
Unidades policiales encargadas de controlar la venta de bebidas alcohólicas. Inter News Service
Santo Domingo, 8 nov (INS).- El Ministerio de Interior y Policía prohibió desde este lunes 7 de noviembre el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en zonas del Gran Santo Domingo desde las 12:00 de la noche hasta las 8:00 de la mañana, con la finalidad de preservar el orden público.
La medida está contenida en la resolución 007/22 firmada por el ministro Jesús Vásquez Martínez el pasado viernes 4 de noviembre y dada a conocer hoy a los medios.
La decisión gubernamental afecta a los centros comerciales establecidos en lugares de los municipios Santo Dominto Este y Oeste pertenecientes a la provincia Santo Domingo, como Pedro Brand, Boca Chica, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra, y sus respectivos distritos municipales.
Explica que la violación al primer artículo de esta disposición “podrá dar lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento, así como, a la cancelación de las licencias o permisos correspondientes, sin perjuicio de cualquier otra sanción establecida en las leyes o reglamentos”.
“El Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con apoyo de la Policía Nacional, deberán velar por el fiel cumplimiento de la presente Resolución, debiendo promover las acciones que fueren pertinentes a tales fines de conformidad con las leyes”, agrega el documento.
La iniciativa surge justo cuando varios centros de expendios de bebidas alcohólicas han sido escenarios de actos violentos en horarios nocturnos, que han terminado con la muerte a balazos de algunos ciudadanos y lesiones graves a otros que se encuentran recluidos en recintos de salud.
Con relación a esa prohibición, la Asociación de Dueños de Discotecas de Santo Domingo pidió al Ministerio de Interior y Policía reconsiderar la medida en lo que concierne a los establecimientos nocturnos en el municipio Santo Domingo Norte por considerar que con ello no se controlan los hechos delictivos.
Lon Abreu y Nathali Camacho, en representación del colectivo, se quejan de que con las restricciones solo se les afecta sus negocios que pueden ir a la quiebra.
Lamentan que siempre que se presenta una situación en esa localidad, se opta por ordenar el cierre de negocios como si fueran éstos los responsables de dichos actos.
«No es la medida, porque el deber del policía es proteger al ciudadano y al comercio, entonces, no es la medida. Además, son negocios que tenemos 20 y 30 empleados que viven de ésto, pero nos tienen a nosotros que, cada vez que se mueve uno, cierran el negocio, como que somos los responsables de la delincuencia, y no lo somos», manifestó Abreu. INS
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