Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves, 6 de octubre de 2022
P. Rico-Fiona/Extienden hasta el 13 de octubre exención del pago de IVU en alimentos preparados
San Juan, 6 oct (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi, junto al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, anunció ayer la extensión hasta el 13 de octubre del período libre de pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados.
“Como parte de las medidas adicionales que estamos tomando tras el paso del huracán Fiona y con la finalidad de aliviar la emergencia que aún enfrentan muchas familias, estamos extendiendo el período de exención del pago del IVU en alimentos preparados hasta el jueves 13 de octubre”, dijo el gobernador.
El primer ejecutivo destacó que durante el período adicional se continúan estabilizando los servicios esenciales y atendiendo los daños que dejó a su paso el fenómeno atmosférico. “Estamos trabajando para retornar a la normalidad lo más pronto posible”, agregó.
El primer período de exención del IVU en alimentos preparados comenzó el jueves 22 de septiembre y debió terminar el próximo jueves 6 de octubre. La Determinación Administrativa 22-09 del Departamento de Hacienda, extiende la vigencia hasta las 11:59 PM del jueves 13 de octubre.
El secretario Parés Alicea recordó a los ciudadanos y comerciantes que la exención no incluye la venta de bebidas alcohólicas. “Esta exención de pago del IVU es únicamente para alimentos preparados que sean vendidos habitualmente con utensilios, para comerse por su sabor o valor nutricional. Incluye además bebidas carbonatadas, productos de repostería y dulces, según definidos en la sección 4010.01 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, dijo. INS
P. Rico-Fiona/Asociación de Industriales exige que LUMA deje de pedir un acuerdo laboral mandatorio a empresas locales para terminar cuanto antes con la energización de la isla
San Juan, 6 oct (INS).- La Asociación de Industriales de Puerto Rico hizo un llamado urgente a LUMA para que deje de exigir a las empresas locales un acuerdo laboral mandatorio para poder sumarse a los esfuerzos de energización del sistema eléctrico de la isla.
Según la Asociación, “no se puede permitir que LUMA imponga su propia unión laboral patronal como condición de contratación a empresas locales puertorriqueñas para ejecutar servicios eléctricos pagados con fondos federales asignados a Puerto Rico”.
Según Yandia Pérez, vicepresidenta ejecutiva de los Industriales, “nuestras empresas locales, incluyendo contratistas y suplidores eléctricos, han estado listas para unirse de inmediato a las labores urgentes de energización. Sin embargo, la imposición de LUMA para que los contratistas y suplidores firmen un acuerdo laboral mandatorio conocido en inglés como Project Labor Agreement (PLA) para poder realizar estos proyectos, constituye un impedimento inaceptable y un requisito unilateral hacia las empresas locales”.
Agregó que “esto obliga a las empresas a imponerles a sus empleados que se afilien a una unión internacional para que dichas empresas puedan ser contratados por LUMA. Este requisito improcedente obstaculiza la respuesta humanitaria de nuestros asociados y de todas las empresas locales que desean contribuir con su experiencia, capacidad y conocimiento, por lo que los contratistas deberían estar exentos del PLA. Por eso, LUMA ha traído a personas de Estados Unidos y no ha utilizado a estas empresas locales”.
Al oponerse las empresas al requisito del PLA, que denominan “un abuso de confianza contra los consumidores, la industria y el país”, se ha provocado que se aleje la oportunidad de reconstruir el sistema energético de Puerto Rico con prontitud, quebrantando el desarrollo económico y ambiental de la isla, en estos momentos tan importantes para todas las familias puertorriqueñas.
“Es imperativo que estos contratistas estén exentos del PLA, que perjudica y limita de forma irrazonable la participación libre de contratistas y suplidores locales en las labores de reconstrucción del sistema eléctrico. El gobernador y las demás agencias locales y federales a cargo de la respuesta de emergencia, en un gesto de solidaridad con nuestras empresas y organizaciones locales, deben respaldar esta petición, para que contemos con mayores recursos en estas labores de restauración”, reclamó Pérez.
Pérez dijo que les corresponde a las autoridades del gobierno implementar las leyes y políticas públicas laborales en vigor, tanto locales como federales.
