Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves, 13 de octubre de 2022
P. Rico-Reclaman acción del gobierno ante aumentos de la Junta en la tarifa de la AEE
San Juan, 13 oct (INS).- El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, repudió el cargo de $23.00 mensuales por 50 años y el cargo de $26.00 mensuales propuestos por los bonistas en la tarifa de energía eléctrica.
“Esto es un abuso sin precedentes contra la clase trabajadora, los jubilados y todos los puertorriqueños que vivimos en la pobreza”, expresó el dirigente sindical.
Nieves Torres afirmó que “no podemos tolerar que continúen metiéndonos la mano en el bolsillo por las malas decisiones de administradores gubernamentales y el ansia de más riqueza de los que representan el capitalismo salvaje”.
“Cuando sumamos todos los aumentos en tarifas de agua, luz y peajes, impuestos por los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal, y la inflación que continúa aumentando el costo de vida en la canasta de alimentos, gasolina, diésel, gas, servicios de salud, entre otros, el resultado es mayor pobreza y mayor crisis social”, agregó.
El presidente de la CPT destacó que con todos estos aumentos los trabajadores ya han sufrido una reducción en su salario de 20 a 40 por ciento, por lo tanto, se imponen limitaciones en la alimentación, salud, artículos de primera necesidad, recreación y otras actividades humanas.
Nieves Torres argumentó que “el Gobierno y la Legislatura tienen que enfrentar a la junta de control fiscal, (pues) no pueden continuar siendo sumisos y cómplices de estos abusos”.
“Esto requiere con urgencia acciones concretas para defender al pueblo de Puerto Rico”, insistió el dirigente sindical. INS
P. Rico-Presentan cargos contra empleado del municipio de San Juan por cobrar más de 70 mil dólares del PUA
San Juan, 13 oct (INS).- La división de delitos económicos del Departamento de Justicia presentó ayer nueve cargos contra Pablo J. Borrero Andino, de 36 años y empleado del municipio de San Juan, quien se benefició ilegalmente de más de 70 mil dólares de fondos federales provenientes del programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, siglas en inglés).
Según la investigación, el funcionario cometió fraude, apropiación ilegal de fondos públicos agravada, falsedad ideológica, apropiación ilegal de identidad, y posesión y traspaso de documentos falsificados.
La jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza global de 45 mil dólares, a razón de cinco mil por cada cargo, luego de que la defensa se allanara a la determinación del tribunal.
La vista preliminar fue señalada para el 25 de octubre.
La fiscal Roxanne Rivera Carrión estuvo a cargo de la radicación de cargos. El agente investigador fue Elving J. Castillo Hernández, determinó que, entre junio y julio de 2020, Borrero Andino, quien se desempeñaba como auxiliar de sistemas de oficina 1 del municipio de San Juan, presentó 11 solicitudes bajo su nombre al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para obtener los beneficios económicos del PUA.
En todas las solicitudes incluyó ilegalmente los números de seguro social de dos ciudadanos y otros que no le pertenecían. Estas dos personas testificaron que no autorizaron al sospechoso a utilizar su Seguro Social, por lo que fueron víctimas de apropiación ilegal de identidad.
Además, el municipio de San Juan certificó que el sospechoso se ha mantenido trabajando en el municipio desde el 2 de julio de 2007 hasta el presente. Por tal razón, no tuvo pérdida de empleo ni de ingresos durante el período de la pandemia.
Como consecuencia de la presentación de las solicitudes con información falsa, el acusado recibió 11 cheques del Departamento del Trabajo, que fueron enviados a la dirección residencial del acusado, y posteriormente depositados y cambiados en efectivo en distintas sucursales bancarias.
Las condenas a las que se expone el acusado incluyen dos cargos por apropiación ilegal de fondos públicos agravada, con una pena fija de 15 años cada uno; un cargo de fraude por el artículo 202, con una pena fija de ocho años; dos cargos por el posesión y traspaso de documentos falsificados, cuya pena fija es de tres años; dos cargos por falsedad ideológica con pena fija de tres años; y dos cargos por apropiación ilegal de identidad, con pena fija de ocho años. INS
P. Rico-Comisionado de la Policía ordena búsqueda y detención de policía sospechoso de arrollar a una mujer en Las Piedras
San Juan, 13 oct (INS).- El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, ordenó la búsqueda y detención de un policía que se presume atropelló a una legisladora municipal de Humacao en un accidente reportado en Las Piedras.
La mujer identificada como Norma Casanova Delgado, de 58 años, se debate entre la vida y la muerte luego de ser arrollada a las 10:00 de anoche por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en hechos registrados en el ramal 9917, frente a una pizzería ubicada a la entrada de la urbanización April Gardens, en Las Piedras.
