P. Rico-Pasa a firma del gobernador medida que crea un rango de prioridades para usar escuelas cerradas

Entre 2014 y 2019 se vendieron sólo 10 escuelas cerradas. / Inter News Service

San Juan, 28 oct (INS).- Con la aprobación por parte de la legislatura del P. del S. 274, el gobernador Pedro R. Pierluisi tiene bajo su consideración la firma de la medida que busca crear un rango de prioridades al destinar un nuevo uso a una escuela cerrada.

Según la medida, se priorizarán los usos públicos, municipales y comunitarios al momento de disponer de un plantel. El P. del S. 274, de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, y con amplio apoyo de senadores novoprogresistas, propone un proceso uniforme, con sensibilidad hacia la comunidad, pero sin cerrar la puerta a iniciativas que podrían generar ingresos significativos para la comunidad o el Estado.

El proyecto de ley implementa medidas para atender señalamientos identificados por una investigación publicada en el 2020 por la Universidad de Berkeley, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), organización sin fines de lucro dedicada a promover la conversión de propiedades vacantes y abandonadas en activos para el desarrollo comunitario de Puerto Rico.

La investigación, titulada “Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”, demostró que entre 2014 y 2019 únicamente se vendieron 10 planteles por un total de 4.1 millones y se arrendaron solamente 113 de un total de 673 escuelas cerradas.

“El proceso actual de disposición de escuelas cerradas y concesiones de uso no está atendiendo las necesidades de nuestras comunidades. Y lo triste es que mientras pasa el tiempo, se siguen deteriorando estas instalaciones. Esto afecta directamente la calidad de vida de las comunidades aledañas y los municipios”, indicó Alicia Díaz Santiago, abogada del CRH.

Actualmente, el manejo y disposición de las escuelas públicas cerradas se rige por la Ley 26-2017, diseñada para la venta y alquiler de los planteles escolares sin priorizar las necesidades de interés público.

Originalmente, el gobierno justificó el cierre de las escuelas por los supuestos ahorros y necesidad de traer nuevos recursos al erario público. “Sin embargo, esto no ha pasado. La pérdida de fondos y activos públicos ha sido monumental y se ha lacerado la educación de miles de niños que se vieron afectados por el cierre de sus escuelas, muchas de las que han quedado en el abandono total y hasta perturbando la paz de las comunidades”, concluyó Díaz. INS

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