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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 14 oct (INS).- Es frustrante el panorama pintado por el Centro Legal del Desarrollo de Resiliencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) acerca del impacto real que ha tenido la asignación de fondos federales para mitigar los desastres por cataclismos de la naturaleza y destinados a la reconstrucción de la infraestructura de Puerto Rico.
El desglose acerca del pobre resultado de un limitado desembolso y poco aprovechamiento de los fondos federales fue detallado por la entidad durante su deposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, que evalúa el proyecto 1230, para establecer la Ley de Potenciamiento y Fiscalización de Fondos Federales.
Tras el anuncio con bombos y platillos que se ha hecho a la prensa y que llenó de esperanza a pueblo puertorriqueño sobre las asignaciones de más de 80 mil millones para tales propósitos –“casi el triple del presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico y más de seis veces su Fondo General”- únicamente el 19% de los fondos permanentes del programa de Asistencia Pública de FEMA han podido ser utilizados hasta finales de agosto de este año y tan solo el 13% de las obras de Hazard Mitigation de esa agencia federal han sido completadas.
Como si eso fuera poco, únicamente el 11% de los fondos de reconstrucción de CDBG-DR por el huracán de María (2017) han sido desembolsados y lo que fue asignado para la mitigación de los daños por los terremotos de 2019 no ha podido ser utilizado absolutamente nada.
En el estudio efectuado por la organización Sembrando Sentido se refleja que en la contratación de los fondos CDBG-DR al mes de junio de 2021, 28 de los 93 contratos firmados o sea el 30%, fueron con compañías foráneas, a pesar de que FEMA establece que se debe dar prioridad a negocios locales.
Tal parece que las asignaciones federales anunciadas para la reconstrucción de Puerto Rico y la atención de las emergencias tras los recientes desastres naturales de huracanes, terremotos y pandemia de Covid-19 se han convertido en pura alharaca propagandística con poco contenido verdadero. En otras palabras, mucho ruido y pocas nueces.
Los anuncios de las asignaciones federales no han estado acompañados de la materialización de las promesas mediante sus respectivos desembolsos.
Está el caso, por ejemplo, del programa para renovación de cascos urbanos, al que se asignaron mil millones, y que concluye en 2025, y únicamente se han aprobado del programa 327 proyectos, pero solamente dos han comenzado. Aquellos proyectos que no hayan sido completados para el 2025 no podrán beneficiarse de ese dinero. El gobierno estadounidense ya dijo que no habrá prórroga.
Situación similar existe con el programa para la construcción de 4,217 viviendas para personas de la tercera edad y de escasos recursos; ahora solo hay fondos para la mitad.
En el caso de la red eléctrica, hay 12 mil millones asignados para reparar la red de electrificación. Solo una fracción se ha usado. Hay tres agencias -dos federales, una estatal- halando cada una para su lado el plan de reconstrucción, según Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía.
Puerto Rico, país situado en el duodécimo lugar demográficamente más viejo del mundo y el cuarto más viejo de América, tiene 40,951 beneficiarios de Medicare, el plan médico federal para indigentes, que dependen de aparatos eléctricos para vivir, una cantidad significativamente impresionante para un país pequeño, conforme a lo informado por Rafael Irizarry, un bioestadístico de la Universidad de Harvard. Esta realidad mantiene al país a expensas de la dependencia del asistencialismo de Washington.
Existen tras el huracán Fiona comunidades completas de personas vulnerables abandonadas a su suerte en situaciones de emergencia, como la que acaba de acontecer con este desastre natural, más que por los vientos, por las copiosas lluvias.
Y son innumerables los casos reportados de personas encamadas pendiendo entre la vida y la muerte por falta de electricidad. INS
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