“No es aceptable que una empresa, cuya función proviene de un contrato con unas agencias públicas como la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas, en propiedades y facilidades del pueblo bajo custodia de dichas agencias, imponga condiciones laborales patronales pertinentes a esa empresa particular y como resultado alteren a su conveniencia el libre mercado laboral”, concluyó la dirigente. INS
P. Rico-Fiona/Alcalde de Cayey organiza “Marcha de los Bolsillos” para paralizar oficinas regionales de LUMA
Cayey, 6 oct (INS).- Ante lo que considera “el evidente fracaso de LUMA Energy en cumplir con su obligación corporativa de devolverle el servicio de energía eléctrica a todas familias puertorriqueñas”, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, hizo un llamado a unirse a la “Marcha de los Bolsillos”, y “acudan a todas las oficinas regionales de LUMA Energy este próximo viernes 7 de octubre, desde las 7:00 de la mañana, a manifestar su indignación”.
“De esas oficinas no nos vamos a mover hasta que la gerencia del consorcio acuerde con los alcaldes un plan justo, sin discrimen y uniforme para la recuperación de Puerto Rico. Es un acto criminal lo que LUMA Energy está haciendo con las comunidades de Puerto Rico. La manifestación de indignación es por todas las comunidades con bolsillos sin luz, y por los bolsillos rotos de la gente humilde y necesitada que sigue gastando dinero en combustible para las plantas, baterías para linternas y hielo para mantener medicamentos con la temperatura adecuada”, señaló.
Para Ortiz Velázquez, “mientras LUMA ahorra dinero manteniendo una nómina baja, continúan hartándose de millones y millones y millones con aumentos de tarifa y mintiéndole descaradamente al país con los supuestos porcentajes de energización. Esas cifras superiores a los 90% no las cree nadie”. INS
P. Rico-Procesan a siete personas acusadas de fraude al Seguro Social y a Medicare por más de un millón de dólares
San Juan, 6 oct (INS).- Un gran jurado federal en el distrito de Puerto Rico emitió acusaciones separadas contra siete individuos acusados de fraude al Seguro Social y a Medicare, por un monto total de más de un millón de dólares.
La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de Puerto Rico investigan los casos.
“Los siete acusados robaron miles de dólares en beneficios del Seguro Social que no les pertenecían. Robaron al gobierno, a las víctimas e incluso a personas que habían fallecido. Seguimos firmes en nuestro compromiso de llevar ante la justicia a individuos sin escrúpulos que buscan ilegalmente un beneficio económico personal”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico.
La pérdida para el Seguro Social es de 800,311.05 dólares; para Medicare, de 220,975.17, para un total de 1,021,286.22 dólares.
Los acusados son:
Sonia I. Vargas Rodríguez, dueña y representante de Hogar Sendero de Amor, Inc. (HSA), centro de cuidado de ancianos ubicado en Mayagüez, quien tenía a S.R. y R.F. bajo su cuidado. Ambos fallecieron en 2013 y 2014, respectivamente, y la acusada no informó de sus muertes y siguió cobrando sus cheques del Seguro Social. Además, el Departamento de Familia de Puerto Rico cerró HSA en junio de 2014 debido a las reclamaciones de negligencia y abuso. La acusada recibió 114,590.40 dólares ilegalmente.
Yahaita Cruz Cintrón: robo de propiedad gubernamental. La acusada recibió ilegalmente 196,772.75 dólares del Seguro Social, tras proporcionar declaraciones falsas en un Informe de Actividad Laboral: dijo que trabajó en Estados Unidos continentales durante ocho años cuando la realidad es que no lo hizo. Además de fraude en la atención médica, pues recibió ilegalmente 164,694.03 en pagos de Medicare.
Norberto Berríos Rodríguez: robo de propiedad del gobierno. El acusado recibió ilegalmente 129,346.30 dólares del Seguro Social. El acusado proporcionó declaraciones falsas en un informe de actividad laboral: declaró que empezó a trabajar en agosto de 2021 pero, en realidad, había estado trabajando desde antes de esa fecha. El acusado no reveló que estaba trabajando y continuó recibiendo los beneficios del Seguro Social. También recibió ilegalmente 33,608 dólares en pagos de Medicare.