La mujer cruzaba la vía cuando fue impactada por una guagua de la que se desconoce descripción, y fue atendida en el lugar por paramédicos de Emergencias Médicas municipales, quienes la llevaron al hospital Ryder, en Humacao, donde el médico de turno señaló que su condición es crítica.
“Como parte de la investigación, el comisionado impartió instrucciones para que se hagan todas las gestiones necesarias para que el policía vinculado al accidente comparezca de inmediato ante las autoridades”, aseguró el portavoz de la Policía, coronel Pedro Sánchez.
Tras el accidente, la división Homicidios de Humacao inició la investigación, tras lo cual se vinculó al agente con los hechos reseñados. INS
P. Rico-Gobernador convierte en ley proyecto para revisar cada tres años partidas presupuestarias de programa de internados y residencias de la Escuela de Medicina
San Juan, 13 oct (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó un paquete de 11 medidas incluyendo el Proyecto del Senado 579, por el que autoriza que la partida de fondos asignados para el programa de internados y residencias de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sea revisada cada tres años y que se incluya a la Escuela de Medicina Dental.
Las revisiones estarán a cargo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la UPR.
Anualmente se asignan fondos por una cantidad no menor de 20,900,000 dólares para sufragar los gastos de salarios y beneficios marginales que reciben los médicos residentes e internos. En los pasados cuatro años este número se ha mantenido igual, pero para realizar los ajustes necesarios para asegurar y garantizar una compensación adecuada y justa, la UPR considerará las compensaciones y beneficios recibidos por médicos residentes e internos en otras jurisdicciones.
Aparte, con la firma al Proyecto del Senado 437, se enmienda el Código Penal para que toda persona convicta pueda ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) al cumplir el 75 por ciento del término de reclusión impuesto.
Este cómputo nunca excederá de 15 años cuando se trate de un adulto o de cinco años cuando se trate de un menor sentenciado y procesado como adulto en ciertos tipos de delitos.
En lo que respecta a delitos graves, y cuya sentencia sea de 50 años, se disminuye de 20 a 15 años de la sentencia para poder ser considerados a la JLBP y, en caso de un menor procesado y sentenciado como adulto, se disminuye de 10 a cinco de la sentencia para poder aplicar a este privilegio, entre otros cambios.
También el gobernador avaló el Proyecto del Senado 216, para que la Oficina del Contralor pueda participar de los procesos de transición gubernamental.
Otra medida firmada por el gobernador es el Proyecto del Senado 535, para que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) reglamente la venta de hidroclorofluorocarburos, hidrofluorocarburos e hidrofluorolefinas y cualquier otra sustancia que se utilice como refrigerante. También, que los técnicos de refrigeración de aire acondicionado, a quienes se vendan estos productos, estén licenciados y colegiados.
En tanto, con la firma a la Resolución Conjunta del Senado 79 se ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizar un estudio de viabilidad sobre la construcción de tanques de reservas de agua potable y sus respectivos sistemas de bombeo para elevar y extraer agua desde puntos bajos a elevados, en varios municipios del norte de la isla.
Pierluisi también dio paso al Proyecto del Senado 677, que declara marzo de cada año como el “Mes de la Concienciación sobre el Trastorno de Procesamiento Sensorial (TPS) y a la Resolución Conjunta de la Cámara 311, que designa con el nombre del agente Luis Antonio De Pablo Vázquez, el edificio de la comandancia del Negociado de la Policía en Utuado.
Finalmente, el primer ejecutivo informó las razones por las que no firmó el Proyecto del Senado 728, así como el Proyecto de la Cámara 435. Sobre este último, había solicitado a la legislatura la devolución para la cual la Cámara de Representantes accedió, pero el Senado, no.
El gobernador explicó que conforme está redactado, el Proyecto de la Cámara 435 propone distintas enmiendas al mismo apartado del artículo 4 de la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, en incisos separados.
En ambas secciones se titula el artículo 4 de manera distinta. Asimismo, tal cual está redactado el proyecto de ley crea, a su juicio, un serio problema de interpretación, pues da la impresión de que la sección 1 se deja sin efecto con la enmienda propuesta en la sección 2.
En torno al Proyecto del Senado 728, el gobernador explicó a los presidentes legislativos, mediante carta, que la intención de la medida es loable, pero que tal y como está redactada podría provocar mayores problemas que los que pretende resolver.
