Una extensión del contrato suplementario actual, sin un cumplimiento de las métricas para la evaluación de su desempeño y con una compensación más alta, sería escandaloso. Únicamente bajo un contrato a 15 años es que se conferiría a las autoridades gubernamentales la potestad de imponer penalidades, si no cumpliera con las métricas establecidas para la evaluación de su funcionamiento.
De los objetivos transparentes para la energización eléctrica del país con la creación de la Autoridad de Fuentes Fluviales en 1941 para la puesta en marcha de una infraestructura y un plan de electrificación y modernización de Puerto Rico con miras a su desarrollo económico, se ha pasado actualmente al secretismo de una privatización sin metas específicas y transparentes.
Y el gobernador Pedro R. Pierluisi es favorecedor de lograr un acuerdo para que LUMA se quede. INS
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