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La manifestación se llevó a cabo este jueves en el lado norte del Capitolio. / Inter News Service
San Juan, 13 oct (INS).- Una decena de entidades ambientales y comunitarias de distintas zonas de Puerto Rico llegaron este jueves hasta el Capitolio para exigirle a la legislatura que cancele los contratos de las compañías de industria fósil AES, New Fortress Energy y LUMA Energy.
El reclamo llega a menos de tres meses de que se termine la fecha límite para que Puerto Rico cumpla con la meta de alcanzar un 20% de generación a través de energía renovable. Actualmente, nuestro archipiélago solo cuenta con un 3% de generación con renovables.
La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) propone que para el 2050 la totalidad de la generación de energía en Puerto Rico a base de renovables debe llegar a un 100%. Sin embargo, la ley cuenta con metas a corto plazo: a 2022, un 20% de energía debe venir de la energía renovable, para el 2025, un 40% y para el 2041, un 60%.
Las compañías privadas de energía que operan actualmente en el país no cumplen con los parámetros de esa ley; todo lo contrario, van en la dirección opuesta a lo que exige dicho estatuto que busca generar energía renovable y bien distribuida para el beneficio de toda la población.
Sary Rosario, de la organización El Puente, Enlace Latino de Acción Climática, enfatizó que en “Puerto Rico se está arriesgando demasiado en perpetuar los combustibles fósiles cuando tenemos el recurso del sol, gratis todo el año. Por eso nos unimos a estos esfuerzos para tener energía renovable y distribuida”.
Apuntó que “estamos aquí hoy también por la gente que aún no tiene energía eléctrica, por los vecinos/as de las comunidades cercanas al puerto de San Juan que están en la zona de riesgo en caso de accidente con la operación de gas metano de la Compañía New Fortress. Es inconcebible cómo esta facilidad está operando sin permiso federal de FERC (Federal Energy Regulatory Commission) y pese a que han fallado en la entrega de gas metano, faltando a los acuerdos con la AEE, han continuado operando”.
Agregó que “no solo ponen en riesgo de explosión a los vecinos, al Puerto de San Juan, sino que también contaminan el ambiente, incrementando y exacerbando las enfermedades respiratorias y otras relacionadas, afectando la calidad de vida de nuestras comunidades por un combustible fósil que ni siquiera pueden entregar a tiempo”.
Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, en tanto, destacó que a más de tres semanas del huracán Fiona mucha gente en el país todavía continúa sin el servicio básico de energía eléctrica.
“Los servicios esenciales de una nación, como es el servicio eléctrico, no deben estar en manos privadas, cuyo objetivo es el lucro y no el servicio. Y peor aun cuando el contrato con LUMA es leonino y perjudicial, además de deficiente. Exigimos se cancele el contrato del gobierno y AEE con LUMA”, reclamó.
Felita Burgos, de la Red Continental Cristiana por la Paz, recordó que “urge que se haga la transición de energía renovable, por el bien de nuestro país y nuestra gente. Imaginar cinco años más de prácticas como la quema de carbón por la AES en Guayama, provocaría un gran daño”.
La propuesta de la coalición Queremos Sol propone utilizar fondos federales para la instalación de placas solares en los techos de las residencias y pequeños comerciantes, debido a que muchas personas en Puerto Rico no pueden costear los precios de estos sistemas.
El miércoles, el congresista Raúl Grijalva y más de 30 legisladores federales solicitaron que se asignen cinco mil millones de fondos federales para la instalación de placas solares en los techos de residencias y para sistemas de baterías para almacenar energía.
Las organizaciones y grupos convocantes fueron Queremos Sol, Sierra Club Puerto Rico, Red Continental Cristiana por la Paz, Utier, Solar United Neighbors, Acase, Hermanas Dominicas de la Santa Cruz Providencia de Puerto Rico y Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo. INS
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