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El representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. Inter News Service/Tammy Olivencia
San Juan, 27 oct (INS).- La Comisión de Asuntos Laborales realizó hoy, jueves una vista pública dirigida a enmendar la Ley 27-1958, conocida como Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber, con el propósito de extender los beneficios a los policías municipales que, estando franco de servicio, realicen una intervención y sean atacados, resultando en incapacidad o muerte.
A la audiencia pública compareció el asesor legislativo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Roberto Rivera, quien abundó que “hay que ver el impacto que podría tener la implementación de esta medida en cuanto a presupuesto”.
“La aprobación de este proyecto de ley implicaría un impacto fiscal determinado, toda vez que de su contenido no se disponen datos que nos permitan estimar el mismo, en cuanto a la inclusión de este grupo de servidores públicos”, resaltó Rivera, quien recomendó a la Comisión realizar un estudio sobre la viabilidad de esta propuesta.
La licenciada Omara Arias avaló, en representación del DSP, que se apruebe la medida después de la evaluación presupuestaria. Inter News Service/Tammy Olivencia
A su vez, indicó que el Administrador del Sistema de Retiro, en colaboración con la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, tendrían que realizar un estudio actuarial el cual incluya, sin limitarse a la cantidad de empleados que podrían cualificar para ser beneficiarios y la escala salarial de cada uno de ellos.
Según un estudio realizado por la OGP en el mes de febrero del 2021, había una totalidad de policías municipales de aproximadamente 3,838 activos en servicio.
“Reconocemos la importancia de la labor que llevan a cabo nuestros policías en el cumplimiento del deber, sin embargo, es importante realizar un análisis para conocer el impacto que habría con el proyecto en discusión”, planteó el funcionario.
Al finalizar, la licenciada Omara Arias mencionó, en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP), que avala la medida, por lo que recomiendan que se tome en consideración la posición de la OGP “por el impacto que ello conlleva. Asimismo, con la Federación y la Asociación de Alcaldes”.INS
ndc