
El procurador adjunto Wilson Camacho ofrece detalles sobre la investigación. Inter News Service
Santo Domingo, 15 nov (INS).- La Inspectoría del Poder Judicial solicitó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) abrir una investigación contra un juez por supuestas faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.
La acción afecta al magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien preside el Séptimo juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La información la confirmó el procurador adjunto y titular de la Pepca, Wilson Camacho, al expresar que otras personas serán interrogadas con relación a esas alegadas anomalías.
«Desde el Ministerio Público hemos abiertos una investigación, lo que nos ha dicho esa investigación hasta ahora es que hay indicios de que se trata de una estructura, pero por ser una investigación abierta no podemos dar detalles», manifestó Camacho.
Indicó que según las indagaciones, existe una estructura en la que podría haber más individuos involucrados, pero que debido a que se trata de un asunto abierto, no puede dar más datos.
“Podría haber otras personas de diferentes naturalezas ligadas al tema, pero es una investigación abierta y por esa razón no podemos dar más detalles”, respondió Camacho al ser preguntado si las personas involucradas con el juez Rodríguez Consoró estarían siendo investigadas por corrupción o narcotráfico.
El juez Rodríguez Consoró fue suspendido por cuatro meses con disfrute de salarios y sometido a un juicio disciplinario ante el Consejo del Poder Judicial.
Se recuerda que el letrado se inhibió de conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en perjuicio del expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante en retiro Félix Alburquerque Comprés, que es mantenido en prisión acusado de matar a balazos al comunicador Manuel Taveras Duncan.
Taveras Duncan, quien era animador de eventos deportivos, murió la madrugada del 10 de agosto del 2022 en un confuso incidente que ocurrió en un establecimiento de comida rápida del sector Mirador Norte de la capital dominicana.
El juez Rodríguez Consoró se negó a conocer la audiencia cautelar contra el oficial en retiro argumentando haber hecho un comentario sobre el caso.
También, en junio del 2022, el mismo juez, dictó un “no ha lugar” (dejó libre) a favor de un grupo de implicados en la venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno ubicados en el barrio Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
Para ese entonces, motivó su decisión en que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa no presentó las pruebas suficientes para probar los hechos en un juicio de fondo.
En esa ocasión, fue abierta una acción disciplinaria de parte del inspector general Jacinto Castillo Moronta, para lo cual fue designada una comisión especial.
El 26 de julio, en el caso de la ucraniana Natalya Kasianova acusada de tortura y barbarie a su ex pareja de nacionalidad dominicana, este árbitro judicial se abstuvo de conocer medida de coerción en el proceso, alegando que su decisión se basó en que los abogados de las partes «leyeron documentos que no estaban permitidos en la audiencia”, y por consiguiente él estaba contaminado para continuar con el proceso. Posteriormente la inhibición fue rechazada y envió a la imputada a prisión. INS
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