P. Rico-Fiscal adjunto Seth Erbe fue designado Coordinador de Justicia Ambiental para la isla

San Juan, 30 sep (INS).- El fiscal adjunto de Estados Unidos, Seth A. Erbe, fue designado como Coordinador de Justicia Ambiental (EJC) para el distrito de Puerto Rico.

La justicia ambiental es un principio que combina los derechos civiles con la protección del medio ambiente, examinando si todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos están recibiendo un trato justo y una participación significativa con respecto al desarrollo, la implementación y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales.

El 5 de mayo pasado, se anunciaron acciones para mejorar y avanzar en el trabajo de justicia ambiental del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Los esfuerzos incluyen la emisión de una Estrategia Integral de Aplicación de la Justicia Medioambiental, la creación de una Oficina de Justicia Medioambiental (OEJ) dentro de la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD).

También la emisión tanto de una norma final provisional que deroga las regulaciones del Departamento como de una política que permite a los componentes del Departamento celebrar acuerdos de conciliación que incluyen pagos en circunstancias limitadas a personas o entidades no gubernamentales que no son partes en el litigio subyacente.

Para promover la estrategia, la OEJ convocará un comité directivo de aplicación de la Justicia Medioambiental del DOJ y cada Fiscalía de los Estados Unidos debía designar a un coordinador de justicia medioambiental.

Erbe coordinará los esfuerzos para hacer cumplir las leyes ambientales civiles y penales, incluyendo la Ley de Aire Limpio, la Ley de Agua Limpia y las leyes de residuos peligrosos.

La decisión intencionada de violar estas leyes puede constituir un delito federal. Por ejemplo, verter intencionalmente contaminantes en un río sin permiso, o saltarse un dispositivo de control de la contaminación exigido, es un acto delictivo que conlleva la posibilidad de encarcelamiento y multas monetarias.

También se emprenderán esfuerzos para remediar las violaciones del medio ambiente y los contaminantes mediante acciones en virtud de las leyes de derechos civiles, la seguridad de los trabajadores y los estatutos de protección de los consumidores, y la Ley de Reclamaciones Falsas, en su caso.

Por ejemplo, un contratista federal que infrinja una disposición contractual que exija la eliminación adecuada de residuos peligrosos puede ser objeto de responsabilidad en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas.

Otros ejemplos de mala conducta medioambiental civil o penal son emisiones atmosféricas de contaminantes tóxicos resultantes de un control inadecuado o inexistente de la contaminación; vertidos de petróleo u otros incidentes medioambientales que comprometen el terreno o las prácticas de comunidades desfavorecidas; vertidos no permitidos de un contaminante en aguas de los Estados Unidos; vertidos ilegales en aguas o sistemas de alcantarillado que amenazan la seguridad pública y causan daños a nuestra infraestructura hídrica.

También, manipulación, transporte y eliminación ilegales de residuos peligrosos y pesticidas; retiros ilegales de amianto, que exponen y crean riesgos para la salud de los trabajadores y del público; declaraciones falsas a la EPA o a otras agencias reguladoras que amenazan la integridad de los programas de protección medioambiental. INS

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