Pedro Medina Medina: el acusado recibió ilegalmente 159,254.40 dólares del Seguro Social, tras proporcionar declaraciones falsas en un informe de actividad laboral. Declaró que solo trabajó a tiempo parcial durante los años 2015 a 2017, a sabiendas de que trabajaba a tiempo completo desde 2009. También recibió ilegalmente 22,673.14 dólares en pagos de Medicare.
Luis A. Soto Torres: el acusado, a sabiendas y voluntariamente, malversó, robó, sustrajo y convirtió para su propio uso 122,483.90 dólares del Seguro Social, cuyos pagos se hicieron pagaderos a M.S.C. y el acusado sabía que no tenía derecho a recibir.
Marialices Cora Martínez: la acusada, a sabiendas y voluntariamente, malversó, robó, sustrajo y convirtió para su propio uso 59,079.30 dólares del Seguro Social, cuyos pagos se hicieron pagaderos a L.L.M. y la acusada sabía que no tenía derecho a recibir.
Janice Rodríguez Méndez: la acusada, a sabiendas y voluntariamente, malversó, robó, sustrajo y convirtió para su propio uso 18,784 dólares del Seguro Social, cuyos pagos se hicieron pagaderos a A.R.L. y la acusada sabía que no tenía derecho a recibirlos.
Si son condenados, los acusados se enfrentan a penas máximas 10 años de prisión por robo de propiedad del gobierno y fraude a la asistencia sanitaria; cinco años de prisión por declaraciones falsas y ocultamiento u omisión de revelar el hecho al Seguro Social; y 20 años de prisión por fraude electrónico. INS
P. Rico-OIG emite orden al Departamento de Educación por contrato que involucra a exconvicto por corrupción
San Juan, 6 oct (INS).- La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), emitió una orden para mostrar causa al Departamento de Educación (DE) luego de que realizara una investigación que validara la otorgación de un contrato, a una corporación sin fines de lucro que tiene como socio incorporador a un exconvicto de malversación de fondos a nivel federal.
En atención a una información presentada ante la OIG, se inició un proceso investigativo, dentro del cual la OIG emitió una solicitud para producir documentos y requerimientos de información al DE, de conformidad con las facultades conferidas en la Ley 15-2017. La investigación cubrió el período del 30 de noviembre de 2020 al 8 de septiembre de 2022.
Durante el análisis de los documentos solicitados y la información recopilada, personal de la OIG identificó que el DE pudo haber incurrido en irregularidades en la contratación con la referida organización sin fines de lucro, en contravención con las disposiciones de la Ley 2-2018, según enmendada, y conocida como Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
La OIG identificó que, en el año 2010, uno de los socios incorporadores de la referida corporación sin fines de lucro fue sentenciado a un año y un día de prisión, y a tres años de libertad condicionada o probatoria, por malversación de fondos en una organización con sede en los Estados Unidos. Se estableció que el socio incorporador al que se hace referencia en la investigación se declaró culpable de malversar alrededor de 115 mil dólares.
En el año 2020, la corporación sin fines de lucro fue incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, figurando el exconvicto como uno de sus incorporadores y, en agosto de 2022, el DE pactó contrato con esa corporación.
El área de Querellas e Investigaciones de la OIG validó además que, en el sistema de consulta de donantes del Contralor Electoral de Puerto Rico, una persona con el nombre del socio incorporador figura como donante político para el período comprendido entre noviembre de 2019 y febrero de 2022.
Como resultado del informe se ordenó al DE que muestre causa sobre la otorgación de un contrato aún con el impedimento e inhabilidad permanente de la corporación sin fines de lucro a la que se le otorgó en contrato y del socio incorporador exconvicto de contratar con el gobierno de Puerto Rico, como consecuencia de la sentencia de convicción por declaración de culpabilidad por el delito de malversación de fondos en la jurisdicción federal.
Además, que muestre causa de las razones por las cuales la OIG no deba proceder con emitir resolución y orden declarando nulo el contrato 2023-0000xxx, como parte de un procedimiento administrativo, por infracciones al artículo 3.4 de la Ley 2-2018 y otras normativas aplicables.
Al 14 de septiembre de 2022, fecha en que se realizó la indagación, en el portal habilitado por el Departamento de Justicia para el registro de personas convictas por corrupción no se identifica a ningún ofensor registrado con el nombre del socio incorporador.
Un resumen ejecutivo fue publicado en la página electrónica de la OIG y está disponible a través de www.oig.pr.gov . INS
ndc