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José Aníbal Díaz Collazo presidió interinamente la comisión. / Inter News Service
San Juan, 3 nov (INS).- La Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia de la Cámara realizó hoy una vista pública sobre el Proyecto del Senado 524, que busca crear la Ley del Protocolo para la Determinación de la Causa y Manera de las Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos, y que contó con el apoyo de agencias gubernamentales.
La medida propone que se adopte un protocolo para determinar la causa y manera de una muerte cuando un evento catastrófico o un desastre natural fueran factores contribuyentes al deceso de una persona, y establece mecanismos para la recopilación de información sobre los casos.
Además, la pieza legislativa busca crear un comité interagencial para la divulgación oficial de información sobre datos estadísticos de muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficos.
El representante José Aníbal Díaz Collazo, quien sustituyó al presidente de la Comisión, Luis Ortiz Lugo, sostuvo que debido a lo ocurrido en el huracán María, para la asamblea legislativa es importante crear un protocolo y traer nuevas ideas que informen al pueblo sobre la contabilización de muertes durante eventos catastróficos.
“Lo que queremos son números prácticamente exactos de las muertes ocurridas cuando hay un desastre natural en la isla. Pudimos ver que dentro de la información que tenemos, en el huracán María murieron 4,645 personas, cuando el Estado tenía otro número de víctimas mortales”, sostuvo.
La directora del Registro Demográfico del Departamento de Salud (DS), Wanda Llovet Díaz, trajo la preocupación sobre un inciso que se establecería en la medida que “el médico enviará el expediente del paciente al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para el análisis”.
“Si esto se refiere a todas las muertes; es decir, las muertes naturales y no naturales que ocurran durante una declaración de emergencia, esto debería ir acompañado de unas guías de implementación y asignación de presupuesto estimado, pues al enviar al ICF para análisis toda muerte que ocurra durante una emergencia se podrá ver con limitaciones entre la cantidad de casos pendientes y sus recursos”, indicó la funcionaria.
Destacó que esto podría crear un atraso en los datos que deben ser reportados al Registro Demográfico. “Nos preocupa el retraso que esto pueda causar en el ICF, tomando en consideración que esta ley se implementará en períodos de emergencia, cuando generalmente los recursos son mucho más limitados”.
Llovet Díaz detalló que el Registro Demográfico contiene un manual para los directores funerarios que incluye los procedimientos para llenar los certificados de defunción y también un manual para los médicos, hospitales y facilidades sobre los procedimientos para llenar los certificados de defunción.
Aparte, el director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), Orville Disdier, expresó que desde el huracán María se han incorporado algunas mejoras considerables en los procesos.
“En el 2018 el Instituto realizó una investigación mediante la cual se identificó un error de interpretación en el sistema de clasificación utilizado en la codificación de las causas de muerte, que había provocado cambios estadísticamente significativos en las tasas de mortalidad entre el 2004 y 2005 publicadas por el DS en aquel momento”, advirtió.
A preguntas de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, sobre las estadísticas actuales de los nacimientos y muertes, la IEPR dijo que desde el 2016 no tienen un registro.
“El último documento que tenemos es de 2015. Además, desde el año 2018 se ordenó al DS a entregarle al IEPR de forma recurrente los datos preliminares de muertes hasta la semana pasada. Hemos tratado de comunicarnos con el secretario del DS, pero lo que nos contesta es que está dispuesto a colaborar con los datos”, mencionó el galeno.
En tanto, Omara Arias Nieves, asesora legal del Departamento de Seguridad Pública (DSP), apuntó que para que el ICF cuente con estadísticas confiables para poder determinar si se cumple con los parámetros de que el deceso es a consecuencia de un desastre natural, “sería meritorio que se pueda coordinar esa función en los gobiernos municipales y su Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME)”.
“El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) trabaja fuertemente con la encomienda de responder a tiempo ante cualquier eventualidad que requiera de parte del Estado. La determinación de causa o muerte, aun siendo relacionadas a desastres naturales, debe ser determinada por un médico forense”, aseveró Arias Nieves, quien añadió que actualmente el Nmead no cuenta con personal capacitado para tomar esa determinación.
Sobre la implementación del Proyecto del Senado 524, el asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Juan Peña, expresó que no anticipa que la medida conlleve la instauración de una estructura gubernamental en contravención con los lineamientos del plan fiscal. INS
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