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San Juan, 5 oct (INS).- La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), emitió una orden para mostrar causa al Departamento de Educación (DE) luego de que realizara una investigación que validara la otorgación de un contrato, a una corporación sin fines de lucro que tiene como socio incorporador a un exconvicto de malversación de fondos a nivel federal.
En atención a una información presentada ante la OIG, se inició un proceso investigativo, dentro del cual la OIG emitió una solicitud para producir documentos y requerimientos de información al DE, de conformidad con las facultades conferidas en la Ley 15-2017. La investigación cubrió el período del 30 de noviembre de 2020 al 8 de septiembre de 2022.
Durante el análisis de los documentos solicitados y la información recopilada, personal de la OIG identificó que el DE pudo haber incurrido en irregularidades en la contratación con la referida organización sin fines de lucro, en contravención con las disposiciones de la Ley 2-2018, según enmendada, y conocida como Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.
La OIG identificó que, en el año 2010, uno de los socios incorporadores de la referida corporación sin fines de lucro fue sentenciado a un año y un día de prisión, y a tres años de libertad condicionada o probatoria, por malversación de fondos en una organización con sede en los Estados Unidos. Se estableció que el socio incorporador al que se hace referencia en la investigación se declaró culpable de malversar alrededor de 115 mil dólares.
En el año 2020, la corporación sin fines de lucro fue incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, figurando el exconvicto como uno de sus incorporadores y, en agosto de 2022, el DE pactó contrato con esa corporación.
El área de Querellas e Investigaciones de la OIG validó además que, en el sistema de consulta de donantes del Contralor Electoral de Puerto Rico, una persona con el nombre del socio incorporador figura como donante político para el período comprendido entre noviembre de 2019 y febrero de 2022.
Como resultado del informe se ordenó al DE que muestre causa sobre la otorgación de un contrato aún con el impedimento e inhabilidad permanente de la corporación sin fines de lucro a la que se le otorgó en contrato y del socio incorporador exconvicto de contratar con el gobierno de Puerto Rico, como consecuencia de la sentencia de convicción por declaración de culpabilidad por el delito de malversación de fondos en la jurisdicción federal.
Además, que muestre causa de las razones por las cuales la OIG no deba proceder con emitir resolución y orden declarando nulo el contrato 2023-0000xxx, como parte de un procedimiento administrativo, por infracciones al artículo 3.4 de la Ley 2-2018 y otras normativas aplicables.
Al 14 de septiembre de 2022, fecha en que se realizó la indagación, en el portal habilitado por el Departamento de Justicia para el registro de personas convictas por corrupción no se identifica a ningún ofensor registrado con el nombre del socio incorporador.
Un resumen ejecutivo fue publicado en la página electrónica de la OIG y está disponible a través de www.oig.pr.gov . INS
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