
Rubén Soto Rivera. / Inter News Service
San Juan, 26 oct (INS).- Las doctoras Arminda Rivera, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas, y Liselys Reyes, expresidenta de la entidad, apoyaron el Proyecto de la Cámara 1284, que busca establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista licenciado.
Esto, en medio de las vistas públicas de la Comisión de Salud del Senado, que preside Rubén Soto Rivera, y en la que también participaron la doctora Rosa Rodríguez Vélez, miembro de la Junta Dental Examinadora del Departamento de Salud, junto al asesor legal, licenciado Rodrigo López Irizarry; y Husmail Figueroa, representante del grupo de comerciantes dueños de clínicas dentales.
“Es responsabilidad de la asamblea legislativa velar por que las políticas públicas mejoren la efectividad y accesibilidad de los servicios, y que estos sean de beneficio para todos los residentes de Puerto Rico. Esto es aún más importante en la actualidad, pues estamos atravesando una crisis de salud, y una de las razones principales es la fuga de médicos”, precisó Soto Rivera.
A preguntas del senador sobre querellas hechas por pacientes por mala práctica dental, el licenciado Figueroa explicó que no existe estadística que represente las querellas a comerciantes dueños de clínicas, sin embargo, la doctora Reyes contestó en su ponencia que en su tiempo siendo presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas existían 14 querellas por mala práctica.
En tanto, los representantes de la Junta Dental Examinadora y la presidenta del Colegio de Cirujanos dentistas se expresaron abiertamente a favor de la medida. “El proyecto de ley es un detente a la comercialización de la salud”, enfatizó Rivera.
Figueroa, en cambio, dijo que el proyecto es inconstitucional, porque limita el derecho al libre comercio. También enfatizó que la ley solo beneficia a los dentistas y no al pueblo.
Para Rodríguez Vélez, los dueños de clínicas se enfocan en capitalizar y ponen presión a dentistas contratados, mientras Reyes relató un caso que ella atendió en el que un paciente mayor de edad fue a una clínica y la dentadura la hizo un técnico dental y no un dentista.
“El paciente tenía una lesión oral que no pudo resolver el técnico. Finalmente lo llevaron a un dentista. Cuando se le hace la biopsia, se dan cuenta de que tiene cáncer y luego murió en dos meses”, explicó.
Sobre este tipo de casos, Figueroa reconoció que hay clínicas dentales que hacen mala práctica, pero que ya hay formas para que el paciente pueda demandar por daños. Mencionó además que hay comerciantes que ejercen la práctica bien y que de igual manera resuelve las situaciones.
El senador Soto Rivera puntualizó que la Comisión estará completando y sometiendo un análisis comprensivo de los cambios que propone esta legislación.
“Puerto Rico ha sido vanguardista con los controles que ha establecido respecto a las credenciales del personal de salud que nos atiende. Se trae a la atención de la asamblea legislativa la preocupación sobre si la tenencia de estas clínicas debe ser para dentistas licenciados. Y a analizar eso, hemos venido hoy. Como senador, me corresponde tomar decisiones, y cuando el proyecto baje a votación, tengan la certeza que será a favor de lo que mejor sirva a la salud de la gente humilde de mi país”, concluyó el legislador. INS
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