“Se convertiría en una merma de ingresos para la AEE, puesto que ordenaría que los recursos que se estén recobrando pasen al Departamento de Hacienda para nutrir el fondo de estabilización. Precisamente por la actual crisis fiscal y quiebra de dicha corporación pública, todo pago por servicio de electricidad, aunque sea por balances vencidos, debe ser adjudicado a la AEE para cubrir sus gastos operacionales, mantenimiento de flujo de efectivo saludable, y el pago de combustible para la generación de energía”, argumentó.
Añadió que “si la AEE ve reducidas sus finanzas, podría tener un efecto en las facturas a sus abonados mediante los ajustes trimestrales por compra de combustible. Asimismo, todas sus deudas pasadas, particularmente aquellas previas a la radicación de la quiebra están sujetas a los procesos que se llevan a cabo en el Tribunal Federal bajo el título III de la Ley Promesa”.
También sostuvo que las entidades gubernamentales morosas tienen presupuestados los fondos para el pago de la energía que corresponda al año fiscal corriente y planes de pagos establecidos. Además, parte de las deudas reportadas por la AEE de entidades gubernamentales están en disputa ante la corporación, por lo tanto, no son deudas líquidas y exigibles, como plantea la medida. INS
P. Rico-Rivera Segarra denuncia “caos burocrático” del gobierno central con programa de ayuda a agricultores por el huracán María
San Juan, 13 oct (INS).- El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, Jorge Rivera Segarra, denunció ayer un “caos burocrático del gobierno”, en el programa ReGrow, iniciativa federal que consiste en la asignación de 92.5 millones en fondos destinados a ayudar a pequeños agricultores afectados por el huracán María, cuyos ingresos sean menores de 350 mil dólares anuales.
En la sexta vista pública al respecto, el legislador señaló que “al día de hoy solamente se han atendido 288 casos con 19 millones desembolsados. Esta es la misma situación que hemos visto anteriormente, donde la burocracia acaba con las iniciativas de este tipo. Esto se agrava porque encima de los daños causados por el huracán María, están los causados por Fiona”.
Recordó que “la Resolución de la Cámara 347 nos permitió realizar esta investigación de cómo se han asignado los fondos. Originalmente ReGrow estaba asignado al Departamento de la Vivienda (DV), que lo asignó al Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, y en agosto del año pasado, el gobierno central transfirió el proyecto al Departamento de Agricultura (DA). Los reclamos de los agricultores es que la pesada e inmensa burocracia ha limitado tremendamente la asignación de los fondos”.
En la vista de hoy depusieron Mayra Texidor López, por parte del Departamento de la Vivienda, y Jorge Campos, por el Departamento de Agricultura. Al momento, 160 casos radicados por agricultores han sido denegados, según las guías establecidas por del DA. “Muchos son casos que no cumplen con el costo-beneficio, ingresos que no son cónsonos con el proyecto, o casos de quiebra”, expresó Campos.
La legisladora Lizzie Burgos presentó en la vista documentación de un caso que fue rechazado en cuatro ocasiones, y ahora su operación se detuvo por las inundaciones ocasionadas por el huracán Fiona.
“En ese caso, el programa ReGrow aplica por daños por el huracán María solamente”, señaló Texidor López. Al momento el Departamento de Agricultura otorga subvenciones de hasta cinco mil dólares por daños causados por el huracán Fiona, informó Campos.
La representante Mariana Nogales participó del encuentro, e intervino para cuestionar cómo el DA y el DV otorgaron subvenciones a iniciativas tipo “start-up”, cuando no habían sido creadas para el paso del huracán María.
“Se supone que ReGrow es para negocios agrícolas ya establecidos y que sufrieron daños”, señaló. Cuestionó además a los deponentes cuántos “start-ups” han sido beneficiados y los deponentes no tenían la información a la mano. Sobre dicho tema, entre otros, la Comisión de Agricultura les otorgó tres días a los deponentes para someter la información.
El 25 de octubre del año pasado, la Asociación de Agricultores de Puerto Rico (AAPR) por voz de su presidente, Héctor Cordero Toledo, hizo un llamado al Departamento de la Vivienda para que tomara acción sobre el proceso de desembolso de los fondos CDBG-DR asignados. El Programa ReGrow comenzó en diciembre de 2020 y cerró en abril de 2022.
“En aquel momento, el programa tenía asignados 92.5 millones, para los cuales se habían dirigido 20 millones para administración, y 72.5 para los agricultores. Esa es la información que tenemos al momento. Nuevamente, estamos viendo cómo la maraña burocrática atrasa los procesos y afecta la recuperación de la agricultura puertorriqueña”, finalizó Rivera Segarra. INS
ndc